El Caso Convenios cumple 15 meses y de a poco comienzan a surgir novedades, particularmente respecto de la fundación Procultura, una de las aristas más grandes investigadas junto a Democracia Viva y donde uno de sus querellantes estima que se está entrando en la recta final.
Unos últimos 100 metros donde surgirían nuevas formalizaciones y podría pedirse el desafuero de gobernadores regionales para buscar sus posibles responsabilidades en los acuerdos con fundaciones y donde se espera ir despejando la pregunta que todos se hacen: ¿Dónde está la plata? Esto, comenta el abogado querellante por la UDI, Pablo Toloza, porque ese es el tema de fondo: si las instituciones públicas traspasaron diner0 a fundaciones que a su vez tercerizaron los servicios que ofrecían, ¿a dónde fue a parar el dinero que las fundaciones cobraron sólo por la gestión?
Toloza es querellante en varios casos de convenios: Tomarte (Copiapó y Antofagasta), EnRed, Enlace Urbano (Tarapacá), Procultura (con casos en ocho regiones), Urbanismo Social, Democracia Viva (Antofagasta) y Kimün (Puerto Montt).
Procultura con acelerador
Esta fundación cofundada por el psiquiatra y entonces cercano del Presidente Gabriel Boric, Alberto Larraín, hizo noticia la semana pasada luego de que un peritaje contable de la PDI calificara como sospechosos cinco abonos que habría hecho la ex Primera Dama, Irina Karamanos a la organización donde trabajó por menos de un año.
Luego, esta semana el persecutor a cargo de la investigación, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, ordenó el allanamiento de 14 domicilios en la Región Metropolitana y Concepción. Entre ellos, los de Larraín y el de la representante legal de la ONG.
“El caso de Procultura te diría que es la (fundación) más emblemática porque es la que involucra a más regiones dentro del país. Estamos hablando de ocho regiones y por tanto es la más grande también desde el punto de vista de fondos involucrados”, dice el abogado que calcula que los recursos estatales recibidos en total por esa fundación se acercan a los $4.000 millones.
Según el Registro de Colaboradores del Estado y Municipalidades, entre 2010 y 2021 Procultura recibió entre $41 millones y $676 millones anuales de parte del Estado, dando un salto en 2022, cuando registraron aportes por $1.289.881.556 (no figura la de la Región Metropolitana por más de $1.600 millones). Entre 2010 y 2023 los recursos informados suman más de $5.000 millones.
La reserva de los casos de convenios y su celeridad
Hasta junio de este año, el caso Procultura estaba en manos del suspendido fiscal de Aysén Carlos Palma, sin embargo, ese mes se lo traspasaron al fiscal Cooper cuando sucedieron dos cosas: la primera, es que Palma apareció mencionado en los chats con el penalista Luis Hermosilla y según versiones de prensa, en paralelo le habría mencionado al fiscal nacional que la PDI había sugerido citar en calidad de imputada a Karamanos, cosa que la policía desmintió.
-Este nuevo impulso que tuvo el caso Procultura, a su juicio ¿lo tuvo por el cambio de fiscal?
-La causa Procultura parte en julio del año pasado por la situación ocurrida en Antofagasta. A raíz de eso se inicia una investigación radicada en Antofagasta y producto de las primeras diligencias y denuncias de ciertas personas, aparece que esto también está en otras regiones. A raíz de eso es que el fiscal nacional toma la decisión de radicar todas las causas en un solo fiscal y designa en ese caso al fiscal Palma de Aysén. Se realizan una serie de diligencias. Ahora, ocurre que tanto cuando la está investigando el fiscal Palma como ahora, con la investigación del fiscal Cooper, estas causas se encuentran en dos situaciones bien particulares. Uno, las causas no están agrupadas, es decir, no existe una sola causa, son investigaciones independientes cada una de ellas que las lleva un mismo fiscal.
