Señor Director:
Independientemente de la gravedad de sus condenas, los antiguos militares hoy encarcelados por violaciones a los derechos humanos ya han sido juzgados y cumplen penas que los acompañarán hasta su muerte, tras ser sometidos a juicios tramitados bajo un sistema penal arcaico y discriminador, ajeno a los estándares actuales de debido proceso.
Lo verdaderamente inquietante no es ya la condena, sino la indiferencia. En particular, la de los mandos institucionales -y muy especialmente del Ejército- frente a las condiciones infrahumanas en que se encuentran hombres que superan largamente los 80 años, gravemente enfermos, no autovalentes, abandonados a su suerte y hoy, incluso, objeto de hostigamiento simbólico por parte de un gobierno saliente que parece decidido a dejar una huella de venganza más que de justicia.
Resulta difícil comprender que una institución que históricamente ha exaltado valores como la lealtad, el honor y el espíritu de cuerpo, permanezca en absoluto silencio frente a la suerte de quienes fueron sus camaradas. Más aún cuando el actual comandante en jefe, a pocos meses de dejar su cargo, no ha sido capaz de alzar la voz en defensa mínima de hombres que fueron contemporáneos, superiores o subalternos de su propio padre, a quienes llamó alguna vez “tíos”, y que hoy desfallecen en el más completo abandono institucional.
¿Será posible que se entienda que aquí no se discute la impunidad, sino la humanidad básica y la coherencia ética de una institución con sus propios principios? Porque cuando una organización deja de cuidar a los suyos, especialmente a los más débiles, no solo abandona a personas, sino que renuncia a los valores que dice encarnar.
Rodrigo Cooper Cortés
Compartiendo lo dicho por Rodrigo Cooper Cortés, me parece que el problema que debe discutirse no es ni la impunidad ni la inhumanidad —que obedece al odio y a la venganza y que, evidentemente, es un aspecto que debe ser tomado muy en consideración— sino que el hecho de que ningún militar o carabinero debe estar privado de libertad; puesto que todos ellos han sido condenados por sentencias dictadas contra leyes expresas y vigentes o por un delito imaginario —sin la más mínima prueba que lo acredite, como el denominado “secuestro permanente”— y sin cumplir las reglas del derecho humano a un debido proceso.
Los magistrados de los tribunales superiores de justicia que han juzgado a dichos servidores de la patria han llegado al extremo aberrante de no aplicarles la ley de amnistía de 1978 —una ley expresa y vigente, cometiendo el delito de prevaricación— fundando tal despropósito en que los delitos que les son imputados son inamnistiables; en circunstancias que no existen ni ley interna ni convenio o tratado internacional alguno que establezcan tal inamnistiabilidad, puesto que ello significaría prohibir el perdón entre hermanos.
Lamentablemente dichos magistrados cometen impunemente el delito de prevaricación, dado que no son acusados constitucionalmente por notable abandono de sus deberes, sino que, por el contrario, son premiados por ello.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
No puedo estar más de acuerdo con Rodrigo. El dolor que se siente es infinito ,especialmente cuando los propios abandonan al camarada anciano ,enfermo .
El comandante en jefe se irá como otros CJE cuidando su puesto y olvidando a estos soldados que entregaron todo por este país
Escribo desde del corazón con dolor profundo ,por las injusticias y la VENGANZA de este gobierno.
En respuesta a la carta «Doloroso Silencio».
He leído con atención la carta publicada y los comentarios que la acompañan. La preocupación por la dignidad humana de personas privadas de libertad, especialmente cuando se trata de adultos mayores enfermos y no autovalentes, es legítima y compartible. Ese punto no está en discusión y merece siempre ser abordado con humanidad.
Sin embargo, desde una perspectiva ética, resulta indispensable ampliar y precisar el foco del problema. La cuestión de fondo no es únicamente el eventual silencio de una autoridad en particular, ni puede reducirse a una evaluación personal del actual Comandante en Jefe del Ejército. El dilema ético que enfrentamos hoy es más profundo y más inquietante.
Estamos fallando éticamente, sobre todo, en las instituciones y personas que tienen la misión de impartir justicia y resguardar derechos. No estamos hablando de faltas menores ni de errores sin mayor impacto social, sino de quienes deciden sobre la libertad, la honra y el destino de otros. Cuando la ética se debilita en ese nivel, el daño no es solo individual: es institucional, social y republicano.
