Esta mañana, algunos parlamentarios de la oposición presentaron oficialmente una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, la cual responde a infracciones en el pago de subvenciones, el propiciar las condiciones sanitarias para el retorno a clases y el pago de beneficios al personal docente.

Entre los impulsores del escrito se encuentran Camila Rojas (Comunes), Camila Vallejo (PC), Gonzalo Winter (CS), Juan Santana (PS), Mario Venegas (DC), Rodrigo González (PPD), Tomás Hirsch (Acción Humanista), Esteban Velásquez (FRVS) y Marcela Hernando (PR), Cristina Girardi (PPD), Marcelo Schilling (PS) y Pamela Jiles (PH).

El libelo acusatorio asegura que el ministro Figueroa vulneró la Ley y la Constitución en materias como el financiamiento de la educación pública y la vulneración de derechos de los trabajadores de la educación.

«Son tres capítulos, el primero referido a infracción a la Constitución y las leyes en lo que tiene que ver con regulación y financiamiento del sistema educativo. El segundo capítulo con infracción a las leyes que vulneran a las y los trabajadores de la educación y el tercero referido a la amenaza a la vida, la integridad física y la psíquica”, señaló la parlamentaria.«Vamos a trabajar para mostrar cada argumento que tenemos, cada infracción que ha cometido el ministro para que cada diputado de oposición y ojalá de Chile Vamos, acepten que acá ha habido infracción a las leyes y a la Constitución, argumentó la diputada de Comunes.

El Ministerio de Educación no inyectó un peso más en educación durante todo este tiempo en pandemia, Chile es uno de los pocos países de la OCDE que no puso recursos; pero lo más grave y lo que venimos a denunciar y que ponemos en la acusación constitucional es que muchos establecimientos educacionales, especialmente los municipales recibieron menos recursos que los años no pandémicos”, cuestionó.

En tanto, Camila Vallejo, denunció que «hay una vulneración inaceptable que merece una acusación constitucional«. «No puede ser que en este Congreso tengamos habilitadas las condiciones para sesionar presencial y telemáticamente y las escuelas no lo tengan«. «Los recursos están, pero no se han destinado para continuar con este derecho», argumentó la diputada del partido comunista.

La acusación cuenta con las firmas de los integrantes de oposición de la Comisión de Educación de la Cámara, mientras que se busca además el apoyo de otros parlamentarios para que esta sea lo más transversal posible.

Durante la jornada, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, señaló que «los diputados tienen las atribuciones para presentar este tipo de acusaciones», sin embargo, «hoy es un momento en el que todo el país debe estar destinando su tiempo, su energía, su trabajo y compromiso a resguardar el bienestar de los niños y jóvenes en el sistema educativo». 

«Nosotros mientras tanto seguiremos trabajando con un principal objetivo, cómo asegurar que nuestros niños y jóvenes tengan un efectivo derecho a la educación y ningún tipo de acusación nos va a desviar de ese objetivo«, agregó.

Asimismo, dijo que «hemos hecho todo lo necesario en un contexto complejo para apoyar al sistema educativo para entregarle la máxima seguridad a las familias de manera que puedan tomar una decisión informada respecto de la vuelta a clases, para apoyar todo el proceso de educación a distancia y mitigar al máximo los efectos complejos que tiene el Covid en el sistema educativo».

«Creemos que hoy más que nunca se requiere un esfuerzo adicional y conjunto para que todos nuestros alumnos tengan la posibilidad de acceder a la educación que merecen», concluyó.

¿Quiénes revisarán esta acusación?

Tras el tradicional giro de tómbola, la comisión de cinco legisladores encargados de revisar el mérito del libelo, estará integrada por la diputada Marisela Santibáñez (PC),  junto a Tomás Fuentes (RN) y los UDI Guillermo Ramírez, Enrique van Rysselberghe y Juan Manuel Fuenzalida.

Ahora se espera que durante los próximos tres días se le notifique al ministro de Educación que será acusado, el que quedará con arraigo nacional desde ese momento. Dentro de los diez días siguientes él podrá defenderse ante la comisión, personalmente o a través de abogados, y seis días después la comisión deberá emitir un informe a la Sala tras haber escuchado también a los acusadores y a quienes ellos consideren pertinentes.