Ahora, obviamente, las diligencias que se practican en una región impactan en las otras, porque, por ejemplo, Procultura no tenía ocho cuentas corrientes. La segunda característica es que desde hace ya largo tiempo, todas estas investigaciones están bajo un secreto intensivo en base a que tienen secreto por investigación por presunto delito de lavado de activos. Sin perjuicio de ello, esos seis meses los puede prorrogar por seis meses más con la autorización del tribunal. Pero como son ocho causas, al decretar secreto respecto de una, involucra necesariamente a las otras porque la idea de que estén con secreto e investigando lavado de activos es que no se produzca una fuga de la información.
Por tanto, la diligencia practicada por el fiscal Cooper en 14 lugares, si bien no había sido tan masiva, el fiscal Palma sí también había realizado una serie de diligencias. De hecho, ese informe que se filtra en un medio de comunicación, es una diligencia que había sido practicada por la PDI, a solicitud de un peritaje del mismo fiscal Palma.
Esa reserva que menciona Toloza ya superó el año, por lo que el jurista le pidió a Cooper levantar el secreto al menos de una de las causas (Procultura Antofagasta). Sin embargo, cree que se le denegará porque el Ministerio Público estaría cerca de entregar novedades.
-¿Cómo así?
-Las causas se han ido desarrollando permanentemente. Primero están todas coordinadas por el director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía, que es el exfiscal Eugenio Campos, y si tú analizas bien cómo se ha llevado a efecto la tramitación de la investigación, primero es muy reservado y posteriormente se han hecho diligencias muy públicas, como en el caso de allanamientos bastante masivos y al poco tiempo se formaliza. Así ocurrió con Democracia Viva. Hubo un momento en Democracia Viva en que a todas luces parecía que la investigación estaba totalmente plana, y se generan allanamientos en Santiago, en Antofagasta, en distintos lugares. Al poco tiempo de eso, rápidamente se toma detenido y se lleva a Antofagasta, tanto a Daniel Andrade como a Carlos Contreras. Yo estimo que producto de este allanamiento masivo y que fue muy público, ya la Fiscalía debe estar en la última etapa de investigación. Eso esperamos.
Posibles desafueros a gobernadores regionales
-¿Qué es lo que esperan respecto a nuevas formalizaciones?
-Estamos frente a distintas regiones y en casos que involucran gobiernos regionales, por tanto a los gobernadores también hay que iniciar un proceso de desafuero. Yo entiendo, y eso lo hemos comprendido en las reuniones que hemos sostenido con el fiscal Campos que, obviamente, cuando tú formalizas a alguien y das a conocer los antecedentes que existen en la carpeta investigativa ya la investigación se te hace más difícil porque pierde en cierta forma el sigilo, se conocen los antecedentes que hay. Y si tú analizas por ejemplo el caso de Kimün y de Democracia Viva (…) en muy corto plazo se formalizan todas (las personas involucradas) y esto es porque obviamente se dan a conocer antecedentes y ya el paquete en cierta forma está configurado. Creemos que ya con los antecedentes que hay debiesen tomarse decisiones por parte de la Fiscalía y creemos que acá procede efectivamente que se formalice.
-¿Que se formalice a gobernadores? ¿Cuáles son los que están en mayor riesgo?
-Más que figuras específicas de gobernadores, porque ahí hay que ver cómo era su conocimiento, que sí se formalice a ciertas personas que estuvieron involucradas en esto. Cuando presentamos la querella del caso de Antofagasta es porque tenemos realmente indicios de que eventualmente se había cometido ilícito. Cómo está involucrada cada una de las personas es lo que hay que dilucidar y por eso son estas diligencias.
En Antofagasta el Gobierno Regional le entregó $629 millones a Procultura por la limpieza y pintura de 2.400 metros cuadrados de fachadas de edificios del centro de la ciudad, es decir, $262 mil por metro cuadrado. Procultura no tenía ningún giro comercial que coincidiera con este tipo de trabajos, pero sí planeaba capacitar a 38 personas para ello.
-¿Cómo sería esto en la arista de Antofagasta, por ejemplo?
