Señor Director:
El proyecto presentado por el Ejecutivo en materia de violencia escolar declara, como uno de sus objetivos, el fortalecimiento de la autoridad docente. No se trata de un asunto menor, especialmente si consideramos cómo se ha enquistado una creciente horizontalidad en las relaciones alumno-profesor. Ha cobrado fuerza una comprensión del concepto que lo reduce al ejercicio del control y la imposición de normas. La realidad es que una autoridad escolar guía, orienta y direcciona en una etapa clave del desarrollo.
Con todo, la autoridad del docente está estrechamente ligada al prestigio social de su labor. Es difícil fortalecer la autoridad de quien no es admirado ni reconocido como un profesional de alta relevancia social. Elacqua et al. (2018) muestran que el deterioro de los procesos de formación docente y sus condiciones laborales contribuyeron al desprestigio de la profesión que antes de los años 80 gozaba de alta valoración social. Si pretendemos dotar a los profesores de mayor autoridad, es clave pensar en el lugar que ocupan en la estructura profesional.
Para ello persisten muchos desafíos: mejorar condiciones salariales, atraer mejores postulantes a carreras de pedagogía, elevar sus estándares de formación y hacer más meritocrática la carrera profesional. Sin ello, la recuperación de la autoridad docente será una mera aspiración sin condiciones reales para ejercerla.
Kevin Canales García – Director de formación IdeaPaís