Señor Director:
Con el fin de la administración de los antiguos líderes estudiantiles, una de las herencias más complejas se encuentra, precisamente, en el sector educativo. Más allá de los indicadores de aprendizaje, retención estudiantil y docente, convivencia o violencia, existe un factor estructural que condiciona todo lo anterior: los recursos económicos.
Entre 2014 y 2025, el presupuesto nacional en Educación aumentó casi un 155%. Sin embargo, desde entonces se observa una tendencia sistemática a cerrar cada ejercicio con deuda de arrastre —con excepción de 2021 y 2022—, registrándose un incremento explosivo entre 2023 y 2025 debido a insuficiencias de caja. Al 31 de diciembre pasado, la mayoría de estos pasivos eran exigibles a corto plazo, alcanzando un total de un billón trescientos dos mil millones de pesos.
Esta cifra es alarmante, pues el déficit responde a factores estructurales: programas estables con financiamiento otorgado por ley, difíciles de modificar o controlar. El grueso de los pasivos se origina en la Junaeb (63,5% de la deuda) a través de su Programa de Alimentación Escolar, seguido por la gratuidad en la Subsecretaría de Educación Superior y, posteriormente, un subconjunto de los SLEP.
Esta crisis de caja requerirá medidas de gran envergadura, tanto para asegurar la operatividad del sistema como para implementar cambios de fondo. Los resultados de aprendizaje, equidad e integración social no han sido proporcionales a la inversión realizada desde 1990. Ante este límite, se vuelve imperativa una renovación profunda en lo pedagógico, curricular e institucional, que incluya las estructuras laborales y un nuevo sistema de financiamiento orientado a resultados y mejoras educativas. Estas reformas son urgentes; de lo contrario, el desarrollo de Chile se verá seriamente amenazado.
Prof. José Luis Velasco Guzmán -Presidente Asociación de Educadores de Chile A.G. (ASEDUCH)