Nueve cortes de ruta se registraron durante la noche del lunes en la Ruta 5 Sur. Los hechos de violencia ocurrieron solo horas antes de que el Congreso aprobara –por amplia mayoría– la prórroga del Estado de Emergencia, «acotado» al resguardo de las rutas. Sin embargo, la presencia de las Fuerzas Armadas no evitó los ataques en la vías de la Macrozona Sur.

En un nuevo «Especial Mirada Líbero» los representantes de los gremios de camioneros, Sergio Pérez y Juan Araya, analizaron la medida del Gobierno y cuestionaron su eficacia. «El trabajo de abastecer a la nación está siendo cada día más difícil», aseguró Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC).

Ambos representantes fueron parte de una mesa de seguridad que se llevó a cabo este miércoles en La Moneda con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. «Si nosotros como dirigentes no ayudamos y planteamos con severidad los problemas al Gobierno esto puede terminar en una grave situación», aseguró Pérez. «Nuestras bases podrían parar y eso significa que no se puede trabajar y abastecer al país», agregó.

Araya, presidente de la Confederación de Dueños de Camiones (CNDC), sostuvo que hay que buscar una solución de fondo. «No podemos estar cada 15 días con el show en el Congreso donde cada diputado y senador hace discursos y muchos no conocen la zona», enfatizó. A su vez, el líder gremial criticó que «con todas las mesas de seguridad que hemos tenido los camioneros con las autoridades, podríamos tener una mueblería».

«El problema es que la violencia desatada en todas sus formas es lo que está imperando en la nación», planteó Pérez. «Es necesario que este Gobierno tenga certeza de que nosotros los dirigentes queremos ayudar en la solución; pero no con estas medidas a medias tintas, hay que tomar medidas definitivas», apuntó.

Pérez: «El mundo político no entendió la gravedad de este problema y por eso se amplificó»

Juan Araya detalló que durante el 2020 hubo 35 vehículos siniestrados; número que subió a 54 camiones para el 2021 y que se alcanzó en los 6 meses que van del 2022. Pérez, por su parte, informó que «hoy día los atentados solamente a camiones y equipos de la forestal superan los 1.600».

Por ello, ambos representantes aseguraron que existe una «deuda de fondo del mundo político».

«El mundo político no entendió la gravedad de este problema y por eso se amplificó», señaló Pérez. «Queremos que hagan las tareas todos, sistema judicial, Fiscalía y autoridades», criticó Araya.

La agenda de seguridad es una de sus prioridades. De acuerdo con Pérez, fue difícil aprobar la Ley Juan Barrios, que sanciona con mayor severidad a quienes atentan contra un conductor que está descansando en su camión. Sin embargo, aseguró que «si no hay infiltración en los grupos anárquicos va a ser muy difícil que tenga efectividad».

Ambos explicaron que en la mesa de seguridad anterior, realizada a fines de abril; luego de que un camionero fuera herido en la cara, «la ministra Izkia Siches y el subsecretario acordaron que se iba a perseverar con urgencia en la Ley de Inteligencia. Pero no hemos visto que el Gobierno haya hecho algo en esa medida».

De hecho, advirtieron que la nueva convocatoria del Ministerio -en la que no participó la ministra Izkia Siches- era de máxima importancia, pero que si no se tomaban en cuenta los temas que plantearon, no asistirían más.

«Lo que necesita Chile, además del diálogo y reconocimiento a los pueblos originarios, es que se entregue atribuciones y respaldo a las instituciones encargadas del orden y seguridad. Solo así podrán disminuir y controlar las agresiones permanentes de las que somos objeto nosotros y las comunidades de esa región», enfatizó Pérez.

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