Actualidad Informativa es presentado por:
Publicado el 07 de enero, 2019

Más de 700 personas a honorarios o a contrata del sector público han demandado al fisco por despidos invocando el Código del Trabajo, algo que no procede según el CDE

Autor:

Emily Avendaño

Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2018, los tribunales dictaron sentencia en 152 de las 774 causas ingresadas contra organismos públicos cuya defensa asumió el Consejo de Defensa del Estado. La suma de los montos reclamados se acerca a los 30 mil millones de pesos. “Eso está causando graves consecuencias para el sector público, en materia de indemnizaciones nunca previstas», señaló la presidenta del CDE, María Eugenia Manaud.

Autor:

Emily Avendaño

Recibe en tu correo Lo mejor de la prensa
Suscribirse

Una práctica se ha hecho reiterativa en cuanto a los funcionarios del sector público. Siendo personas a honorarios o a contrata regidos por el Estatuto Administrativo demandan prestaciones del Código del Trabajo, propias de los empleados particulares y obtienen indemnizaciones, invocando despido injustificado o nulo. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) atendió entre el 1° de enero y el 30 de noviembre de 2018, 774 causas contra organismos públicos debido a este tema. Los tribunales han dictado sentencia en 152 de esas causas, lo cual ha implicado un desembolso por parte del Estado de $645.763.093.

Las consecuencias de esto son severas. María Eugenia Manaud, presidenta del CDE, se refirió al tema en el N° 70 de la revista editada por el Colegio de Abogados de Chile: “Eso está causando graves consecuencias para el sector público, en materia de indemnizaciones nunca previstas para el alejamiento de la función, de órdenes de reincorporación de funcionarios desvinculados de la Administración Pública y de las Fuerzas Armadas”.

E, incluso, otras fuentes vinculadas al CDE han denunciado que funcionarios de confianza en los hechos, “operadores políticos”, algunos con un año en servicio, se asilan en los mismos procedimientos.

El caso lo resume el diputado Mario Desbordes (RN): “Hay un cambio de criterio en la Contraloría y en Tribunales. Cuando llegó Michelle Bachelet a su segundo mandato, a los trabajadores públicos que venían desde el gobierno de Sebastián Piñera los desvincularon sin más trámite. Ahora, en dictámenes o sentencias se ha modificado el criterio que permitía desvincular a los contrata por ‘no ser necesarios sus servicios’ o a los honorarios sin mayor explicación y lo mismo los cargos de confianza. Hoy, un contrata con dos años de contrato debe ser tratado como si fuera un contrato Código del Trabajo indefinido, y eso no está en ninguna parte en el Estatuto Administrativo”.

En el Juzgado Laboral de Antofagasta se ve un ejemplo. El 13 de noviembre de 2018 emitió un fallo que condena al Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) a pagar una indemnización total de $26.248.939, debido a “un despido de funcionario por razones políticas”. La persona en cuestión se encargaba del área de comunicaciones y fue desvinculado en junio pasado.

El demandante ingresó a prestar servicios para el Injuv el 2 de junio de 2014, bajo la modalidad de contrata. Según los argumentos presentados por la institución, su cargo califica como “de confianza”, pues pertenecía al Gabinete del Director Regional. No obstante el trabajador alegó que hubo vulneración de sus Derechos Fundamentales.

El argumento de que no tienen una herramienta similar se cae, pero no recurren a ellas por dos motivos, porque puede ser un poco más lenta y en segundo lugar porque no se asocia a indemnización», señala el abogado Héctor Humeres, magíster en Derecho Laboral de la Universidad de Chile.

En el propio fallo se explica que el funcionario “ingresó a prestar servicios al Injuv, bajo el mandato del gobierno de la coalición denominada Nueva Mayoría, y además que era público y notorio la participación del actor en actividades de apoyo público y en redes sociales que había efectuado en sus tiempos libres, a favor del candidato presidencial Alejandro Guillier, como también del candidato a diputado Luis Caprioglio, solicitando incluso permiso de una semana sin goce de sueldo para brindar apoyo a su campaña”.

Argumento que no ratificó su postura como hombre de confianza, sino que más bien fue utilizado como causa de la violación de sus derechos. “El funcionario demandante fue nombrado como tal en la Administración anterior y que es simpatizante de un determinado Partido Político opositor al actual Gobierno, dado que se atribuyó una confianza que no tenía con fin de poner término a su contratación. En ello, que existe un trato discriminatorio, puesto que la nueva autoridad administrativa, separa, excluye al trabajador de su trabajo habitual, sobre la base que éste no pude desarrollar sus funciones por sus lineamientos políticos”, consigna el fallo.

En consecuencia, el Injuv debe pagar: $11.896.308, por concepto de indemnización de 6 remuneraciones conforme al artículo 489 del Código del Trabajo; $13.019.848, por lucro cesante, por las remuneraciones a que tenía derecho el actor en virtud de su nombramiento a contrata, entre el 14 de junio al 31 de diciembre de 2018; más la suma de $ 1.332.783, por concepto de feriado.

Este es tan solo uno de los casos disponibles en la página web del Poder Judicial.

Argumenta Manaud en la revista del Colegio de Abogados: “Estimo que en general la aplicación de disposiciones del Código del Trabajo a los funcionarios públicos no es procedente, tal como el Consejo de Defensa del Estado ha sostenido ante los tribunales del trabajo y las cortes”. Explica que el vínculo de trabajo en estos casos no puede tratarse de la misma manera que las que se dan al interior de una empresa privada. “El derecho del trabajo, cuya base es la protección del trabajador y la eliminación de la inequidad, es insensible a las particularidades de la función pública. De ahí a que la regulación de la relación entre funcionario y Estado haya sido adoptada en reglas especiales que consideran las particularidades de la actividad pública, las protecciones específicas que los funcionarios poseen, su régimen de ascensos, de sanciones, de retiro, entre otros aspectos”.

