Oficiales de Gendarmería: Hay más de 800 bandas de crimen organizado en las cárceles… y algunas siguen operando

Para el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP), Mario Benítez, existe una “falta de visión estratégica del Estado respecto de lo que es el sistema penitenciario”, que ha llevado al eventual colapso del sistema advertido por el Ministerio de Justicia.

En el país hay más de 49 mil reclusos, siendo que hay capacidad para 41 mil. Y una vez que se pase la barrera de los 52.000 habrá hacinamiento en todo el sistema carcelario. Pero el problema no es solo de números, el representante de los oficiales penitenciarios señala que no es sólo urgente la construcción de un nuevo recinto, sino también atender el déficit del personal de Gendarmería, que llega a los mil funcionarios, y dotar de tecnología que permita, por ejemplo, avanzar en la inhibición de las señales de telefonía celular dentro de los penales.

Esto último es particularmente importante, siendo que “hay más de 800 bandas de crimen organizado o bandas delictuales que están en el interior de los centros penitenciarios”; y muchas de ellas siguen operando, incluso, tras las rejas. 

“El ministro de Justicia dice ‘estamos casi en un colapso’, bueno, ¿qué estamos haciendo entonces?”, reclama el presidente de ANOP. 

“A veces anuncian que se desmanteló una banda de crimen organizado, pero ingresan a los centros penitenciarios y siguen operando”

–Usted ha señalado que hay hechos históricos que no se han abordado a tiempo. ¿Qué es lo que ha quedado pendiente por resolver?

–El ministro de Justicia reconoce que estamos ante una situación grave de hacinamiento y que existe la posibilidad de un colapso del sistema penitenciario. Y eso tiene que ver con la falta de una visión estratégica del Estado respecto de lo que es el sistema penitenciario y cómo influye en la seguridad pública del país. Nos damos cuenta de que los carteles del crimen organizado, del narcotráfico, están instalados en el país y están incidiendo de manera determinante en la sensación de seguridad, en el aumento de delitos violentos. Entonces, hoy en día nos percatamos de que el sistema penitenciario quedó de lado de manera histórica. Un ejemplo de ello es que no se siguieron construyendo cárceles, ni se pensó en el fenómeno que se venía, y que nosotros lo veníamos viviendo hace tiempo, con respecto a los cambios conductuales en la población penal, que había otro tipo de delincuencia. Quien puede estudiar mejor al delincuente es Gendarmería, porque tiene a su resguardo a los delincuentes que atrapa la policía. Entonces, históricamente no se ha visto que invertir en el servicio penitenciario sea invertir en seguridad. Ahí se arrastra la infraestructura, las malas condiciones de trabajo del personal, la mala situación que existe respecto de la carrera funcionaria (…). En los últimos años, más que solucionar problemas, muchas veces se atendió solamente el aumento la dotación, pero no se modeló un sistema de carrera que fuera eficiente para promover el ascenso del personal que cumple con los méritos.

–El primer punto que señala son los carteles de crimen organizado que se han instalado en el país, ¿esas estructuras se están replicando al interior de las cárceles?

–Por supuesto. Gendarmería ha tenido un rol protagónico descubriendo cuáles son las bandas de crimen organizado que existen en el país, por ejemplo el Tren de Aragua, información que se ha manejado con la inteligencia penitenciaria. Eso ha aportado mucho en lo que es poder detectar estas bandas, su composición, su organización, cómo están estructuradas. Todo ese trabajo de inteligencia se hace desde las cárceles, por eso nosotros señalamos que ha faltado una visión estratégica respecto de las políticas criminales.

La política criminal no solamente tiene que abarcar el combate con las policías, sino que también tiene que hacerse desde el interior de las cárceles con el personal penitenciario, porque a veces anuncian que se desmanteló una banda de crimen organizado, pero resulta que esa banda después ingresa a los centros penitenciarios, y si éstos no tienen condiciones de segregación, y muchas veces están con un alto hacinamiento, estas bandas siguen operando desde el interior, entonces realmente no se han desmantelado, sino que se le ha cambiado su lugar geográfico, pero siguen operando.

–¿Y eso está pasando ahora? ¿Con cuáles de estas bandas?