La preocupación central debiera ser que, en los últimos años, integrantes de las Fuerzas de Orden y de las Fuerzas Armadas —particularmente de Carabineros y del Ejército— han sido apartados de sus funciones, sometidos a procesos judiciales prolongados y expuestos públicamente durante años, en el contexto del estallido social y de operaciones de seguridad en distintas zonas del país, incluida la macrozona sur.
En varios de estos casos, los tribunales han dictado absoluciones unánimes; en otros, subsisten dudas razonables respecto de si los procesos se ajustaron plenamente al debido proceso y al derecho vigente al momento de los hechos. Estas situaciones, más allá de sus desenlaces particulares, plantean una interrogante ética de fondo sobre el funcionamiento de la justicia cuando juzga a quienes actuaron bajo órdenes, en contextos excepcionales y con marcos normativos complejos.
Del mismo modo, hemos sido testigos de cuestionamientos graves al actuar de jueces y de organismos del Estado llamados precisamente a garantizar imparcialidad y derechos, incluidos procesos inéditos en la cúspide del Poder Judicial. Estos hechos no pueden ser relativizados ni atribuidos únicamente a climas políticos o emocionales: constituyen una señal de alarma ética de primer orden.
En ese contexto, centrar el reproche moral en una sola autoridad militar resulta insuficiente. El Comandante en Jefe no es juez, no es legislador ni tiene atribuciones para intervenir en procesos judiciales o penitenciarios. Exigirle acciones fuera de su marco legal puede parecer una respuesta moralmente satisfactoria, pero no resuelve el problema ético real.
Desde la perspectiva de la virtud de la justicia, conviene además señalar un aspecto que suele pasar inadvertido. Resulta injusto exigir públicamente al Comandante en Jefe del Ejército una respuesta o pronunciamiento frente a reproches formulados en cartas de opinión o en el debate público, cuando su cargo —por definición— le impone deberes estrictos de prescindencia, reserva y sujeción al mando civil.
La justicia ética exige considerar no solo lo que se espera de una autoridad, sino también lo que legítimamente puede y no puede hacer desde su rol institucional. Pretender que responda, se defienda o polemice públicamente frente a cuestionamientos de esta naturaleza no solo desconoce esas limitaciones, sino que lo coloca en una situación asimétrica, donde se le reprocha un silencio que es, en rigor, una obligación funcional. Exigirle aquello que no debe ni puede hacer constituye, en sí mismo, una forma de injusticia.
En organizaciones jerárquicas como el Ejército, los subalternos no solo obedecen normas y órdenes: observan. Observan cómo la institución trata a sus integrantes en momentos de normalidad, pero sobre todo en situaciones extremas. De esa observación extraen conclusiones silenciosas pero profundas sobre lealtad, respaldo, justicia y futuro. Cuando quienes sirven perciben que la institución distingue entre responsabilidad penal individual y deber humanitario básico, se fortalece la confianza. Cuando, en cambio, se percibe abandono, silencio institucional o respuestas improvisadas frente a escenarios críticos, se instala una duda ética legítima: ¿qué ocurrirá conmigo mañana si cumplo una orden difícil y las circunstancias cambian? Esa duda no es ideológica ni política; es humana y profesional.
Conviene además advertir un efecto éticamente problemático que puede producir este tipo de reproches cuando se formulan de manera personalizada. Al focalizar la crítica moral casi exclusivamente en el actual Comandante en Jefe —presentándolo como quien de forma más notoria habría incumplido un deber— se introduce, quizás sin intención explícita, una comparación implícita con otros mandos pasados o presentes, sugiriendo que estos sí habrían actuado correctamente frente a situaciones similares. Ese enfoque carece de sustento verificable y arriesga un efecto divisivo al interior de instituciones que, por su naturaleza, requieren cohesión, unidad de criterio y subordinación al mando civil. La ética institucional no puede construirse sobre juicios selectivos ni sobre la contraposición de personas, porque ello debilita la confianza interna y desplaza el análisis desde los principios hacia las biografías.
Ello no excluye —al contrario, exige— plantear una cuestión de fondo: la necesidad de contar con mecanismos institucionales formales, legales y transparentes para la atención y acompañamiento humanitario de exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden que se encuentren privados de libertad. Así como el Estado ha sido capaz de crear sistemas claros y permanentes para la previsión, la salud y el bienestar del personal activo y en retiro —Capredena, Dipreca y otros regímenes— resulta razonable preguntarse por qué no existe un dispositivo equivalente que, sin interferir en sentencias judiciales ni relativizar responsabilidades penales, permita abordar situaciones extremas desde una perspectiva ética y humanitaria. No se trata de privilegios ni de impunidad, sino de coherencia institucional.
