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Publicado el 04 de diciembre, 2019

Zaliasnik: «El Ministerio Público no ha dado señales de determinación para perseguir las responsabilidades tras el 18 de octubre»

Autor:

Emily Avendaño

El abogado Gabriel Zaliasnik responde a los dichos del fiscal nacional Jorge Abbott que ante un cuestionamiento por una “salida alternativa” para 26 formalizados por saqueos, recordó las causas previas en las que han actuado los penalistas convocados por el Ejecutivo para querellarse en los casos más graves de incendio y saqueos. Zaliasnik señala la falta de un criterio de actuación de la Fiscalía. “Me gustaría saber qué instrucciones ha dado (Abbott) a nivel nacional a ese respecto, más que estar preocupado en atacar de forma personal a los abogados que estamos tratando de contribuir con el esclarecimiento de esos hechos”, declara.

Autor:

Emily Avendaño

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Una decisión de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte fue el origen de una controversia entre el fiscal nacional Jorge Abbott, y los abogados convocados por el Ejecutivo para querellarse en los casos más graves de incendios, desórdenes públicos y saqueos. 

En pleno estado de Emergencia, el 21 de octubre pasadas las 18:30 horas fueron detenidas 26 personas en flagrancia durante un saqueo a un supermercado en Conchalí, pero el 25 de noviembre ingresó al 2° Juzgado de Garantía de Santiago una solicitud del persecutor Ulises Berríos, para fijar una audiencia de salida alternativa de suspensión condicional. Para los abogados penalistas -Samuel Donoso, Jorge Bofill y Gabriel Zaliasnik-, desde el Ministerio Público se está dando una señal equivocada al tomar esta determinación a tan solo un mes de haberse iniciado la investigación. Verbalizaron la crítica y la respuesta que obtuvieron de Abbott fue un reproche a sus actuaciones previas. “Llama la atención que nuestros críticos son precisamente quienes han sido abogados de empresas o instituciones o personas que han accedido a suspensiones condicionales por hechos que han sido particularmente graves también. Por ejemplo en el caso Penta, en el caso SQM, en el caso del senador Iván Moreira”, subrayó Abbott el lunes en T13 Radio.

Para el abogado Gabriel Zaliasnik, más allá de personalizar los reclamos, es importante que desde el Ministerio Público “se avoquen y le den la importancia y la prioridad que estas investigaciones ameritan, y eso se contradice con esta actuación a mi juicio precipitada, tal vez ligera, inoportuna, de acceder a estas salidas alternativas”.

-¿Qué lectura hace de los dichos del fiscal nacional, Jorge Abbott, quien los apuntó por su participación en el caso Penta, en el caso SQM y en el caso del senador Iván Moreira?

Son francamente desafortunados los dichos del fiscal nacional Abbott, actúa como un distractor, en vez de enfocarse en lo serio de la situación que se presenta al conceder estas salidas alternativas en forma intempestiva e inoportuna. La señal es pésima. Además, está confundiendo cosas, que lo entiendo en la lógica de querer evitar hacerse cargo del cuestionamiento que se ha hecho. En los casos que citó: Penta, SQM, el senador Moreira, son todos casos en los cuales el cuestionamiento guardaba relación con el financiamiento ilegal de la política. Conducta que la Corte Suprema, después de tres o cuatro años de investigación, opinó que los hechos no eran constitutivos de delito. Es decir, el Ministerio Público investigó como delitos, hechos que no eran delito durante un largo período de tiempo, todo lo contrario a lo que ocurre ahora. Aquí hay hechos evidentemente delictivos, en los que el Ministerio Público se apresura, en nuestra opinión, sin dar los fundamentos necesarios para adoptar una salida institucional que es legítima, pero tiene que darse con todos los antecedentes y en el momento que corresponde. Para graficar cuán disímiles son los criterios, o la falta de criterio por parte del Ministerio Público, hoy (ayer) en un tribunal de garantía en La Calera un individuo que participaba en saqueos quedó en prisión preventiva. Entiendo que es un concejal de esa municipalidad. Si miras ese solo hecho, sin conocer los antecedentes de las causas mismas, demuestra distintos criterios de actuación, que demuestran, a su vez, que desde la jefatura de la Fiscalía Nacional no se han impartido, probablemente, las instrucciones que ayuden a tener un criterio de actuación conjunta.

Resulta extraordinariamente decepcionante para Carabineros o la PDI, cuando participa en la aprehensión de estos sujetos, que el Ministerio Público de alguna manera minimice o flexibilice tanto su posición tan prematuramente».

