Hace algunos días recibí y leí con especial atención la columna del historiador Alejandro San Francisco, titulada “El Presidente Kast en Icare”, publicada en El Líbero. Más que una crónica política o un comentario de coyuntura, se trata de una reflexión poco habitual en el debate público reciente: una mirada sobre el carácter, el estilo y la dimensión ética del ejercicio del poder, a partir del discurso del Presidente electo José Antonio Kast ante el mundo empresarial.
San Francisco pone el acento en aspectos que suelen quedar fuera del análisis político tradicional. No se detiene en promesas ni consignas, sino en rasgos personales que configuran una forma de gobernar: el trabajo desde niño, la referencia a su padre ayudando a los trabajadores a pagar la primera cuota de su vivienda, la sinceridad al asumirse como político y abogado, y la reiteración —sin esconderla— de sus convicciones católicas. No como propaganda, sino como marco moral explícito.
Esa lectura permite algo poco frecuente: analizar la política desde la ética, más que desde la ideología. Y dentro de ese marco, hay un gesto mencionado casi de pasada en la columna, pero cargado de significado republicano: la decisión del Presidente electo de vivir en el Palacio de La Moneda.
A primera vista podría parecer un detalle logístico. Sin embargo, implica asumir que la función presidencial no se interrumpe: no hay traslados que marquen el fin de la jornada, ni burbujas privadas que separen la vida cotidiana del ejercicio del poder. Vivir donde se gobierna es una forma concreta de entender el poder como responsabilidad permanente, no como cargo de horario acotado.
Existe además una dimensión práctica y verificable: se evita el gasto fiscal de arrendar una residencia presidencial externa, con los costos asociados de seguridad, logística y personal. No se trata de austeridad declamada, sino ejercida.
Pero el gesto va más allá. Al habitar La Moneda, se recupera una antigua tradición republicana, abandonada desde los tiempos de José Manuel Balmaceda, cuando el Presidente vivía efectivamente en el corazón del Estado. No es nostalgia, sino la reinstalación de una idea esencial: el Presidente habita el Estado y se subordina a él; no se sirve de él.
Ese mismo gesto fija también un límite moral claro. No habrá una casa presidencial para la vida social, el compadrazgo o las celebraciones privadas financiadas —directa o indirectamente— con recursos públicos. La Moneda no es un espacio para el ocio ni la informalidad; es un símbolo de la República. Y los símbolos que se banalizan terminan perdiendo autoridad.
Incluso los rituales y honores propios de la Presidencia deberán, previsiblemente, ajustarse a una lógica más sobria e institucional, no para desaparecer, sino para despojarse de la teatralidad innecesaria. La autoridad no se debilita con sobriedad; se fortalece cuando prescinde del espectáculo.
Todo lo anterior plantea un desafío que no es solo para el nuevo gobierno, sino también para sus adversarios políticos y la oposición en su conjunto. Las derrotas electorales —especialmente cuando son claras— no se explican únicamente por factores externos; suelen reflejar también un juicio ciudadano sobre formas de hacer política.
En ese sentido, algunas declaraciones recientes desde la propia oposición, como las formuladas por Jeannette Jara, apuntan a la necesidad de revisar prácticas, lenguajes y prioridades. No como gesto retórico, sino como un ejercicio de responsabilidad política frente a una ciudadanía que ha manifestado cansancio ante la confrontación permanente, el tono ordinario y la ausencia de autocrítica.
La pregunta de fondo no es quién ganó o perdió, sino qué tipo de oposición se construirá a partir de ahora. Una oposición democrática cumple un rol indispensable cuando fiscaliza, propone y discrepa con argumentos, pensando en el bien común. Cuando, en cambio, queda atrapada en el exabrupto, la amenaza o la movilización de los extremos, termina debilitando no solo al gobierno de turno, sino a la democracia misma.
Desde esta perspectiva, el desafío ético es compartido. Gobernar con sobriedad y límites es una exigencia alta; oponerse con responsabilidad y altura moral también lo es. Ambos roles requieren comprender que la política no existe para la supervivencia de los partidos, sino para servir al país.
Ese parece ser, finalmente, el estándar que la ciudadanía está demandando hoy a toda la dirigencia, sin distinción de sectores.
Christian Slater Escanilla
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Excelente!
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