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Publicado el 10 de mayo, 2015

Delincuencia vuelve a ser primera preocupación de la ciudadanía: Paz Ciudadana evalúa gestión del Gobierno y la Fiscalía

Autor:

Uziel Gomez

La encuesta CEP arrojó que por primera vez en dos años la delincuencia desplazó a la salud y la educación como el principal problema de los chilenos. A su vez, Adimark mostró que es la gestión peor evaluada del Gobierno.
Autor:

Uziel Gomez

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Desde marzo de 2000 la preocupación por la “delincuencia, asaltos y robos” lideró la preocupación de los chilenos en la encuesta CEP, -con variaciones entre 37% y 59%-, para cederle recién el primer puesto a salud y educación en agosto de 2013, y recuperarlo casi dos años después en la encuesta dada a conocer este jueves, en que superó con 46% a salud (45%) y educación (40%).

En paralelo, de las 12 áreas de gestión del Gobierno evaluados por la ciudadanía en la encuesta semanal Adimark, la delincuencia obtuvo en abril pasado el último lugar en desaprobación con un 86% vs 13% de apoyo, negativa evaluación que se ha mantenido históricamente.

Audiencia del caso Penta, fiscal nacional Sabas ChahuánSegún las estadísticas del Ministerio Público que dirige Sabas Chahuán, en 2014  del total de delitos denunciados, el 45,8 % se archivó provisionalmente porque no se pudo investigar. Al contrario, de los delitos contra la propiedad, el 94% de los que tuvieron imputados desconocidos se archivaron. En el caso de los casos con imputados identificados la cifra bajó a 38%.

En el primer trimestre de este año, de los 85 mil robos y robos no violentos ocurridos en el país, el 88,3% también tuvo imputados desconocidos. En el mismo período, los robos en lugares no habitados de la Región Metropolitana aumentaron en 10,6%, con un alza del 30% en la Fiscalía Occidente.

Para entender esta primacía en la preocupación por la delincuencia, la directora ejecutiva de la Fundación Paz CiudadanaCatalina Mertz, conversa con “El Líbero”.

-A su juicio, ¿por qué  la delincuencia vuelve al primer lugar en la preocupación de los chilenos después de casi dos años, en que estuvo liderada por salud y educación?

-Desde 1994 la seguridad, salvo una o dos veces, se ha presentado como una de las tres principales preocupaciones de la ciudadanía. Lo interesante es entender por qué, como área de gestión de gobierno, es siempre la peor evaluada en las encuestas, tal como la ha informado, por ejemplo, la CEP o la encuesta GFk Adimark en la última semana. La delincuencia y la seguridad siempre han sido entendidas como prioritarias, es recurrente en los programas de gobierno, y es por ello vuelve a aparecer sistemáticamente en todas las mediciones.

-¿Están haciendo lo suficiente el Gobierno, la Fiscalía, la Justicia y las Policías en materia de seguridad ciudadana?

-El tema es complejo y requiere de una mirada profunda e integral. Sin embargo, de él se desprenden  dos grandes temas. El primero, es que 9 de cada 10 pesos se destinan a reaccionar frente al delito, y un 75% del presupuesto está destinado a las policías y al Ministerio Público, que suelen tramitar sobre la base del “caso a caso”.

Lo segundo, es que tal como lo expresó el propio fiscal nacional en su última cuenta pública, la institucionalidad tiene un problema constante con los delitos contra la propiedad, lo cuales  tienen un 80% de imputados desconocidos, lo que lleva a archivar en forma provisional el 94% de estas causas con esta característica, lo que genera —por ende— una mala evaluación ciudadana, ya que son estos delitos los que más afectan a los chilenos.

Lo relevante es que hay que instalar en el trabajo de las instituciones encargadas de la persecución, capacidades de análisis criminal y seguimiento constante de los mercados  de bienes robados y sus cadenas de distribución. Estos son problemas delictivos que hay que atacar y comprender. En los robos al retail, por ejemplo,  hay bandas organizadas que están detrás de la distribución y venta de bienes, lo que se transforma en  la leña o el combustible detrás de los delitos contra la propiedad. Por otra parte, tenemos muy escasas políticas de  prevención, la implementación de pocos programas basados en la evidencia  que permitan una detección temprana de grupos delictivos, y en donde además falta calidad y cobertura. Es justamente ahí donde mayor rentabilidad social se debe lograr.

-¿La impunidad está directamente relacionada con la frustración de las personas que evalúan mal la gestión del Gobierno en delincuencia?