–No podríamos decirlo, porque incluso podríamos afectar alguna investigación que se esté llevando a cabo, pero sí lo que vamos a señalar es que hay más de 800 bandas de crimen organizado o bandas delictuales que están en el interior de los centros penitenciarios. Entonces, es de toda lógica sostener que si nosotros no tenemos condiciones adecuadas que impidan el contacto o la comunicación de estos internos, de estas bandas, con el exterior, obviamente van a seguir operando. Especialmente el narcotráfico tiene un alto poder adquisitivo y tiene muchos medios para poder seguir delinquiendo, hay muchos recursos en juego aquí que manejan las bandas criminales y sobre todo las ligadas al narco.

“Llevamos más de un año en conversaciones con el Ministerio de Justicia  y no tenemos avances concretos”

–¿Cómo es su relación con el Ministerio de Justicia? ¿Cuál ha sido la recepción del Ministerio de Justicia cuando ustedes les llevan esas inquietudes?

–Nosotros estamos en una etapa de conversaciones con el Ministerio de Justicia, no a la velocidad ni con la urgencia que nosotros deseamos. Entendemos que hay muchas necesidades, pero sí creemos que podemos buscar soluciones en conjunto, trabajar de forma más coordinada, no solamente para reclamar o presentar los problemas, sino que también planteamos soluciones. Lo que le hemos venido diciendo al Ministerio de Justicia es que nos sentemos a conversar, que avancemos en propuestas que sean viables, contundentes y que vengan a avanzar en solucionar los problemas históricos. No hemos dicho nunca que queremos solucionar todo de una sola vez, porque esto implica muchos recursos y sabemos que la economía fiscal pasa por momentos difíciles, pero no podemos quedarnos mirándonos las caras, de brazos cruzados sin hacer nada, porque el crimen organizado, el aumento de la población penal, pueden llevar a situaciones muy complejas, dentro de la seguridad interna de los recintos y también puede afectar la seguridad de la comunidad. Entonces, no podemos quedarnos inmóviles y ahí nosotros hemos pedido tener más premura, más atención.

–¿Con qué auoridades han conversado?

–Nosotros nos comunicábamos con el subsecretario (Jaime Gajardo). Con el ministro (Luis Cordero) hemos tenido una reunión, pero quisiéramos que esto tenga resultados, que avancemos en medidas concretas, y eso es lo que nosotros estamos demandando. Se han suspendido algunas reuniones que estaban programadas con antelación, y esa no es una buena señal (…). La idea es que avancemos, que trabajemos en conjunto, pero que tengamos medidas que sean propuestas y que también tengan el respaldo del Gobierno, porque esto no solamente depende de Justicia y, hay que aclarar también que el Ministerio de Justicia no maneja la billetera del fisco. Aquí también hay que tener un compromiso del Ministerio de Hacienda, y eso tiene que ver con las prioridades del gobierno.  

El Gobierno anunció una inyección de 1.500 millones de dólares, extra, para enfrentar la crisis de seguridad, pero vemos que esos recursos están siendo destinados a otras instituciones y Gendarmería va quedando en el patio trasero, como nosotros decimos, del sector justicia, y vamos quedando olvidados. Planteamos esta demanda porque vemos que las prioridades parece que se enfocan solamente en un combate policial a la delincuencia, no integral.

–¿Qué se debe priorizar? 

–Para combatir el hacinamiento se requiere sí o sí la construcción rápida de un nuevo recinto. Hay que remover todos los obstáculos burocráticos que hoy día se presentan para poder construir un recinto con rapidez y, además, esos recintos requieren personal. Ya tenemos un déficit importante de más de mil funcionarios menos en nuestros escalafones, mil funcionarios menos en las cárceles. Hemos planteado la posibilidad de, por ejemplo, recontratar personal que esté en retiro, que tiene la experiencia y la capacitación para trabajar con población penal, porque no es algo fácil, mientras también se dispone de la formación de curso, pero eso es más lento, porque formar personal penitenciario requiere de un concurso de llamado, de un proceso de selección, de admisión, y después de formación, eso se demora dos años, y tenemos urgencias para hoy. Entonces, recinto penitenciario, personal y también tecnología, que pueda estar al alcance rápido con licitaciones que sean expeditas, y que puedan, de cierta forma, ayudarnos a contrarrestar el ingreso de elementos prohibidos, de los teléfonos celulares, hay que avanzar en la inhibición de las señales de telefonía celular. Esas cosas son rápidas, se pueden hacer a corto plazo, y eso es lo que venimos planteando al Ministerio de Justicia.  

Para mejorar la dotación del personal la carrera funcionaria es fundamental, porque tienen que existir motivaciones para que los jóvenes quieran ingresar a Gendarmería, y para que los que ya ingresaron quieran seguir perteneciendo a la institución, porque cuando tienes muchas trabas para ascender existe claramente una desmotivación dentro de las filas del personal. 