En este análisis ético más amplio también cabe una observación sobria respecto del actuar de organismos del Estado llamados a promover y proteger derechos. La imparcialidad no es solo una exigencia externa: es una condición ética esencial. Cuando incluso desde la propia dirección de una de estas instituciones se ha reconocido públicamente que dicha imparcialidad no siempre ha sido resguardada, ello no invalida su misión, pero sí obliga a una revisión crítica y responsable. La ética exige aplicar el mismo estándar a todos, especialmente a quienes ejercen poder en nombre de principios universales.
La ética no consiste en buscar culpables visibles ni en descargar responsabilidades en figuras individuales. Consiste en exigir coherencia, humanidad y probidad allí donde el poder es mayor y el daño potencial es más profundo. Cuando fallan quienes deben hacer justicia, cuando se erosiona la imparcialidad de quienes dicen proteger derechos, o cuando el Estado carece de mecanismos éticos para enfrentar situaciones extremas, toda la sociedad queda expuesta.
Esa debiera ser hoy nuestra mayor preocupación ética.
Christian Slater E.
Reflexiones sobre ética pública y deber ser.
El expresidente Eduardo Frei Montalva en su carta a Mariano Rumor, de fecha 8 de noviembre de 1973, escribió: «la responsabilidad íntegra de esta situación —y lo decimos sin eufemismo alguno— corresponde al régimen de la Unidad Popular instaurado en el país».
Jaime Guzmán Errázuriz, por otra parte, declaró: «la responsabilidad principal del grueso de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la etapa posterior al 11 de septiembre del 73 corresponde a quienes desataron la situación de guerra civil, más que a aquellos militares que cometieron esos actos como parte de la difícil tarea de conjurar la guerra civil. No estoy señalando que esos uniformados que hayan transgredido los derechos humanos no tengan responsabilidad en los hechos. Lo que estoy señalando es que los máximos dirigentes de la Unidad Popular tienen una responsabilidad todavía mucho mayor en los dolores que sufrieron sus seguidores, como resultado del cuadro de guerra civil al cual los arrastraron».
El clima de odio y de violencia existente en la época en la que ocurrió la mayor parte de los hechos que ahora lamentamos, fue el marco de los excesos y delitos cometidos por algunos miembros de las instituciones armadas. Ello no los justifica, pero sí explica la violencia e irracionalidad de algunos actos. No debemos olvidar que los denominados “violadores de los derechos humanos” estaban enfrentando una cruenta guerra irregular, contra grupos subversivos armados, guerrilleros y terroristas que asesinaban a mansalva —especialmente a carabineros—, que destruían bienes materiales públicos y privados, que atentaban contra los derechos humanos de todos los chilenos, y que socavaban la convivencia nacional y al propio Estado; cuyas acciones terroristas no cesaron ni siquiera después de 1990. Al respecto, bastaría mencionar el asesinato del senador Jaime Guzmán Errázuriz.
En relación con este tema surge una pregunta: ¿Es justo que, tratándose de una gravísima crisis política y social, en un ambiente de odio, de anarquía y de violencia desatada provocada por los políticos civiles —situación en la cual las FF.AA. y de Orden no tuvieron responsabilidad alguna— carguen con la culpa solo los militares que fueron llamados a intervenir a ruego de la gran mayoría ciudadana para salvar a Chile de caer bajo una tiranía comunista?
En las causas “de derechos humanos” por supuestos delitos ocurridos hace más de cinco décadas, cometidos mientras cumplían funciones de seguridad interior dispuestas por sus mandos institucionales a fin de afrontar la violencia revolucionaria, la subversión, la guerrilla y el terrorismo, han sido y están siendo condenados miles de militares, incluso algunos que a la sazón eran muy jóvenes —oficiales subalternos; conscriptos incluso— a altísimas penas de presidio.
Al respecto surge otra pregunta: las responsabilidades en estos casos ¿son personales o institucionales? Si son personales: ¿por qué paga el Estado, es decir todos los chilenos? Y, si son institucionales: ¿por qué pagan los militares, que no actuaron motu proprio, sino que en cumplimiento de órdenes superiores?
Resulta más que evidente que en estos casos, en que los militares no actuaron por su propia cuenta ni en beneficio propio (salvo algunos casos de delitos cometidos por venganza privada u otros por el estilo) sino que en actos del servicio —en cumplimiento de tareas dispuestas por las respectivas instituciones— las responsabilidades son institucionales, es decir, del Estado.
Prueba de ello es que en las diversas causas judiciales, en casos de derechos humanos, es el Estado de Chile el condenado a pagar cuantiosas indemnizaciones, de varios miles de millones de pesos en algunos casos.