-En Antofagasta es evidente que los precios están totalmente abultados. Ni siquiera se sabía bien cuáles eran las fachadas que se iban a pintar, no había una métrica y por tanto es evidente que ahí hay una responsabilidad. Esperemos que la Fiscalía formalice no sólo a gente de Procultura. También esto tiene una contrapartida. El contrato lo firma alguien por una parte y alguien por otra.
-El Gobierno Regional también le tuvo que pedir un certificado de validez de Procultura a Subdere, que lo termina firmando el entonces subsecretario Miguel Crispi.
-Exactamente. Además, si uno analiza el historial, son casos especiales, pero que se repiten: son fundaciones relativamente nuevas, con poco historial y creadas para otros fines que terminan suscribiendo estos convenios. Pero en el caso de Procultura, a diferencia de otras, es una fundación que tiene tiempo (data de 2010), ha desarrollado trabajos a lo largo de bastante tiempo, pero se produce un efecto no menor en los últimos años, en los cuales los contratos que suscribe -que eran por montos de $ 200 millones, $400 millones anuales-, se disparan a $4.000 millones. Por otro lado está la variedad de “servicios” que presta esta fundación, claramente es sospechoso. Yo no tendría ninguna duda si hiciera trabajos de redacción de libros, que es lo que siempre realizó, pero pintar fachadas no era su expertiz.
-Ellos se defendían diciendo que había una recuperación y que no era solamente una pintura, que era especial.
-Si uno analiza las fachadas que se iban a pintar, la más grande, que es de un edificio en Antofagasta, al frente de la plaza de Antofagasta, no es recuperación de absolutamente nada. Es un edificio común y silvestre que tiene sus años, obviamente, pero es un edificio que lo han pintado muchísimas veces, que no tiene nada de patrimonial y lo han pintado en la mayoría de las oportunidades los mismos propietarios. Y los otros edificios o casas, si bien son antiguas, tampoco hay ningún proceso de recuperación. Son casas que permanentemente se pintan.
-¿Usted cree que existe la posibilidad de que el fiscal llegue a estas responsabilidades del gobernador de Antofagasta?
– No sé si hay responsabilidades penales del gobernador de Antofagasta, siendo bien serio, y no sé si hay responsabilidades penales de los otros gobernadores, pero es evidente, y eso es algo que la Fiscalía en su oportunidad tendrá que dilucidarlo, sí hay una situación que no se condice con la realidad, con la lógica.
Procultura, Larraín y Orrego
El 8 de junio de 2022 el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, propuso nombrar a Alberto Larraín como director de la Corporación de Desarrollo Regional y el Consejo Regional Metropolitano lo aprobó. Casi un mes después, también se dio luz verde a que Procultura desarrollara el programa “Quédate”, de prevención de suicidios por $1.683.788.000.
-Procultura tampoco se dedicaba a eso, pero quizás sí Larraín como persona natural…
-Ellos para todo tienen explicaciones, pero Procultura no es una fundación que se dedique a la prevención del suicidio. Y en ese momento lo que hace Procultura con el Gore es algo que podríamos llamar una especie de intermediario, de un broker, porque a la larga el Gobierno Regional de Santiago le pasa fondos a Procultura y Procultura subcontrata a una fundación que sí se dedica a temas de prevención del suicidio.
Además, hicieron un segundo convenio con los servicios de Salud para ofrecer este programa gratis en sus dependencias. Según Toloza, el Gobierno Regional se ha defendido diciendo que como las fundaciones que sí se dedican al tema son pequeñas, centralizaron todo en Procultura. Pero el abogado y exintendente dice que la práctica no es esa.
-Lo que uno hace en este caso no es transferir los fondos a una fundación. Lo que uno hace es transferir los fondos directamente al Servicio de Salud y que el Servicio de Salud sea quien determine quién contrata por la razón que sea (…), es totalmente distinto. No hay intermediario, porque Procultura no lo hacía gratis. Procultura tenía una utilidad. Y en vez de que esa utilidad haya ido a Procultura, tendría que haber ido a las fundaciones que dan estos servicios y por tanto en vez de abarcar a “X” personas, tendríamos “X más” porque tendríamos más fondos.