Llevamos más de un año en conversaciones con el Ministerio de Justicia  y no tenemos avances concretos. Muchos gremios históricos de Gendarmería, los más representativos del personal, han puesto la alerta. Hemos acordado una agenda de trabajo en conjunto con los otros gremios. Eso significa que aquí va a haber coordinación de los gremios, va a haber una activación, si es que no tenemos respuesta que sea oportuna a estas demandas que, en realidad, más que demandas, son las condiciones mínimas que el Estado debe entregar al personal de Gendarmería para poder ejecutar de buena forma su labor.

«Si se están inyectando 1.500 millones de dólares en seguridad, ¿por qué Gendarmería queda fuera de esto?»

–¿Cuántos funcionarios de Gendarmería debería haber y cuántos hay?

–Hay casi 14 mil y deberían ser más de 15 mil.

–¿A qué atribuye que no haya habido avances concretos si llevan más de un año de conversaciones con el Ministerio de Justicia? 

–Yo creo que aquí la voluntad política existe. Porque cada vez que nosotros hemos planteado proyectos de mejoramiento para Gendarmería, todo esto termina con una aprobación unánime dentro de ambas salas del Congreso. Es decir, la conciencia política yo creo que está.

Falta, yo creo, una decisión del Gobierno de darle prioridad a estos temas. El Presidente conoce a Gendarmería. Él ha trabajado con nosotros porque cuando él era diputado trabajó con los gremios y él conoce bien la realidad penitenciaria. Yo creo que él tiene mucha conciencia de los problemas que hoy día tenemos. Así que nosotros tenemos confianza y también fe en que el Presidente va a escuchar lo que nosotros estamos diciendo y yo creo que él puede de cierta forma destrabar todo esto. Ponerse en la posición de avanzar en los temas de corto, mediano y largo plazo.

–¿Son nudos burocráticos, más bien?

–Sí, y obviamente hay un tema económico detrás. Si en seguridad para el resto de los servicios  y las instituciones se están inyectando 1.500 millones de dólares en régimen, ¿por qué Gendarmería queda fuera de esto? Esa es la pregunta. ¿Por qué Gendarmería no es considerado dentro del circuito de seguridad? ¿Por qué Gendarmería queda anulada o queda invisibilizada?  Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Cuál es la visión? Hay un tema histórico, ha sido la miopía que han tenido las distintas administraciones en considerar que el tema penitenciario es tan importante como el tema policial para inhibir la delincuencia o inhibir el delito. Ese es un cambio de visión que tiene que haber. Se tiene que cambiar esa mentalidad y tienen que verse las políticas criminales de manera integral, es decir, abarcar todo el circuito  porque si no cortamos el circuito dentro de las cárceles sigue pasando igual. Eso es lo que nosotros hemos venido planteando, es un tema que está  estudiado y que tiene muchos fundamentos. Entonces esperamos que haya voluntad del gobierno en avanzar.

“La delincuencia es muy dinámica y si las cárceles son las mismas que hace 150 años obviamente vamos quedando muy atrás”

–¿Con respecto a la seguridad al interior de las cárceles, en la práctica qué se ha hecho? ¿Solo las requisas masivas?

–Es que eso es lo que nosotros hacemos todos los días. Los gendarmes todos los días hacen allanamientos sorpresivos. Eso se hace todos los días. Lo que pasa es que cuando se hacen procedimientos a nivel nacional tienen otra connotación. Por lo tanto, para nosotros no es algo novedoso, es algo que siempre se hace.

–¿Y por qué entonces los presos tienen elementos prohibidos?

–Mientras existan malas condiciones en los recintos, mientras los recintos estén al lado de las poblaciones, donde fácilmente se puede lanzar un objeto desde el exterior, si no existe la tecnología suficiente para registrar a las personas esto va a seguir ocurriendo. En Santiago tenemos la Cárcel de Santiago I y la Ex Penitenciaría, que tienen cerca de 5 mil presos cada uno, que están absolutamente hacinadas, y en un centro tan concurrido como ese punto de la capital. La Penitenciaría va a cumplir 180 años, entonces es un recinto muy, muy antiguo. Mientras mantengamos esas condiciones, es difícil eliminar la posibilidad de ingresar elementos prohibidos. Es muy difícil, muy difícil.