Es muy preocupante que el Ministerio Público en medio de este desatado vandalismo tome decisiones precipitadas. Y es aún más preocupante que nos distraigamos en eso y no pongamos atención en el día 18 de octubre cuando fueron los ataques al transporte público de Santiago y que gatillan todos estos hechos, pero pasan al olvido y quedan pendientes de resolución aunque son de una gravedad inaudita en la historia republicana de Chile. Me gustaría saber qué instrucciones ha dado a nivel nacional a ese respecto, más que estar preocupado en atacar de forma personal a los abogados que estamos tratando de contribuir o colaborar con el esclarecimiento de esos hechos. 

-El abogado Jorge Bofill en T13 Radio dijo que no ha existido una política de persecución penal. ¿Usted comparte esa opinión?

-Entiendo que sí hubo directrices, y me parece muy bien, en el caso de acciones que han afectado los derechos humanos de los manifestantes. Eso me parece muy bien. Lo que extraño, o lo que quizás extraña el abogado Bofill, es que directrices similares no se dicten en un caso de atentado tan grave como lo que ocurrió con el Metro de Santiago, y lo que ha pasado en días o semanas posteriores a ese atentado.

Desde la jefatura de la Fiscalía Nacional no se han impartido, probablemente, las instrucciones que ayuden a tener un criterio de actuación conjunta. Es muy preocupante que el Ministerio Público en medio de este desatado vandalismo tome decisiones precipitadas».

-El Ministerio del Interior había solicitado que en estos casos se recurriera a la Ley de Seguridad del Estado. ¿Puede darse ‘salidas alternativas de suspensión de condicional’ si en la querella y en la formalización se admite la aplicación de esta ley?

-Habría que ver exactamente las penas. En los casos de incendio, por ejemplo, no. En el caso que se califica como un hurto: la situación de una persona que iba pasando, no vulneró las defensas del lugar y saqueó, evidentemente que la penalidad puede conducir a esta salida institucional de la suspensión condicional. Nadie está poniendo en duda la viabilidad de acudir a esa herramienta. El sistema está diseñado así, lo que estamos cuestionando quienes hemos levantado la voz en esto es el poco criterio, lo inoportuno y lo precipitado que implica que no se haya indagado celosamente algunos elementos anexos que pueden ser súper relevantes, como quiénes de estas personas que participaron de los saqueos estuvieron en contacto en los días y semanas previos; tráfico de llamadas. Otros antecedentes que puedan dar una explicación distinta a la mera espontaneidad. Es probable que haya sido espontáneo, pero también es posible que no lo haya sido.

-¿Los dichos del Fiscal Nacional tienen impacto en la labor de investigación no solo del Ministerio Público sino también en lo que hace la policía? Considerando, por ejemplo, que Carabineros ha dicho que 51% de los arrestados tenía más de cinco detenciones previas.

-Las políticas de persecución criminal tienen que conversar entre lo que hace la policía y lo que hace el Ministerio Público. Resulta extraordinariamente decepcionante para Carabineros o la PDI, cuando participa en la aprehensión de estos sujetos, que el Ministerio Público de alguna manera minimice o flexibilice tanto su posición tan prematuramente. No lo digo en términos de prisión preventiva porque puede que un caso no dé lugar a prisión preventiva, lo digo en la conducta de no investigar. La señal que se le da a las policías es algo que debiera preocupar al Ministerio Público.

«Uno aspiraría que en la investigación del Metro hubiese dispuesto a un fiscal regional de tipo permanente»

-¿Esta salida alternativa que ofrece la Fiscalía cuándo se hace efectiva? 

-La salida alternativa de suspensión condicional básicamente lo que significa es que a la persona en el fondo se le pone una ‘tarjeta amarilla’ por compararlo con el fútbol, que después se borra. Durante un cierto período de tiempo tiene que cumplir algunas condiciones, desconozco cuáles son en este caso, pero es una forma que tiene el sistema de descomprimir la sobrecarga de casos que pueden tener baja penalidad o poca prueba; pero lo que nosotros sostenemos, y esa es la crítica que me parece algunos no quieren ver, es que en el contexto en que esto ocurrió las consideraciones de gravedad son distintas y, por lo tanto, las señales que dan todas las autoridades públicas a la hora de actuar tienen que ser muy rigurosas, muy cuidadosas porque de alguna manera nos estamos jugando la democracia y la convivencia en un estado de derecho. No basta relativizar algunas conductas y sobre-penalizar otras. Hay que investigarlas todas y me da la impresión de que la señal que está dando el Ministerio Público es que habrían situaciones que han sido extraordinariamente graves, pero que para ellos parecieran no ser de la misma gravedad y no le dedican los recursos humanos y tiempo de investigación necesarios. Uno aspiraría que en la investigación del Metro hubiese dispuesto a un fiscal regional de tipo permanente.

