Una querella por estafa y presuntas ilegalidades en la contratación de “suministro de soporte logístico para la realización de actividades municipales”, y una denuncia de los funcionarios de Salud de la municipalidad de Recoleta por “actos de violencia y agresión”, complican la gestión del alcalde comunista, Daniel Jadue, electo en octubre de 2012.
Este martes, funcionarios del CESFAM Recoleta realizaban una movilización por reivindicaciones laborales, cuando la nutricionista Circe González fue agredida y resultó con un esguince de hombro y moretones en sus brazos, “luego de ser violentamente agredida por Ariel López López, funcionario a honorarios contratado por la administración de Daniel Jadue”, quien fue detenido por Carabineros, según denunció la entidad.
“Hacemos de público conocimiento nuestras demandas, en cuanto a exigir un mejor trato de parte de las autoridades de Salud en la comuna y de su alcalde. Además, exigimos transparencia en la contratación y adjudicación de cargos por concurso público, respetando la carrera funcionaria y realizando una evaluación independiente, sin consideraciones políticas de ninguna especie”, señalaron los funcionarios. Asimismo exigieron un compromiso del alcalde Jadue con el respeto a sus derechos y dignidad, y advirtieron que no aceptarán presiones y amedrentamientos. “Quienes dicen defender los derechos de los trabajadores no pueden utilizar matones para enfrenar movimientos sociales, gremiales y sindicales”, afirmaron.
La trabajadora social que pasó de ganar $500 mil a adjudicarse contratos por $540 millones
En otro frente, el alcalde es cuestionado por haber adjudicado dos contratos por $540 millones a Ana Karina Ibarra Cádiz, trabajadora social de la Universidad Tecnológica Metropolitana, por “servicios de producción y desarrollo de eventos para entregar soporte logístico a las actividades municipales a la comunidad de la comuna, y a las actividades protocolares de la alcaldía”.
El 3 de enero de 2011, Ana Ibarra, residente entonces en la población Independencia, en Puente Alto, fue contratada por la Dirección de Desarrollo Social de la municipalidad de Puente Alto para realizar “apoyo profesional para el Mideplan en proyecto habitacional”, con un sueldo mensual de $500 mil, incluido impuesto, entre el 2 de enero y el 30 de abril de ese año, como parte del programa Chile Solidario. (Contrato de Ana Karina Ibarra Cadiz con Municipalidad de Puente Alto)
Apenas dos años después, el 24 de septiembre de 2013, obtendría su primer contrato por $180 millones con la municipalidad de Recoleta, y un segundo contrato el 12 de diciembre pasado por otros $360 millones, totalizando $540 millones.
En cuanto a su militancia política, pertenecería a la colectividad del senador Alejandro Navarro, Movimiento Amplio Social (MAS). Así lo sostienen personas que la conocen y lo reflejaría una resolución del Servel en que una mujer con sus nombres y apellidos fue designada como miembro del Tribunal Supremo provisional en caso de producirse una vacancia. (Resolución 1112 del Servel)
La contradicción de Recoleta al evaluar la experiencia de Ana Ibarra
Las presuntas ilegalidades, según la querella criminal que el concejal UDI Ricardo Sáez presentó ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago -y que ha gatillado diligencias e interrogatorios de la fiscalía-, serían que Ana Ibarra habría falsificado documentos para acreditar experiencia en el servicio licitado por la municipalidad.
El concurso público también exigía tener experiencia logística en actividades como carpas, toldos, escenarios, graderías, amplificación, pantalla, cortinajes, cubre pisos, calefacción, iluminación, seguridad, baños químicos, generadores eléctricos, mesa y mesones, mantelería y vajilla.
Pero según un certificado del Servicio de Impuestos Internos (SII) que Sáez acompañó en la querella, Ana Ibarra inició actividades en servicios de banquetes, bodas y otras celebraciones el 20 de agosto de 2013, y de producción de recitales y otros eventos musicales masivos el 9 de septiembre del mismo, año, pocos días antes de la adjudicación del contrato. Lo que acreditaría su ausencia de experiencia previa en la materia, según el concejal.
En ambas licitaciones, la de 2013 y la de 2014, sólo se presentaron dos oferentes cada vez, y los dos competidores de Ana Ibarra, Julio Aguayo Campos y Hernán Pérez Morales, fueron sacados del concurso público por no presentar las boletas de garantías exigidas, quedando ella como la única oferente.
Lo paradójico, denuncia Sáez, es que en el concurso de 2013 Ana Ibarra recibió de parte de la comisión evaluadora de la municipalidad la máxima puntuación -100%- en el ítem de experiencia, porque había acreditado tener dos contratos desde 2011. Sin embargo, en la reciente adjudicación de diciembre pasado obtuvo un 0% en el mismo ítem de experiencia. Por lo que la comisión dejó constancia de que “el único oferente no cumple respecto de los requisitos mínimos para obtener la puntuación que entrega este factor”.
Este incumplimiento en la experiencia no impidió que la municipalidad le adjudicara el contrato por segunda vez, pese a que, además, ya estaba en medio del litigio judicial.
En la primera adjudicación de septiembre de 2013 cuatro concejales votaron a favor, sólo Sáez estuvo en contra y el alcalde Jadue se abstuvo. Pero en la votación de diciembre pasado hubo un empate entre los ocho concejales, pero el alcalde votó a favor de la adjudicación.
