Señor Director:
Las recientes imágenes de alumnos del Instituto Nacional fabricando bombas molotov frente a sus propios compañeros y lanzándolas ardiendo hacia la vía pública y a los Carabineros, no son un hecho aislado. Son el reflejo de un fracaso colectivo mayúsculo. Cuando la violencia deja de escandalizar y comienza a normalizarse en los espacios llamados a formar ciudadanos, ya no solo está en crisis la educación: está en riesgo el futuro mismo de nuestra democracia.
No se trata únicamente de actos delictivos cometidos por un grupo de estudiantes y sus mentores. Lo verdaderamente inquietante es que estas escenas ocurran dentro de un establecimiento educacional, -nada menos que en “el primer foco de luz de la nación”- ante la mirada de cientos de alumnos, de profesores y funcionarios, como si fueran parte de una realidad cada vez más habitual.
La normalización de la violencia erosiona la convivencia, debilita la autoridad legítima y transmite a las nuevas generaciones la peligrosa idea de que la fuerza bruta puede reemplazar al diálogo.
La respuesta no puede limitarse a la indignación momentánea ni a la búsqueda de culpables únicos. Este fenómeno interpela a las familias, a las comunidades educativas, a las autoridades y a la sociedad en su conjunto. Recuperar la seguridad, el respeto por las normas y el valor de la educación como espacio de formación cívica exige decisión, coherencia y responsabilidad compartida.
Porque cuando una sociedad deja de proteger sus escuelas como lugares de aprendizaje y convivencia, comienza también a comprometer los cimientos de su vida democrática.
Es hora que se sepa quién está detrás de la demolición de 213 años de historia republicana del Instituto Nacional.
Carlos Bombal Otaegui
Todos sabemos claramente quien está detrás de ésto, el PC. Lo que se trata es de pedir al gobierno que por un método u otro, ponga término a está inaceptable situación.
Es contradictorio que un grupo de alumnos y terceras personas sobre ideologizadas impongan violencia y destrozos en un establecimiento del Estado cuyo rol es formar a niños y adolescentes, desarrollando sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores para la vida. Es responsabilidad del Estado poner término definitivo a este grave conflicto, que vulnera los derechos básicos de la mayoría de los estudiantes.