Lo que estamos cuestionando quienes hemos levantado un poco la voz en esto es el poco criterio, lo inoportuno y lo precipitado que implica que no se haya indagado celosamente algunos elementos anexos que pueden ser súper relevantes, como quiénes de estas personas que participaron de los saqueos estuvieron en contacto en los días y semanas previos».

Ya que el fiscal mismo hizo la comparación con los casos SQM o Penta, en esos casos hubo un fiscal regional de dedicación prácticamente exclusiva. Incluso mientras estuvo de fiscal nacional Sabas Chahuán, él mismo reunió en sus manos, bajo su responsabilidad, todos esos casos, por la gravedad y la importancia que le dio a estos que terminaron no siendo constitutivos de delitos. ¿Por qué los ataques del 18 de octubre al Metro de Santiago y todos los hechos que después de eso suceden no ameritan una consideración de igual gravedad, cuando vemos lo que está pasando en Chile que parece ser de las situaciones más graves de los últimos 40 años de nuestra historia?

En el contexto en que esto ocurrió las consideraciones de gravedad son distintas y, por lo tanto, las señales que dan todas las autoridades públicas a la hora de actuar tienen que ser muy rigurosas, muy cuidadosas porque de alguna manera nos estamos jugando la democracia y la convivencia en un estado de derecho».

-¿Consideran que el fiscal nacional está incurriendo en abandono de deberes?

-No soy yo quien puede decir eso. Eso es algo que tienen que determinar los parlamentarios. Lo que es importante es que se avoquen y le den la importancia y la prioridad que estas investigaciones ameritan, y eso se contradice con esta actuación a mi juicio precipitada, tal vez ligera, inoportuna de acceder a estas salidas alternativas que se une al hecho de que no ha dado el Ministerio Público señales de verdadera determinación de perseguir en general las responsabilidades de los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre. 

Aquí ha habido muchas personas durante este mes y medio que buscan relativizar muchos hechos, buscan empatar otros, frivolizar otros, tratarlos como si fuera algo lúdico en el caso del que baila pasa, como si fuera libertad de expresión los llamados a derrocar un gobierno, se buscan modalidades para, pareciera ser, relativizar todo lo que aquí ocurrió».

-Sin embargo, la Fiscalía emitió un comunicado este fin de semana en donde señalan que son más de 20.000 los formalizados por delitos desde el 18 de octubre.

-Naturalmente tienen que formalizar. Las personas son detenidas, pasan a control de detención, por lo tanto, un fiscal de audiencia o de flagrancia tiene que estar presente, se le pone un defensor público. Eso funciona de forma casi automática. No da cuenta del acto investigativo. Solamente da cuenta del perfecto funcionamiento de nuestra burocracia judicial, pero que funcione bien la burocracia judicial o la burocracia del Ministerio Público no prueba nada. Lo que nosotros necesitamos es que funcione bien la labor investigativa del Ministerio Público para que llegue hasta el último de los responsables no solo materiales sino que intelectuales de lo que ocurrió el día 18 de octubre. Aquí ha habido muchas personas durante este mes y medio que buscan relativizar muchos hechos, buscan empatar otros, frivolizar otros, tratarlos como si fuera algo lúdico, en el caso del que baila pasa, como si fuera libertad de expresión los llamados a derrocar un gobierno, se buscan modalidades para relativizar todo lo que aquí ocurrió. Y en medio de toda esta relativización se busca olvidar cómo todo empezó. Hay que hacer aquí un esfuerzo como país de entender qué pasó la noche del 18 de octubre en Chile y cuando lo entendamos vamos a tener muchas respuestas a preguntas que hoy no sabemos cómo responder, pero que algunos intuimos que puede haber habido algún grado de coordinación. Chile está sumido en una situación muy delicada que tiene un origen causal que va más allá de las legítimas demandas sociales. Aquí los hechos de violencia inusitada que hubo a partir de esa noche no tienen nada que ver con demandas sociales legítimas que pueda tener la ciudadanía.

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