Transitar por las calles de Santiago se ha vuelto más complejo. Las telas con mercadería sobre el pavimento mutaron hasta convertirse en toldos azules que ocupan gran parte de la vía peatonal. El comercio ambulante no solo se tomó el barrio Meiggs, en Estación Central, sino que se extendió, y proliferó, en la comuna que dirige Irací Hassler (PC).
Recientemente la alcaldesa aseguró que están “avanzando en un ordenamiento democrático del territorio” para fiscalizar a los comerciantes que cuentan con permiso. El problema está, de acuerdo con los locatarios, en el comercio ilegal.
Funcionarios municipales acusan, fuera de micrófono, que la actual administración desmanteló la unidad encargada de vigilar a los comerciantes informales. La Unidad de Control y Mitigación del Comercio Ambulante realizaba un trabajo conjunto con Carabineros para fiscalizar, decomisar y detener, en caso de ser necesario; pero “esa unidad ya no existe. Puede tener hoy día otro nombre, pero no tiene ni las mismas labores ni los mismos insumos”, denuncian los funcionarios.
La unidad contaba con alrededor de 20 funcionarios que se encargaban de las labores de fiscalización y el trabajo conjunto con Carabineros; y de acuerdo con la denuncia, todos ellos fueron desvinculados de sus cargos al asumir la nueva administración.
El concejal Juan Mena sostiene que la alcaldesa Hassler «el día uno que ingresa la hace desaparecer, la disuelve y es por eso que el comercio ambulante no tiene prácticamente fiscalización». Otros trabajadores aseguran que de nombre la unidad aún existe, sin embargo, hoy está reducida básicamente a la Subdirección de Inspección y Vía Pública.
La Unidad de Control y Mitigación del Comercio Ambulante era parte del Departamento de Fiscalización de la municipalidad, actualmente dirigido por Bernardita Lorenzini. Ese mismo departamento tiene bajo su responsabilidad la Unidad Inspección -encargada de fiscalizar el comercio establecido y precarios con permiso-, la Unidad de Ruidos Molestos y la Unidad de Vía Pública. Esta última es la encargada de entregar los permisos a los diferentes puestos del sector.
Sin apoyo policial
Anteriormente la unidad tuvo el apoyo del Plan Comercio Justo que funcionó entre 2017 y 2019 en los paseos peatonales y el casco histórico. A través de la iniciativa, “existía una comunicación directa con la Subsecretaría de Prevención del Delito y con Carabineros”.
Ese trabajo también incluyó, a través de la municipalidad, la incorporación de más de 80 agentes contratados por la Corporación de Desarrollo Municipal para “desalojar todos los paños que se iban instalando en el día en los paseos peatonales, con el apoyo de Carabineros”.
Como parte de la iniciativa el exalcalde Felipe Alessandri le solicitó al exministro de Interior, Andrés Chadwick, el refuerzo policial en la comuna. Llegaron entonces 120 carabineros de la escuela de suboficiales a realizar su práctica y colaborar con la fiscalización en Santiago.
“Quien tiene las atribuciones de fiscalización completa es Carabineros. La municipalidad no tiene atribuciones para fiscalizar por sí sola el comercio ilegal. Nosotros somos coadyuvantes de Carabineros. Para eso servía precisamente la Unidad de Control y Mitigación del Comercio Ambulante, que ya no existe”, sostiene un funcionario.
El concejal Mena explica que precisamente la iniciativa «buscaba proteger al comercio establecido de los ilegales, porque el comercio establecido en la comuna de Santiago sustenta el 70% del presupuesto municipal. El pago de patentes contribuye a los ingresos con los que subsiste el municipio de Santiago».
El Líbero consultó al municipio por la cantidad de nuevos permisos entregados para los vendedores ambulantes y por el destino de la Unidad de Control y Mitigación del Comercio Ambulante y la respuesta fue: «Negamos tajantemente que se haya cerrado la Dirección de Fiscalización y que se haya dado alguna orden de no fiscalizar».
