Los atentados han llegado a un nuevo blanco: municipios y trabajadores municipales. Ante esta situación, tras la quema el pasado 11 de enero de los únicos dos camiones del Departamento de Obras de la Municipalidad de Ercilla los trabajadores decidieron paralizar sus funciones; medida que se mantuvo durante toda una semana hasta que se reintegraron el día de ayer. En solidaridad, los funcionarios de la Municipalidad de Traiguén se adhirieron a la movilización el pasado 15 de enero.
Si bien la movilización de los trabajadores de Ercilla estaba prevista que durara dos días, ésta se extendió hasta el viernes. Los funcionarios cuentan que estas medidas son para obtener respuesta del Estado y del gobierno de turno ante estos hechos. Por ejemplo, con vehículos blindados, teléfonos satelitales, equipamiento de emergencia en vehículos, entre otros puntos que giran en torno a la seguridad de los trabajadores.
El concejal de Ercilla, Álvaro Queulo, afirma: “Desde 2021, debo ver con cierto grado de impotencia, cómo éstos hechos atentan contra nuestra seguridad y fundamentalmente, contra cualquier gestión que el municipio y sus funcionarios, con recursos limitados, efectúe en beneficio de nuestras familias más vulnerables, tanto del sector urbano, como rural”.
Queulo considera que Ercilla “es la comuna más vulnerable del país en términos sociales y económicos, cuya inversión de privados y presencia del Estado es virtualmente nula, quizá a razón de realidad latente, que hoy nos afecta en términos de seguridad”.
El concejal, además, apoya “firmemente” la posición adoptada por los funcionarios de la Municipalidad de Ercilla, ya que considera que el reclamo está “orientado a trabajar concretamente con las autoridades a nivel regional y central, para establecer líneas de trabajo que resguarden el bienestar de los trabajadores del sector público, o municipales, así como las áreas de educación y salud, que también se han visto afectadas”.
De acuerdo con datos recopilados por el ex coordinador de Seguridad de la Macrozona Sur Pablo Urquízar, entre los años 2014 y 2022 se materializaron 7.086 hechos de violencia en la Macrozona Sur, siendo la comuna de Ercilla la más afectada con 945 de estos ataques; seguida en La Araucanía por Collipulli (749) y Victoria (717). En Biobío la comuna más afectada es Cañete con 870 ataques. Estas cuatro comunas concentran el 46% del total de violencia en la macrozona.
El asedio en Ercilla
Únicamente en Ercilla la afectación trasciende a inmuebles municipales o fiscales, vehículos y también a trabajadores. Por ejemplo, jardines y establecimientos educacionales han sido atacados, como el Liceo Alonso de Ercilla, el Jardín Anturayen del sector de Chacaico, la escuela Chacaimapu y en cuatro oportunidades la escuela Millalevia. A esto se suma el ataque a la sala cuna Los Corazoncitos de Pidima y la escuela Tricauco. Así como la quema del edificio municipal en agosto de 2020 o el atentado sufrido por una estación médico rural en Pidima en 2021.
En un documento difundido por la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (Asemuch) se da cuenta de estos hechos y de otros, también ocurridos en Ercilla como intentos de robo a camionetas en cuatro oportunidades: el 27 de septiembre del 2021, 2 de noviembre del 2021, el 6 de junio del 2022 y el 21 de marzo del 2023. Además de que la Municipalidad fue nuevamente tomada por comuneros mapuche en agosto de 2023, durante una semana. Tanto la toma de 2020, como la de 2023 estaban relacionadas con la exigencia de beneficios para los presos del conflicto.
En el hecho más reciente, ocurrido el 11 de enero en Pidima, sujetos encapuchados llegaron a bordo de una camioneta de color blanco y apenas se bajaron actuaron con violencia en contra de cuadrilla de trabajadores; quienes fueron amenazados, intimidados y obligados a alejarse del lugar, para luego los desconocidos proceder a quemar los vehículos.
