El Presidente Sebastián Piñera presentó la nueva Reforma Procesal Civil y la Reforma al Sistema de Nombramiento de Jueces para entregar más y mejor acceso a la justicia. Los proyectos forman parte del compromiso del Gobierno para acercar y transparentar el acceso a la Justicia.

Cambio en el Código de Procedimiento Civil, en el Código de Orgánico de Tribunales y una nueva ley de mediación son parte de los ejes de la iniciativa.

La Reforma Procesal Civil implica, según señaló el mandatario, un cambio de paradigma en la resolución de los conflictos civiles al centrarse fundamentalmente en el acceso real de las personas a la justicia, incorporando procedimientos más modernos, simples y accesibles.

Acompañado por los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín; de Hacienda, Rodrigo Cerda; de Economía, Lucas Palacios y de la Segpres, Juan José Ossa, anunció que dentro de la iniciativa se contempla otros dos proyectos: la ley de mediación, que permitirá fomentar la resolución de conflictos en materia civil y comercial, incorporando dentro del Poder Judicial una unidad especializada que prestará este servicio de manera gratuita a toda la comunidad; y el proyecto de ley que reforma el Código Orgánico de Tribunales, que diseña toda la estructura orgánica asociada a la reforma.

El mandatario aseguró que existen seis beneficios con la reforma procesal civil como mayor cobertura, pasando de 136 a 164 comunas del país donde el ciudadano o ciudadana contará con servicios de justicia civil en su misma comuna, la disminución de tiempos de tramitación: con el nuevo procedimiento civil existirá una disminución en los tiempos de tramitación de 60% en el caso de los procedimientos ordinarios y de un 87% en el caso de los sumarios.

Así mismo, aumenta el número de jueces, incrementa en 76% el número de jueces, existiendo al menos 2 en todos los tribunales con competencia civil del país. Agrega una nueva línea de atención de público y mediación: Dentro del impacto que tendrán los ingresos de los tribunales civiles reformados, se espera que ingresen al menos
200.000 causas al servicio de mediación judicial.

Con esto, se espera una disminución de costos para usuarios, que se incorporan procedimientos que facultan la comparecencia sin abogado, lo que permitirá que un mayor número de personas pueda acceder a la justicia para resolver sus conflictos. A su vez, se consagran vías remotas para la realización de determinadas actuaciones y diligencias, como por ejemplo en materia de constitución de patrocinio y poder, notificaciones, remates electrónicos y audiencias.

La iniciativa busca mayor eficacia en el cumplimiento, por lo que se introducen herramientas que favorecerán el aumento del recupero debido a la incorporación de tecnología como la subasta electrónica, lo que permitirá el cumplimiento oportuno de las sentencias judiciales, promoviendo procesos más transparentes.

Sistema de nombramiento de jueces

Junto con esto, el Presidente presenta también la reforma al Sistema de Nombramiento de Jueces, propuesta que surge de una mesa de trabajo interinstitucional convocada por el Ministerio de Justicia. El objetivo de esta reforma es transparentar y priorizar la meritocracia en la designación de jueces y fortalecer la independencia interna de los mismos, cerrando los espacios de discrecionalidad de los superiores jerárquicos.

Para esto se elimina la facultad de las Cortes de elaborar las ternas para enviar al Presidente, ya que es en esta fase donde puede producirse la mayor discrecionalidad e impacto en la independencia judicial. Se sustituye por concursos públicos regulados, con resultados vinculantes.

El mecanismo propuesto pone fin a la facultad discrecional y unilateral del Ejecutivo de designar a los jueces y otros funcionarios del Escalafón Primario, a partir de la propuesta de las Cortes, y la sustituye por un acuerdo colegiado y fundado de la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales.

Con esto se crea un organismo con autonomía, (Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales) que regulará y dirigirá los procesos de selección y realizará el nombramiento por medio de una resolución colegiada y fundada.

Esta Comisión estará integrada por: un miembro designado directamente por el Presidente de la República, que lo preside, dos miembros designados por la Corte Suprema, previo concurso público y otros dos miembros designados por el Senado, previo concurso público.

Así, se eliminan además los traslados y permutas como formas de proveer los cargos en el Escalafón Primario. De esta forma, el concurso público constituirá el único mecanismo posible para ocupar un cargo.

El proyecto de ley incorporará normas además que complementan el sistema reforzando la transparencia y la calidad de la gestión. A través de la aplicación de las normas de transparencia en la agenda de actividades de ministros, relatores y fiscales, con el objeto de reforzar los instrumentos que permitan erradicar del sistema prácticas inadmisibles en el contexto del nombramiento (y en la función judicial en general), como las audiencias privadas.

Al mismo tiempo, añade normas que regularán las visitas de supervisión de los Ministros de la Corte Suprema a las Cortes de Apelaciones y de éstas a los tribunales de primera instancia. Se fijarán parámetros objetivos para las visitas de los ministros de la Corte Suprema, por medio de manuales de procedimiento y se establecerá la obligación de optimizar la información ya disponible en los sistemas internos y de realizar seguimiento de las medidas dictadas por el ministro visitador.