“Nebulosa” de permisos
Las estrategias de fiscalización que dejaron de aplicarse buscaban regular los más de 3.500 permisos entregados por la exalcaldesa Carolina Tohá. Según reportó el exalcalde Alessandri, al final de su período habían bajado ese número hasta 2.800 permisos de venta en la vía pública.
Actualmente, la alcaldesa Hassler no ha transparentado el número de permisos otorgados por su administración desde que asumió el 28 de junio de 2021, y existe tal hermetismo con respecto a ello, que El Líbero consultó en reiteradas ocasiones la cifra, sin obtener respuesta.
La última vez que se informó sobre este número fue en octubre del año pasado, cuando a través de Twitter y en entrevistas televisivas, la jefa comunal precisó que solo había entregado seis permisos hasta ese momento.
En Santiago existen diferentes tipos de permisos para los comerciantes. En el caso de la vía pública, están los permisos precarios, es decir, los entregados a quioscos, anaqueles, puestos en ferias libres y aquellos negocios peatonales que cuenten con estructura.
En ese sentido, hasta hace un tiempo, todo lo que estaba en suelo pertenecía al comercio ilegal. Sin embargo, según notifican los funcionarios de Santiago, “con la falta de fiscalización que ha instruido esta administración, los comerciantes ilegales ya están empezando a llegar, incluso, con mobiliario”.
Nula fiscalización en Santiago
“Hoy día el número de permisos que están siendo usados en la vía pública no existe, es indeterminado. No es que se hayan entregado o no, sino que se ha instruido que no hay fiscalización en la vía pública”, apuntan los funcionarios municipales, que desmienten la respuesta entregada por la comuna.
Y es que según precisan, cuando se requiere inspeccionar el comercio ilegal, éste no es revisado por la Dirección de Fiscalización. Esto porque la entidad, por ordenanza municipal, solamente puede vigilar los permisos otorgados por la municipalidad.
La «nula fiscalización» por parte del municipio ha desencadenado otro tipo de problemas entre los comerciantes. Según precisan los funcionarios, han observado cómo incluso quienes tienen permisos otorgados han decidido ampliarse.
“También venden ahora productos que no están autorizados, traen a más gente, contratan a gente para que no solamente vendan más, sino que también para cuidar el territorio y que no se lo invada un comerciante ilegal. Entonces, se convierte un poco en tierra de nadie”, sostienen.
Mena subraya que al desmantelar las unidades que hacían el control del comercio ambulante, «esta administración lo que ha hecho es dar carta blanca a la no fiscalización del comercio ambulante».
Feria Esperanza contra los coleros
Los efectos de la escasa fiscalización los sufren principalmente los comerciantes que sí cuentan con permisos municipales. Es el caso de la Feria Esperanza ubicada en pleno Barrio Yungay entre las calles Esperanza y Avenida Portales, que se instala los domingos.
La presidenta del sindicato de trabajadores independientes de la Feria Esperanza, Mónica Navarrete, acusa que en el sector se hizo entrega de más de 600 permisos a coleros -puestos que se ubican al final de los ya establecidos- y comerciantes ambulantes. «Estamos con un problema muy grande. La alcaldesa está autorizando permisos con giros iguales a los de la feria, donde somos 188 personas y ella tiene más de 600 colores», asegura.
«Nosotros nos vimos sobrepasados totalmente por el comercio ilegal. Lo más lamentable es que fue amparado por el municipio de Santiago, se les puso baños para favorecer al sindicato de coleros. Se les dio una autorización para trabajar, les pasaron toldos y nos hemos visto muy perjudicados», sostiene Navarrete.
La dirigente gremial detalla que el 1 de mayo sería el último día en que se posicionarían «los coleros», sin embargo, no han recibido respuestas del municipio para saber qué pasará con ellos.
Navarrete sostiene que esta incertidumbre se debe a que la situación se ha ido extendiendo. «Ella les dio un decreto, supuestamente era por un día, después fue por dos días, un mes. Decían que el 1 de mayo se iban. Pero han ido alargando. Ha sido súper complicado lo que está pasando en el municipio», reclama.