El ingreso de la llamada ley corta de isapres, que busca definir la forma en que se implementará el fallo de la Corte Suprema respecto a la tabla de factores, se postergó para después de la elección de consejeros constitucionales del próximo 7 de mayo. Esto mantiene en suspenso al sector, puesto que el plazo estipulado para ello vence a fines de ese mes.
En Mirada Líbero el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simon, explica que no tienen comunicación directa con el Ejecutivo sobre la propuesta del Gobierno. Y dice: “Nos enteramos por la prensa de los plazos de la ley”.
Asegura que, respecto del contenido de la propuesta, “nos hemos enterado a través de anuncios del Gobierno y de presentaciones que han hecho autoridades en el Congreso, y eso evidentemente que, dado los lineamientos generales que se han entregado, ha causado preocupación por su contenido y los efectos que pueda tener en el sistema y principalmente en las personas”.
En este sentido, Simon se refiere a las diferencias que existiría al interior del Ejecutivo respecto de cómo hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema, que obliga a las Isapres a hacer uso de la tabla de factores de riesgo elaborada por la Superintendencia de Salud el 2019. “Los medios han informado ampliamente respecto de la existencia de dos almas y dos posiciones al interior del Gobierno, pero en este caso creo que tenemos que buscar el centro respecto del cual se tienen que hacer las acciones, y que lo que nos convoque a buscar soluciones sea la protección de las personas, de la atención de salud”.
Para Simon, lo importante es que “no obstante puedan existir diferentes opiniones al interior del Gobierno, esas opiniones caminen en el sentido de resolver el problema”.
Pdte. de Isapres: «La palabra clave es viabilidad»
Será el Congreso el que discuta el proyecto que presente el Ministerio de Salud el día después de las elecciones del 7 de mayo. Frente a eso, el presidente de las Isapres indica que en el Congreso “uno ve que transversalmente la idea es que se tiene que poner en práctica un mecanismo que permita cumplir con el fallo, pero que permita dar viabilidad al sistema privado. Lo importante es que el Gobierno también presente una opción en ese sentido, que vaya por el camino de resolver el problema de salud de las personas”. Y subraya: «La palabra clave es viabilidad».
Sobre la necesidad de reformar al sector, y las declaraciones del senador Juan Luis Castro respecto de que “las Isapres son un modelo agotado, que necesitan una reforma profunda”, Simon manifiesta que «nosotros entendemos que hay que hacer una reforma, mejorar algunas cosas en el sistema privado, pero otra cosa distinta es que hay que cumplir el fallo, y no vaya a hacer esto lo que empuje a que las personas no puedan seguir con su cobertura, que las Isapres no puedan seguir funcionando y se desbarate el sistema privado de salud que hoy atiende al 50% de la población del país”.
Simon apuntó a que el plazo que se está tomando el Ejecutivo permita tener una propuesta que genere consensos. “Esperemos que el tiempo que se está tomado adicional el Gobierno se utilice para que la solución sea eficaz, que efectivamente se haga cargo de la situación, pero que permita la viabilidad y que las coberturas se puedan mantener y no cause un daño a las 300 mil personas que hoy están recibiendo atención GES, los 350 mil adultos mayores que están en el sistema privado y las casi 3 millones de personas que reciben atención en el sector Isapres”, sentencia.