Hace casi dos años, el presidente ejecutivo de Banco Estado, Guillermo Larraín, tuvo que renunciar tras el escándalo público que generó la entrega de un bono de término de conflicto de $6,3 millones a cada uno de los 9 mil trabajadores de dicha entidad, y que tuvo un costo de US$84 millones.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, admitió esa vez que el reajuste laboral “fue más allá del marco que habíamos puesto”, ya que era muy “importante en estos tiempos en que la economía crece menos de lo que esperábamos, en que el precio del cobre está bajo y que ha habido calamidades en Chile que son caras y que estamos financiando, además de prioridades muy claras como la educación y salud, tenemos que tener particular cuidado en otros ámbitos del Estado”.
Sin embargo, apenas dos años después, y sin que hubieran cambiado las condiciones económicas del país que dijo Valdés, el Banco Estado volvió a repetir el “billetazo” y entregó un bono por $4,5 millones a los trabajadores, más un reajuste real (más inflación) de 3,5%, entre otros beneficios que le significan un costo de US$62,4 millones a la institución, lo que equivale a más del 50% de las utilidades reportadas durante el primer semestre (US$115,4 millones), según La Tercera. Esta vez, sin embargo, dicho benefició contó con el apoyo del ministro Valdés.
$10,8 millones en dos años han recibido en bonos los trabajadores de Banco Estado
La entrega de esos beneficios significan que, en apenas dos años, los trabajadores del banco estatal han recibido dos bonos por $10,8 millones, con un costo de US$147 millones para la institución.
Lo complejo es que el Banco Estado ha recibido millonarias capitalizaciones del Estado, con recursos de los contribuyentes, para mejorar su funcionamiento. Así ocurrió en 2015 cuando el Fisco le traspasó US$500 millones para aumentar los créditos hipotecarios y comerciales para las pequeñas y medianas empresas, mejorar los indicadores de capital, aumentar el potencial de colocaciones totales y mantener su participación de mercado.
Incluso, está pendiente otro traspaso de US$1.000 millones desde el Estado para que el banco estatal cumpla con la nueva normativa de exigencia de capital, proyecto que ingresó al Congreso en junio pasado.
Pero, ¿cómo se explica que BancoEstado entregue por segunda vez en dos años un bono tan oneroso?
Las razones principales hay que encontrarlas en la entrada en vigencia de la reforma laboral, que prohíbe el reemplazo de los trabajadores en huelga; y en las elecciones presidenciales de este año, que significarán un cambio de gobierno y probablemente de las autoridades del banco.
“Considerando la incertidumbre que existe respecto a la definición de los servicios mínimos, cuya discusión podría retrasar hasta el próximo año la negociación colectiva, sindicato y administración adelantaron dicho proceso de diálogo, alcanzando un beneficioso acuerdo para los trabajadores y sus familias”, señaló el sindicato del banco, dirigido por Marco Beas (en la foto), en una carta a los trabajadores en que informó del acuerdo con la empresa.
A diferencia de 2015, una huelga ahora habría sido con la legislación actual que prohíbe el reemplazo, lo que hubiera generado alto impacto para el país, precisamente en época electoral, lo que habría sido altamente inconveniente para el Gobierno y la Nueva Mayoría.
Así lo afirma el abogado y experto laboral, Bernardo Fontaine a este diario: “Ante el temor de paralizar el banco con un inmenso impacto en clientes y empresas, producto de que no existe reemplazo en caso de huelga por la reforma laboral vigente, los directivos del Banco Estado se debieron ver obligados a ceder y entregar un billetazo al sindicato”.
A Fontaine le sorprende que ahora no haya críticas a esta negociación, considerando que el banco requiere una multimillonaria capitalización de recursos. “El banco está lejos de estar en una situación financiera holgada”, afirma.
En la misma línea, Cecilia Cifuentes, investigadora del ESE Business School, lamenta que “nuevamente vemos que el poder de presión del sindicato del BancoEstado lleva a que esta institución deba entregarles un porcentaje muy significativo de las utilidades, para detener el efecto muy dañino que podría tener una huelga. Este resultado es un costo evidente de la nueva legislación de derechos colectivos que entró a regir en abril”.
Cifuentes agrega que la actual legislación, al prohibir el reemplazo en la huelga, le entrega a los dirigentes sindicales “el poder de paralizar totalmente una empresa, especialmente en un caso como este, donde la tasa de sindicalización es muy alta. La paralización de una empresa como Banco Estado no sólo es muy negativa para la empresa y sus clientes, puede generar daño sistémico, dada la importancia de la cadena de pagos”.
Además, plantea que en una empresa privada, el daño de una huelga sin reemplazo, que la puede llevar a la quiebra, se ve en algo atenuado por el hecho de que se vería amenazada la sustentabilidad futura de la empresa, y con eso también los puestos de trabajo.
En cambio, en una empresa pública, “ese riesgo no es percibido por sus trabajadores, que no ven la posibilidad de que la empresa pueda quebrar, sino que “el fisco se tiene que poner”. El excesivo poder de presión que entrega la reforma laboral lleva a que estos trabajadores puedan recibir una mejoría en sus condiciones muy superior a lo que el mercado es capaz actualmente de entregar”.
El rol de las elecciones en el “billetazo”
La carta del sindicato admite, además, que se adelantó la negociación que correspondía hacer el año próximo para éste, luego de evaluar “el daño que significa para los funcionarios realizar la negociación en 2018, donde ni siquiera existe certeza de su fecha de inicio, dado que estaríamos al arbitrio final de los Tribunales de Justicia”.
Por ello, “consideramos además la conveniencia de evitar la exposición pública y el clima de una próxima elección presidencial, desarrollando un proceso cuyo resultado es el incremento sustancial de los beneficios del convenio colectivo”.