Querellante: “Licitación se debió declarar desierta”
El querellante sostiene que la licitación se debió declarar desierta y que la adjudicación se hizo «en forma dolosa, al menos culpable, por la administración municipal a una persona que no cumple con los requerimientos establecidos por la propia administración”.
El texto agrega que «estamos frente a un tipo especial de estafa que afecta a la municipalidad, esto es, una actividad engañosa destinada a obtener una prestación improcedente”.
Nota de la redacción
Con fecha 6 de septiembre, el señor Leonel Llanos Contreras, esposo de Ana Karina Ibarra Cadiz, hizo llegar a El Líbero la siguiente carta, aclarando lo que pasó con el caso.
Señores del periódico El Líbero,
A través de la presente hago un reclamo formal por la información falsa o al menos errada que se está difundiendo en vuestro sitio web, respecto de mi señora Ana Karina Ibarra Cadiz.
En vuestro sitio web se han publicado con anterioridad y en la actualidad una serie de noticias que ponen a mi señora Ana Karina Ibarra Cadiz como una delincuente por supuestos delitos de uso malicioso de instrumento privado, obtención fraudulenta de contrato y prevaricación, todo relativo a los hechos denunciados en la causa RUC: 1410017767-7, RIT: 3877-2014, seguida ante el 3° Juzgado de Garantía de Santiago.
Importante es que ustedes y la opinión publica sepan que luego de una larga investigación de parte del Ministerio Público, este ente decidió con fecha 28 de abril de 2015 no perseverar en la investigación, porque los antecedentes no permitían sostener estas imputaciones, las cuales resultaron ser irreales, decretando dicho tribunal el término de causa sin formalizar a ninguna persona, estando actualmente archivada la causa por decisión del ente persecutor, que ha decidido no seguir con la investigación.
Lo anterior demuestra que ha existido una mala fe de vuestro diario, que sigue publicando antecedentes de una causa archivada y donde se decidió no perseverar, como si esta se encontrara vigente, por lo que estimamos esta noticia se debe borrar o aclarar.
Leonel Llanos Contreras.
Con fecha 26 de febrero de 2020, El Líbero recibió una carta firmada por Ramón Luciano Sepúlveda Castillo, abogado, en la que se expone lo siguiente:
«Junto con saludar, me dirijo a ustedes en representación de ANA KARINA IBARRA CÁDIZ, cédula de identidad 13.043.169-0, a fin de realizar una solicitud respecto de la siguiente publicación: (http://ellibero.cl/actualidad/querella-por-estafa-y-denuncia-por-agresiones-complican-la-gestion-del-alcalde-jadue-pc-en-recoleta/#) que se encuentra actualmente publicada en su página web.
Mi representada fue injustamente imputada por los delitos de Obtención Fraudulenta de Prestaciones Estatales, Uso Malicioso de Instrumento Privado y Prevaricación Administrativa, contemplados en los artículos 470 N°8, 198 y 228, todos del Código Penal, en una querella presentada con fecha 04 de junio de 2014, por don RICARDO SAEZ VALENZUELA, concejal en dicha época de la comuna de Recoleta, seguida ante el 3° Juzgado de Garantía de Santiago, con el RUC: 1410017767-7 y RIT: 3877-2014, la cual fue difundida por ustedes en la citada publicación.
Conforme a lo expuesto, esta publicación lleva en su web más de 5 años, pese a que luego de una serie de diligencias de investigación realizada por parte del Ministerio Público, dicho organismo decidió no perseverar en la investigación, le comunicó al juzgado de garantía con fecha 28 de abril de 2015, poniendo fin a dicha causa sin que mi representada ni siquiera fuera formalizada.
Junto con lo anterior, esta defensa solicitó el sobreseimiento definitivo de esta causa, en consideración a que las actuaciones de mi representada no eran constitutivas ilícito alguno, el cual fue discutido y concedido por el 3er Juzgado de Garantía de Santiago, con fecha 5 de julio de 2019, declarando su sobreseimiento por la causal del artículo 250 letra a) del Código Procesal Penal, es decir por no ser constitutiva de delito la conducta perseguida respecto de mi representada ANA KARINA IBARRA CADIZ.
Es debido a las consideraciones que acabo de exponer, que les vengo a solicitar formalmente que ustedes como un medio de comunicación digital, que eliminen de su página www.nuevoellibero.staging.wpengine.com, la publicación antes mencionada, en atención a que dicha noticia ha perjudicado por más de 5 años la honra e imagen de mi representada, siendo una noticia que se basa en hechos no reales, injuriosos y calumniosos.
Lo anterior, a fin de evitar acciones judiciales que logren este objetivo y que puedan generar mas perjuicios a mi representada, solicitando derechamente que esta publicación sea eliminada en los términos señalados en los próximos 3 días de que sea recibida la presente carta».
Al respecto, El Líbero hace ver que según sus lineamientos editoriales estima su deber poner en conocimiento de sus lectores todos los antecedentes relevantes de que disponga respecto de una noticia, presente o pasada. Este medio cree que su labor es entregar más información y no menos, actuando con total transparencia y apego a los hechos comprobables, como lo ha realizado en el caso de esta noticia.