Respecto a la cercanía del gobernador con Larraín, Toloza opina que “efectivamente hay una serie de circunstancias que hacen sospechosa la situación”.
El dinero de la intermediación por los convenios
-El dinero que quedaba en Procultura por la intermediación ¿habría sido para la fundación o tendría otro tipo de uso?
-Esa es la razón por la que se está investigando el caso de lavado de activos. No podemos olvidar que el mismo Alberto Larraín, tiempo después que nosotros presentamos la querella por el caso Antofagasta -donde nos dijeron que era una maniobra política- al poco tiempo, en otras regiones donde estaba Procultura, también empiezan a poner término anticipado a los convenios. Y Alberto Larraín producto de esto, señala que la Fundación cierra sus puertas, que tiene deudas con trabajadores, que tiene deudas con proveedores, y que no va a poder seguir funcionando. Estamos hablando de $4.000 millones. A lo menos entre Antofagasta (Gore y Serviu) y Santiago, tenemos por lo menos $2.000 millones de pesos.
-Si no tenía esa plata, ¿dónde o quién la tiene?
-Es evidente que no se fueron todos los fondos a eso (a los proyectos) (…). Yo comparto la opinión del fiscal Campos, en el sentido de que no solo es importante determinar que hubo la comisión de un delito, sino que también es muy importante saber dónde están esos fondos porque esos son recursos destinados a personas vulnerables de las distintas regiones. En el caso Santiago estamos hablando que iban destinados a personas para prevenir el suicidio. Entonces no se pueden ocupar ese tipo de programas, de ese impacto, para no sabemos qué otros fines (…). Comparto también la opinión del fiscal Campos y del fiscal Cooper de que es necesario este secreto a objeto de poder determinar algo tan importante como saber dónde están los recursos.
-En casos como Democracia Viva, se ha devuelto fondos, pero no está justificado todo…
-Eso es lo que ha querido instalar la defensa, de decir, “oiga, yo no tengo la plata, por tanto no he cometido el delito”. No, si el delito no se comete si tú tienes o no tienes los fondos. Esa es una parte de la situación. El delito se comete cuando tú te concertaste para que te entreguen esa plata destinada para otro fin, que está destinado para las personas más vulnerables en el caso de campamentos, y tú la ocupas en algo totalmente distinto, como es, por ejemplo, en el pago de trabajadores (…). Los principios establecen que tú sólo podías ocupar parte de esos fondos para la contratación de personal y lo ocupaste todo. Esto no era para eso. Esto nunca fue un contrato para prestación de servicios profesionales.
Por eso creemos y esperamos que estas diligencias rindan frutos. Se requiere que exista una celeridad. El bien jurídico protegido del que acá estamos hablando es la fe pública.
Los supuestos abonos de Karamanos: “Es una situación rarísima”
-¿Qué opinión le merece lo sucedido la semana pasada con Procultura e Irina Karamanos?
-Es una situación que es rarísima. Primero, porque acá hay un secreto más intenso, producto que existe un eventual lavado de activos por lo que no se pudo filtrar jamás un informe de la PDI. Luego los primeros que reaccionan son los abogados de Procultura y dicen que Karamanos habría devuelto fondos que había recibido a cargo de un programa. Es bien rara la explicación en el sentido de que por qué los devuelve en parcialidad y no todos juntos. Y a los pocos minutos aparecen los abogados retractándose. Es extraño porque es algo muy fácil de determinar (…). Yo creo que eso también, la situación de esta filtración, quizás hizo que el proceso se adelantara.
-Pareciera ser que el efecto colateral de la filtración era pegarle al fiscal Palma
-Toda esta situación es extremadamente anormal y lo que hace es agrandar este manto de duda que naturalmente y lógicamente las personas tienen.
Creo que estamos en una etapa que es importante dar certezas. El país está lleno de rumores y por tanto creo que esto es súper relevante. Estamos hablando del caso Procultura, de fondos millonarios, estamos hablando que están apareciendo involucradas personas muy relevantes y con un prestigio no menor, entonces obviamente que es gravitante que esto llegue rápidamente a una conclusión.