-La gente no solamente evalúa mal al Gobierno, sino que en general a todas las instituciones que conforman el sistema de seguridad pública y justicia, así como a las autoridades parlamentarias, nacionales y comunales. Por ejemplo, una reciente encuesta de la Cámara Nacional de Comercio arroja que de la mitad de los comerciantes que denunciaron robos, un 75% de ellos no tuvo la respuesta que esperaba. La encuesta de victimización de la Fundación, realizada en hogares y para cierto tipo de delitos, también muestra lo mismo.  Es más, quienes son víctimas le ponen mala nota a las instituciones, pero la calificación empeora más aún cuando los hechos se denuncian y se toma contacto con el sistema. Lamentablemente, mientras más cerca están del sistema —por delitos a la propiedad— más es la insatisfacción con la respuesta que se les da.

-¿Cuál es su análisis sobre la gestión de la Fiscalía?

-La Fiscalía se instaló y consolidó su accionar a 15 años de la puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal. Sin embargo, hoy enfrenta desafíos de segunda generación, que dice relación en cómo adecua sus políticas y procesos para incorporar, por ejemplo, el  análisis criminal de manera más masiva, o estrategias de persecución focalizadas en problemas más prevalentes en cada  territorio, región o comuna.  Por ejemplo, en el sur está el tema del robo de salmones y de madera, en el norte el narcotráfico. Hay que explicitar cuáles son los focos de persecución  penal y poner en práctica un tratamiento más analítico, que supere la homogeneidad y la reacción caso a caso.

-Si compara los delitos económicos con los delitos violentos y robos, ¿ve diferencias en la resolución y sanción de los casos?

-En términos generales, a las personas comunes y corrientes les afecta poco el delito económico en su cotidianidad. Es un fenómeno muy distinto y sobre el cual como Fundación no tenemos una medición que permita entregar una opinión fundada al respecto. Lo que sí es claro, es que hoy el sistema de justicia y de persecución tiene elementos para para abordar ambos casos.

-¿Ve aumento en castigos o impunidad de los delitos?

-Todos los años, distintas mediciones, estadísticas, estudios o encuestas nos muestran un alto porcentaje de delitos que se archivan, básicamente porque no hay un imputado conocido o no hay antecedentes suficientemente contundentes para judicializar una denuncia. El Ministerio Público en su boletín estadístico anual correspondiente al 2014, señala que ingresaron un total de 1 millón 300 mil delitos para su conocimiento y tramitación. De este universo, el 45,3% correspondió a delitos con imputados identificados, mientras que el restante 54,7% se relacionaba con imputados no identificados. Es decir, ilícitos respecto de los cuales no existía información acerca de la identidad de quien lo cometió. Nuestro sistema penal tiene herramientas para mejorar, por lo que sólo elevar las penas, resultaría ineficaz e incierto.

-¿La delincuencia ha sido prioridad para el gobierno?

-El gobierno de la presidenta Bachelet presentó su plan de seguridad en agosto de 2014.  Los ministros de Justicia y de Interior y Seguridad Pública lanzaron a la vez otro plan en enero, denominado de “agenda corta de seguridad”, en que además se incluye el proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público, actualmente en tramitación en el Senado.

Si hacemos un recuento de las iniciativas, originalmente la seguridad ciudadana y la delincuencia no eran temas prioritarios frente a los cambios estructurales y reformas propuestos por el Gobierno. Sin embargo, la violencia y la colocación de artefactos explosivos, como ocurrió en el metro de Santiago, volvieron a ponerla en primera línea. Más allá de las evaluaciones, lo que hay que hacer es avanzar y perseverar en políticas integrales y coordinadas institucionalmente en materias de prevención y anticipación del delito, control, cumplimiento de penas, prisionización y reinserción social; así como en una planificación estratégica, modernización y rendición de cuentas de nuestras instituciones policiales, Gendarmería y el actual Servicio Nacional de Menores que hoy sigue teniendo a su cargo a los jóvenes infractores de ley.

-Según el último boletín trimestral enero – marzo del Ministerio Público,  el robo no violento es el que más se denuncia, y que  también se registra un aumento de los delitos contra la propiedad (robo en lugar no habitado). ¿Qué opinión le merecen estas cifras?

-En general, las estadísticas oficiales  señalan que el delito de robo no ha mostrado variaciones estadísticamente significativas, y que los hurtos sí han aumentado.  Naturalmente cualquier alza en los indicadores es preocupante. Lo importante es desplegar para ellos estrategias y capacidades de análisis criminal que apoyen la labor operativa, ya que muchos de estos se concentran en lugares, horarios y modos de comisión identificables.  Es decir, que siguen patrones comunes.

FOTO: MARIBEL FORNEROD/AGENCIA UNO

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