Al menos 220 vandalizaciones se contabilizaron en el Cementerio General tras la romería que se desarrolló el sábado 10 de septiembre en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, en la que incluso participó el Presidente Gabriel Boric.
Se habría tratado de una “crónica de una vandalización anunciada”. El arquitecto del proyecto “Ciudad de los Muertos”, Tomás Domínguez, especialista en patrimonio cultural y en el Cementerio General, lo advirtió.
El 13 de julio le envió una carta al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue -responsable directo del resguardo del cementerio- en la que solicitó seguridad especial para las tumbas durante la marcha.
En agosto, el arquitecto se enteró sobre el cambio del trazado original de la marcha, desde Recoleta a Avenida La Paz e intercedió para que se volviera a la ruta original, con el objetivo de cerrar la puerta de La Paz para “cuidar el patrimonio del casco histórico, lo más valioso y delicado del cementerio”.
Domínguez, además, informó sobre el riesgo al Consejo de Monumentos, sin éxito, ya que no respondieron sus misivas e hicieron caso omiso a sus recomendaciones.
El arquitecto también solicitaba que se desplegara en terreno el personal de seguridad propio del Cementerio, además de disponer personal de seguridad municipal equipado con cámaras portátiles para reunir elementos probatorios. A su vez, que se pidiera un contingente especial de Carabineros para resguardar el casco histórico y darle prioridad al sistema de televigilancia del interior, que ya ha sido requerido por la Contraloría en 2013, 2014 y 2018.
“Yo ejercí esa función de pedir que se cambiara la marcha al recorrido tradicional para prevenir un mal mayor y también por desconfianza, desconfianza de que las mismas autoridades estuvieran propiciando un acto de violencia”, afirma Domínguez, haciendo referencia a la Delegación Presidencial que autorizó la marcha, a la Municipalidad de Recoleta, al Consejo de Monumentos y el Ministerio de Cultura.
Daños graves al patrimonio: 220 vandalizaciones
Según el catastro levantado por Domínguez personalmente, fueron al menos 220 las vandalizaciones que ocurrieron el el Cementerio General. Decenas de rayados en capillas, mausoleos familiares, mausoleos públicos y pabellones.
En la prensa fueron ampliamente cubiertos los daños a las tumbas de Jaime Guzmán y al Mausoleo de Carabineros, pero no fueron las únicas que sufrieron daños graves.
El Mausoleo de la Policía de Investigaciones fue profanado y atacado con fuego. Le abrieron sus puertas, destruyeron imágenes religiosas y lápidas y lo rayaron en el exterior.
En arquitecto agrega que en la bóveda del ex Presidente Carlos Ibáñez del Campo destruyeron obras de arte, y que en el Mausoleo del General Manuel Baquedano hicieron rayados y destruyeron el interior tras romper la ventana trasera. Además, hubo un decapitamiento de una figura de virgen y niño en un santuario al lado del Memorial de Detenidos Desaparecidos.
Otros daños de importancia patrimonial se contabilizaron en las tumbas de la Fuerza Aérea, oficiales del Ejército, Colonia Española, los ex presidentes Arturo y Jorge Alessandri, entre otros.
Además, el arquitecto contó decenas de rayados en la puerta de La Paz y la Capilla Católica del área de monumento nacional, además de 41 mausoleos familiares, 5 públicos y 3 pabellones.
En cuanto al área no patrimonial, registró decenas de rayados en la puerta de Recoleta y las oficinas, daños en 80 mausoleos familiares y en 29 pabellones y galerías.
Arquitecto: “Vivimos en un país en que es válida la venganza contra la tumba”
El valor para reconstruir todos los daños los estima en alrededor de 100 millones, pero el valor histórico sería muchísimo mayor.
“Estamos perdiendo nuestra dignidad, nuestro respeto hacia la historia, hacia el pasado, hacia la herencia material e inmaterial. Y estamos propiciando que cuando nos muramos, vivimos en un país en que es válida la venganza contra la tumba. Entonces eso no se puede normalizar”, advierte Domínguez.