Las amenazas en las paredes de Pidima
Tras la quema de los vehículos, la noche del sábado 13 de enero, desconocidos atacaron a balazos una vivienda en Pidima; y el lunes del 15 de enero la localidad amaneció con rayados amenazantes en los muros de algunas viviendas. “Ojo Pidima. No hablen de más. Estamos por todos lados” o “el que hable de más lo visitamos en su casa”, fueron algunos de los escritos que aparecieron en las paredes, acompañados del dibujo de un fusil. Los rayados llevan la firma “Nación Mapuche”.
Frente a esto, el delegado presidencial, José Montalva, reconoció que «la sensación de la comunidad es que tienen miedo y que sienten que el Estado los tiene lejanos, por eso necesitamos tener más presencia del Estado» y agregó que «hace muchos años viven con miedo».
A este ambiente de violencia hay que agregarle que el 18 de enero hubo un despliegue en Pidima del Ejército, Carabineros y la PDI, que concluyó con la incautación de 690 plantas de marihuana, cultivadas en cuatro invernaderos dispersos al interior de la comunidad, cuyo valor asciende a 1.300 millones de pesos, otros 3,5 kilos de cananbis a granel, una escopeta calibre 12, una camioneta, un camión tres cuartos y $4.400.000 en efectivo, esto al interior de la comunidad mapuche Wente Winkul Mapu.
Municipios tomados: incendios y destrozos
La noche del 2 de agosto del 2020 fue violenta; y no solo en Ercilla, también en Traiguén y en Victoria. Las sedes municipales de las comunas mencionadas fueron desalojados tras siete días de toma de los edificios, impidiendo el ingreso de funcionarios, y, por ende, negando la atención a los habitantes.
Aquella noche comenzó el desalojo en las tres comunas, pero con un hecho en particular: mientras se procedía a la desocupación, los mismos habitantes pidieron que se liberaran los municipios e incluso presenciaron el ingreso de Carabineros a las sedes que se encontraban tomadas, en aquel periodo, en apoyo a Celestino Córdova, condenado por el caso Luchsinger Mackay.
Mientras tanto, en Traiguén se vivió algo similar: el municipio resultó dañado e incendiado, afectando directamente a los funcionarios y a la ciudadanía. Finalmente, en Victoria, desde Asemuch señalan que “mientras los funcionarios desarrollaban sus funciones en el edificio de la municipalidad, un grupo de aproximadamente 20 comuneros mapuches procedieron a una ocupación ilegal del edificio, el primer ingreso con aproximadamente ocho de ellos”.
Agregan que esto “fue golpeando puertas a puntapiés y obligando a los funcionarios a desalojar con amenazas de uso de la fuerza. Luego de que los trabajadores municipales debieron salir del lugar por el peligro inminente, el resto de los comuneros, incluidos mujeres y niños procedieron a la toma del inmueble, la que se prolongó por una semana, tiempo en el cual destruyeron computadores, impresoras, puertas, ventanas, libros de registro, escritorios y todo tipo de muebles (…) la municipalidad fue desalojada por Carabineros, con ayuda de la propia comunidad de Victoria, encontrando el municipio sucio, con excrementos y orinas humanas e innumerables destrozos”.
Ataques en Victoria: escuelas, maquinarias y muertes
Victoria es parte de la “zona roja” del conflicto. Ahí se han registrado ataques incendiarios a viviendas, vehículos, camiones, asaltos e incluso homicidios como el ataque que sufrió el agricultor Orwal Casanova. Además de usurpaciones, especialmente en la ruta que conecta hacia Curacautín.
Pero eso no es todo: sujetos encapuchados han quemado cuatro colegios y también han atacado a funcionarios municipales. Uno de los hechos más graves ocurrió en mayo del año pasado cuando tres funcionarios se encontraban trabajando en el sector rural Marileo. Al regresar, en el vehículo municipal, fueron interceptados y golpeados mientras otros tomaban la camioneta para huir en ella junto a las pertenencias de los trabajadores. En ese instante, comenzaron los disparos y una de las víctimas resultó herida de gravedad, sufriendo la amputación de su pierna derecha.