Por lo antedicho son las respectivas instituciones las que deben y debieron haber asumido las defensas judiciales de sus miembros o exmiembros acusados por delitos de violación de derechos humanos.
Sin embargo, no se tiene conocimiento que las instituciones armadas hayan asumido o costeado las defensas judiciales de estos servidores de la patria o que los hayan defendido en las instancias correspondientes; y, si lo han hecho privadamente, sus gestiones han sido infructuosas. Da la impresión de que ellas los dejaron abandonados a su propia suerte; caídos tras las líneas enemigas.
Es posible que la orfandad en que las instituciones han dejado a sus miembros se deba a disposiciones dispuestas por órganos políticos, administrativos, legislativos o judiciales o a presiones de personas u organismos de derechos humanos motivados por el odio y la venganza; disposiciones o presiones a las que los mandos institucionales nunca debieron haber cedido a fin de no vulnerar la virtud por antonomasia entre los hombres de armas: la lealtad.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
El texto de este comentario corresponde al apartado «Las responsabilidades ¿son personales o institucionales?» del libro de Adolfo Paúl Latorre, actualmente en proceso de publicación, titulado «PREVARICATO. La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo».
No es el propósito que el Comandante en Jefe emita algún pronunciamiento. Mucho menos jurídico o d crítica a sentencias. Solo se pide un signo que denote preocupación o solidaridad por los caídos tras las líneas enemigas.
Una visita, un sentimiento de solidaridad.
Algunos dicen que se realizan gestiones muy confidenciales para intentar ayudarlos.
No se trata de eso. Todos sabemos que lo que sufren ahora los condenados tiene profundas causas ideológicas. No es solamente un problema judicial, ni siquiera de la evidente prevaricación.
Basta recordar que todos los terroristas de izquierda fueron amnistiados o indultados.
Recordemos la carta enviada a un diario hace pocos meses por 3l hijo del ex intendente, General Carol Urzua. Él recordaba que todos los asesinos de su padre y sus escoltas fueron indultados. El hijo decía que su familia no tenía rencor y los había perdonado.
Qué decir de la asesinos de Simón Yevenes o Jaime Guzmán.
Todos ellos libres, para beneplácito de la izquierda.
Concuerdo en lo que aquí se ha señalado y agradezco que este medio permita intercambiar ideas con franqueza y respeto.
En lo particular, mi intervención no apunta a negar el dolor, la historia ni las asimetrías que muchos perciben, sino a insistir en una cuestión previa y más profunda: el problema central no son las personas ni los casos específicos, sino la justicia misma.
Cuando la justicia pierde imparcialidad —o cuando razonablemente parece perderla— deja de cumplir su función esencial. Y allí, aun cuando existan causas que muchos consideran justas, el riesgo es que el castigo comience a responder más a una lógica de compensación emocional que a una lógica estrictamente justa. Éticamente, eso nos acerca a la venganza, aunque no siempre se lo quiera reconocer como tal.
Mi énfasis está puesto en ese plano: el del deber ser, de las virtudes que debieran sostener a la justicia —prudencia, justicia, fortaleza y templanza— y que, cuando se debilitan, terminan dañando a todos, sin distinción.
Tal vez esta tensión permanente entre justicia y venganza sea también el reflejo de una decadencia más amplia, que excede los casos concretos y atraviesa a la sociedad en su conjunto. Hemos ido abandonando, progresivamente, los referentes éticos que daban sentido y límite a nuestras acciones: primero en el ámbito más íntimo del hogar, luego en la formación escolar, más tarde en la academia, y finalmente en las instituciones llamadas a custodiar el bien común. En ese vacío, el criterio moral se fragmenta, se relativiza o se reemplaza por consignas, emociones o relatos parciales. No deja de ser sintomático que hoy resulte más fácil hablar de multiversos y realidades paralelas que de una dimensión espiritual —cualquiera sea la forma en que se la conciba— capaz de recordarnos la centralidad del bien, la dignidad humana y la responsabilidad frente al otro. Cuando una sociedad pierde esos puntos de referencia, la justicia deja de ser un principio compartido y se vuelve un campo de disputa.
Estoy en completo acuerdo con la carta de Rodrigo Cooper y con todos los comentarios aquí emitidos. Todos tienen la razón, el tema es complejo y el trato a nuestros militares presos ha sido indigno y vergonzoso. Los criminales y terroristas de la extrema izquierda que destruyeron al país en los años 70 y cometieron horribles crímenes, ellos fueron indultados ya que tuvieron a quien los defendiera.