Tras el atentado ocurrido la noche del domingo 12 de octubre en la Ruta 5 Sur, por el cual el Gobierno anunció que presentará una querella invocando la Ley Antiterrorista, durante la semana del 13 al 19 de octubre el Indicador de Violencia e Impunidad de El Líbero no registró hechos violentos.
En entrevista con El Diario de Cooperativa el pasado 14 de octubre, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, señaló que, si bien la persecución penal ha sido efectiva y los hechos de violencia han disminuido casi en un 70% en comparación con 2021, “los grupos, aunque cometen menos acciones, son cada vez más violentos y atacan directamente a la población”. E indicó que “así como varía el fenómeno criminal, hay que revisar nuestras políticas de persecución y enfocarnos precisamente en las nuevas formas de comisión de estos delitos para poder generar una disminución definitiva” de los hechos violentos.
Datos de la Multigremial de La Araucanía dan cuenta de que durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, 16 personas han sido asesinadas en la Macrozona Sur. “El hecho más brutal fue la ejecución y quema de tres carabineros en Cañete, crimen que estremeció al país”. Además indican en su informe del mes de septiembre que “el atentado incendiario de Rucalhue, con más de 50 máquinas destruidas, fue el más grande en 30 años de violencia rural”.
Presos comunes
El día del atentado en la Ruta 5 Sur se halló un lienzo con con diversas consignas como «verdad y justicia Chuñil», en alusión a la desaparición de la dirigenta Julia Chuñil o exigiendo «juicio justo» para condenados como Dago Queipul, José Arzola, Alejandro Liguen o Joaquín Millanao, entre otros.
Al respecto, Garrido enumeró que Alejandro Ligién “está condenado a 27 años de cárcel por matar a un funcionario de la Policía de Investigaciones y también por un homicidio frustrado a otro funcionario, en el contexto de un operativo que pretendía desbaratar varias plantaciones de marihuana en ese sector” (Temucuicui); Joaquín Millanao “está condenado a 47 años, una condena firme, por asaltar en la ciudad de Victoria un grow shop, o sea, un local que, entre otras cosas, tendría semillas de cannabis sativa, y cometer además otros delitos en ese mismo contexto”; de Dago Queipul y José Arzola señaló que ellos están condenados por robos calificados, “lo que se logró acreditar en el juicio es que robaban vehículos motorizados y lo hacían de una manera muy violenta, disparando sin ninguna justificación en contra de las víctimas, incluso en uno de los casos la persona resultó con la amputación de una de sus extremidades”.
En ese sentido, Garrido señaló que “esas son las personas respecto de quien se pide la libertad y que se califican en el lienzo como presos políticos, cuando en realidad ninguna de sus acciones está vinculada con la reivindicación de algún derecho ancestral o con alguna postura política (…). Es evidente que solo son una organización que persigue el lucro directo a través de acciones criminales y que se refugian en este tipo de organizaciones para cometer impunemente delitos o lograr y presionar modificaciones de las condenas que se le han impuesto”.
Multigremial de La Araucanía: “Las orgánicas radicalizadas han visto reducida su capacidad de acción en más de un 70%”
Ese lienzo si bien indicaba “resistencia mapuche” no llevaba la firma de ninguno de los grupos violentos conocidos en el sur.
La Multigremial de La Araucanía en su informe señala que “durante los cuatro años de Estado de Excepción, las principales orgánicas violentas —CAM, WAM, RML y RMM— han sufrido un deterioro profundo en su capacidad operativa, territorial y comunicacional. Entre 2022 y 2025, la actividad adjudicada por estos grupos cayó entre un 60% y un 85%, lo que representa el mayor retroceso de las orgánicas desde su aparición”.
La Multigremial agrega que “antes del Estado de Excepción, el 62% de los ataques eran reivindicados públicamente; hoy menos del 30% lo son. Esto significa que siete de cada diez atentados ya no son adjudicados, un cambio que refleja la pérdida de control territorial y narrativa. Este nuevo patrón demuestra que el Estado de Excepción tuvo un poder disuasivo directo: los grupos han perdido visibilidad, capacidad logística y cohesión interna. En conjunto, las orgánicas radicalizadas han visto reducida su capacidad de acción en más de un 70%, Persisten focos, pero el escenario actual es de mayor control y fragmentación en más de una década”.
La Multigremial también llama la atención sobre que desde la entrada en vigencia del primer estado de excepción en la Macrozona Sur, el 12 de octubre de 2021 durante el gobierno de Sebastián Piñera, su impacto no ha sido homogéneo. De este modo, dicen que la violencia se concentra actualmente en La Araucanía, que representa más de la mitad de los hechos del período, principalmente en la zona de Malleco, aunque en niveles muy inferiores a los de 2021.