Ante esto, el diputado Miguel Mellado manifiesta que “hemos pedido que se otorguen seguros de vida para los trabajadores municipales de la Macrozona Sur y que el Estado les dé un seguro de vida e incluso una asignación por zona de conflicto. No es la solución al problema pero es un avance para no dejarlos abandonados en el cumplimiento de sus funciones, vitales para la comunidad”.
Mellado lamenta que “no puede ser que los trabajadores sean atacados y esperamos que existan detenidos por esos hechos y paguen con cárcel porque además de atacar a los trabajadores, no solo afectan la integridad física-psicológica de ellos o de sus familias sino que también los mismos vecinos son afectados ya que se interrumpe el trabajo que va directamente hacia los habitantes de las comunas”.
Por su parte, la senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, señala que “los ataques a trabajadores municipales en la Región de la Araucanía han sido bastante frecuentes y ya desde hace muchos años. Diría que quienes más han sido afectados claramente son los trabajadores municipales vinculados a los servicios de salud, a la atención primaria y a este trabajo que se hace en las zonas rurales en donde claramente la cobertura la realiza el municipio y se han visto tan afectados, no solamente con robos de vehículos, incendios de vehículos, ataques, balazos sino también al punto de que hay que fortalecer los vehículos y blindarlos para poder evitar muertes o heridos por una situación que no debiera ocurrir, que es ir a prestar un servicio básico y sobre todo correr el riesgo de vida”.
La senadora también sigue la línea de los seguros de vida dado a que “hemos solicitado en varias reuniones la posibilidad de que estos funcionarios tengan seguros de vida y que, de alguna manera, se considere la situación de riesgo de ellos en terreno”.
Collipulli: asaltos a funcionarios en zonas rurales
Otro ejemplo es el de Collipulli. El 31 de enero del 2023, un equipo de salud municipal fue asaltado por sujetos armados y encapuchados en la localidad de Curaco. En esta situación, encapuchados interceptaron la camioneta donde se desplazaba el personal, obligando al chofer y trabajadores a descender del vehículo, para luego huir con él y las pertenencias de las víctimas.
Este hecho provocó que los trabajadores del municipio iniciaran una movilización. El objetivo era uno solo: que se otorgaran medidas de seguridad para el trabajo de los funcionarios, especialmente en sectores rurales.
En esa oportunidad, la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal, Confusam, emplazó al gobierno a actuar proactivamente en establecer medidas que garanticen la seguridad de los funcionarios de la salud municipal.
Poco tiempo después, la historia se repitió: un nuevo ataque afectó a trabajadores de la comuna el 28 de septiembre. Esa jornada, desconocidos robaron un vehículo municipal que se desplazaba por la ruta R-49. Al lograr detener el auto, los sujetos intimidaron a los trabajadores, obligándolos a descender y dejándolos en plena ruta. Luego, este mismo vehículo fue utilizado para interceptar a dos camiones que iban en tránsito por la misma vía.
Asemuch respalda a funcionarios y pide seguridad
Con todos estos antecedentes a la vista, Asemuch emitió un comunicado en el que destacó que han estado atentos y trabajando en la seguridad de los funcionarios municipales.
Explican que el 6 de julio del año pasado participaron como apoyo técnico en una reunión tripartita convocada desde la Delegación Presidencial, “buscando protocolos de seguridad que impidan terminar con mayores desgracias a los trabajadores municipales, mientras el gobierno insiste en implementar la figura de inspectores de seguridad municipal, en un proyecto de ley que no cuenta con el respaldo de los trabajadores municipales, desconociendo la realidad que se vive en regiones como La Araucanía”.
En el texto lamentan que “no es posible que un trabajador municipal salga cada día de su casa sin saber si va a volver vivo o muerto”. Finalmente, señalan que se ha pedido que se otorgue protección policial al Municipio de Ercilla y “las gestiones para que la salud física y mental de nuestros colegas sea integral”.