Las cárceles nuevas que se construyen tienen que considerar, por ejemplo, perímetros exteriores que impidan lanzamientos, se debe regular que no existan construcciones cerca de las cárceles, y así muchas condiciones más que hay que modernizar. La delincuencia es muy dinámica, el comportamiento de la persona es muy dinámico, y si las cárceles vienen siendo las mismas que se construyeron hace 150 años, hace 100 años, hace 50 años, obviamente vamos quedando muy atrás.

“El ministro de Justicia dice ‘estamos casi en un colapso’, bueno, ¿qué estamos haciendo entonces?”

–¿Qué piensa sobre las advertencias del ministro de Justicia respecto del riesgo de colapso del sistema penitenciario?

–Cuando el ministro de Justicia dice que estamos frente a un riesgo de un colapso del sistema penitenciario, nos gustaría que frente a ese riesgo, hubiesen medidas oportunas. Si el ministro está diciendo, ‘mire, estamos casi en un colapso’, bueno, ¿qué estamos haciendo entonces?.

–¿Hasta ahora no se ha tomado ninguna medida en particular frente a ese colapso?

–Fuera de los procedimientos rutinarios, no. Frente a una situación extraordinaria, no podemos seguir haciendo lo mismo.

–¿Qué piensa del uso de las libertades condicionales para descongestionar el sistema?

–Respecto de que se otorgue un indulto general, que ya está descartado por el ministro, o que se aumenten las libertades condicionales, hoy día la situación de seguridad ciudadana, la situación de seguridad del país, no resiste una liberación masiva de reclusos. La ciudadanía rechazaría absolutamente una medida como esta, porque el tema de la delincuencia está muy fuerte, hay muchos delitos violentos que hoy día han aumentado, por lo tanto, no creo que sea una medida que sea bien recibida, y tampoco va a apuntar al fondo del asunto. Porque si tenemos una delincuencia más peligrosa, más violenta, más vinculada al crimen organizado, más organizada, no podemos pensar que con medidas que no sean privativas de libertad, vamos a garantizar la seguridad de la gente.

Hay que poner “reglas claras” respecto a los internos pertenecientes a pueblos originarios

–¿Han mejorado las cosas en la Cárcel de Angol? Recordemos que además del secuestro a los funcionarios, el año pasado hubo una controversia porque el director regional de Gendarmería de entonces y el lonko de Temucuicui llegaron a un acuerdo para trasladar a dos presos a un CET. 

–Nosotros no solo nos quedamos a la crítica, reconocemos el respaldo que dio el Ministerio de Justicia, la presencia del subsecretario de Justicia en Angol. Se dispuso el trasladado de estos internos a otro recinto y esa medida la encontramos acertada, reconocemos que es un avance en el apoyo, en el respaldo hacia el personal y hacia la jefatura de unidades. Así que en eso no nos perdemos y claramente lo valoramos, porque creo que es una señal muy correcta la que se dio.

Ahora, respecto de lo que haya ocurrido anteriormente, esto obedece a algunas consideraciones que se han hecho con el Convenio 169 de la OIT que dispone de algún tratamiento especial para los internos pertenecientes a pueblos originarios. Había condiciones que estaban fuera del reglamento, si bien es cierto es un convenio internacional, aquí es donde nosotros igual hemos dicho que la normativa para el tratamiento de este tipo de reclusos tiene que estar ajustada, debe actualizarse el reglamento de establecimientos penitenciarios, o dictarse otra norma que sea contingente y que ponga reglas claras respecto de cuál va a ser el tipo de tratamiento, los beneficios que van a tener, los recintos en que deben permanecer, inclusive por qué no pensar en un recinto especial que se ajuste a la cosmovisión de los pueblos originarios. Hay que conversar cuáles son las mejores opciones. 

–¿Se acató la decisión de Contraloría que pidió que dejara de aplicarse la resolución de 2020 que contraviene parcialmente el reglamento de establecimientos penitenciarios, en lo que tiene que ver con los presos de origen mapuche?

–La Contraloría dictaminó sobre eso y fue categórica en que por una instrucción no se puede pasar por sobre del reglamento de establecimientos penitenciarios. Es decir, aquí rige el reglamento de establecimientos penitenciarios y los acuerdos que se lleguen están fuera de la ley, por eso nosotros insistimos, tiene que haber una consideración especial en cuanto a la infraestructura, los tipos de recintos y el régimen que se debe aplicar para cumplir también con los convenios, porque a los convenios internacionales hay que darles cumplimiento.