El 17 de octubre el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, apareció por última vez en los patios de La Moneda para renunciar luego de que se conociera que había sido denunciado por una subalterna por violación y acoso sexual, investigación que lo tiene en prisión preventiva desde ayer.
Dos días después, y por medio de un comunicado, el Ministerio del Interior salió a explicar por qué no invocó la Ley Karin en este caso. Sin embargo, esta tarde el actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, dio a conocer que ese día 17 «se activan los protocolos vinculados a violencia y acoso sexual en lugares de trabajo».
La primera versión: no aplica la Ley Karin
Según el comunicado de Interior, la Ley Karin -que desde el 1 de agosto establece medidas para prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo- obliga a actuar solo cuando hay una denuncia interna, cuestión que no ocurrió en el caso de Monsalve y su subalterna.
«No existió ninguna denuncia presentada a través de canales gubernamentales, solo la interpuesta ante el Ministerio Público», detallaron para luego agregar que «se remitió información a la víctima sobre los pasos a seguir para ser atendida en la Mutual de Seguridad, en caso de que acepte asistencia psicológica» y que la subsecretaría reportó la situación a la Mutual de Seguridad, «activando la posibilidad de apoyo psicológico también para los equipos de la subsecretaría a partir del 21 de octubre».
Cordero: «El protocolo de la ley vigente se desarrolló»
Esta tarde el subsecretario Cordero fue requerido por la diputada Erika Olivera en la Comisión de Mujer de la Cámara sobre la aplicación de la Ley Karin, y él respondió: «El 17 es el momento en que como consecuencia y conocimiento de la notificación del sumario administrativo, el día 17 se activan los protocolos que están vinculados a violencia , acoso sexual en lugares de trabajo».
Para aclarar, Cordero recordó que «de los tres presupuestos que están en torno a la aplicación de la Ley Karin, es decir, la separación de espacios físicos entre denunciante y denunciado; la distribución de jornada, y proporcionar a la denunciante atención psicológica temprana con alguna de las instituciones a las que esté vinculada, los primeros dos supuestos no se aplicaban porque la denunciante se encontraba con licencia médica, y en segundo lugar, el denunciado y sumariado dejó su cargo el día 17″.
«En tercer lugar, lo que quedaba habilitado era proporcionar a la persona afectada la atención de conformidad a las reglas generales, y por eso, y solo por eso, el Departamento de la División de Desarrollo de las Personas de la Subsecretaría del Interior tomó contacto mediante correo electrónico con la denunciante para comunicar la instrucción del sumario administrativo y la activación del protocolo Vals, de modo tal que ella pudiera acceder a la atención temprana en el Instituto de Salud Laboral. Esa es la razón por la cual se tuvo contacto con la denunciante, esta vez el 18. Por lo tanto, el protocolo vinculado a la aplicación de la ley vigente, se desarrolló«, cerró el subsecretario.
Todos los contactos que ha tomado el ministerio con la víctima, dijo Cordero, han sido para facilitarle el trámite de las licencias médicas y advirtió, como sucede en el sistema público, que la subsecretaría le ha pagado sus remuneraciones íntegramente a la espera de la gestión de los sistemas de salud. Ella trabaja en sistema de honorarios.
Orellana detalla el acercamiento a la víctima
Explicando lo delicado que resulta la revictimización en estos casos, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, detalló que tras enterarse del caso el día 17 de octubre, le pidió a la jefa de la Unidad de Violencia del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), Laura Vit, que tomara contacto con la entidad que recibió la denuncia de la subalterna de Monsalve para por su intermedio ofrecerle ayuda legal y psicológica.
«Era de conocimiento público» a esas alturas, que la víctima recurrió a la Jefa de Atención a Víctimas de la Fiscalía Centro Norte, Cecilia Frei, y por eso, se tomó contacto con ella.
Sin embargo, la profesional ya contaba con ayuda en ambos ámbitos. Posteriormente, la nueva abogada de la denunciante, María Elena Santibáñez, aseguró que la mujer no había recibido ningún ofrecimiento de ayuda estatal, por lo que Orellana reiteró a Vit la instrucción y todas las semanas se le repite el ofrecimiento que puede tomar «en los tiempos que ella decida».