Estas «indemnizaciones nunca previstas», a las que se refería la presidenta del CDE más arriba, ascienden a $ 29.547.600.611, pues en total eso es lo que han reclamado los requirentes. No obstante, los montos ejecutoriados en las sentencias de las 152 causas que ya han finalizado alcanzaron los $645.763.093.

De acuerdo con el CDE, «las defensas emprendidas por el Consejo de Defensa del Estado han logrado evitar al Fisco el pago del 90% del total demandado».

«Un negocio jurídico»

El 6 de diciembre de 2018, el Tribunal Constitucional emitió un fallo que alude a este tipo de casos. Debido a una desvinculación ocurrida en la Municipalidad de San Miguel. El texto señala que dado a que en 1989 se dictó el Estatuto Administrativo y el Estatuto administrativo de los funcionarios municipales, a partir de ese momento quedó “clausurada” toda posibilidad de aplicarles automáticamente las disposiciones del Código del Trabajo.

Subraya que al hacer a los funcionarios “sujetos activos del procedimiento de tutela laboral, desvirtúa el régimen constitucional y legal que les es propio, amén de abrir la intervención de los juzgados de letras del trabajo respecto de una materia en que no han recibido expresa competencia legal”.

Enrique Navarro, ex ministro del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, explica: “El TC lo que hizo fue declarar dos preceptos del Código del Trabajo de modo tal que no le resulten aplicables a los funcionarios públicos las acciones de tutela laboral, dado que el Código del Trabajo es para los trabajadores de carácter privado y los funcionarios públicos tienen su propio estatuto o su propia ley que es el Estatuto Administrativo”. Subraya que, de todas maneras, el tribunal deja a salvo la posibilidad de que los funcionarios públicos ejerzan una acción de protección ante la Corte de Apelaciones. No obstante, el fallo no crea jurisprudencia y solamente se aplica a ese caso concreto.

Hoy, un contrata con dos años de contrato debe ser tratado como si fuera un contrato Código del Trabajo indefinido, y eso no está en ninguna parte en el Estatuto Administrativo”, apunta el presidente de RN, Mario Desbordes.

“Se ha presentado en los últimos dos años”, especifica con respecto al momento en que comenzó a ocurrir esta situación. No obstante, para el abogado Héctor Humeres, magíster en Derecho Laboral por la Universidad de Chile y profesor en esa misma casa de estudios: “Desde que la cuarta sala de la Corte Suprema cambió drásticamente su composición, en el año 2014, adoptó una visión garantista en materia laboral. Hay una serie de principios que orientan la dogmática y la legislación laboral, uno de ellos es el principio pro operario, que significa que en caso de duda se pasa a favorecer al trabajador. Lo que ha hecho esta sala, especializada en laboral, ha sido reinterpretar estas normas más a favor del trabajador, y eso provoca un desequilibrio en el caso de los empleados públicos y la gran consecuencia que eso ha tenido es que le ha causado un fuerte impacto económico al Estado de Chile”.

Continúa explicando que el fallo del TC se basa en otro principio del Derecho, llamado primacía de la realidad, que ha llevado a la “Corte Suprema a interpretar el artículo 1 del Código del Trabajo, de forma desmedida”. El abogado señala que estas acciones de tutela suelen tener un desenlace rápido en general y suelen ir asociadas al pago de indemnizaciones, es por ello que los funcionarios recurrirían a esto y no a las otras tres vías que sí tienen definidas para obtener algo parecido a lo que la tutela les brinda, como lo son: la reclamación administrativa ante la Contraloría General de la República, acudir a la Corte de Apelaciones con un recurso de protección o intentar una nulidad de hecho público.

Eso está causando graves consecuencias para el sector público, en materia de indemnizaciones nunca previstas para el alejamiento de la función, de órdenes de reincorporación de funcionarios desvinculados de la Administración Pública y de las Fuerzas Armadas”, dice Manaud en la revista del Colegio de Abogados.

“El argumento de que no tienen una herramienta similar se cae, pero no recurren a ellas por dos motivos, porque puede ser un poco más lenta y en segundo lugar porque no se asocia a indemnización. Lo que dice el fallo del tribunal es que ellos tienen acciones, no iguales, pero las tienen, y la Corte Suprema lo que dice es que les aplica esa acción para igualarlos”, recalca Humeres.

Al final la búsqueda de recovecos para obtener indemnizaciones ha causado que existan abogados vinculados a organizaciones políticas, de acuerdo con fuentes vinculadas al Ministerio de Educación, que se dedican a atender masivamente estos casos. “Es una práctica habitual entre abogados. Hacen un patrocinio de los casos con la condición de quedarse con un porcentaje de la indemnización que se obtenga, por lo general el 20%”, dice una fuente que prefiere resguardar su identidad.


Navarro también ha escuchado de esto: “Hay personas que ya han hecho un negocio aparentemente de este tipo de casos y obtienen honorarios por resultados. Se ha transformado esto un poco en un negocio jurídico”.

En 2018, la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) dio a conocer el 30 de julio que desde el 12 de marzo al 30 de junio de ese año, el número de términos anticipados de contrato y renuncias no voluntarias ascendía a un total de 1.357 personas. Dicen también que las renuncias voluntarias fueron 1.976 y que los nombramientos de concursos públicos retirados del trámite de toma de razón sumaban 72.

El derecho del trabajo, cuya base es la protección del trabajador y la eliminación de la inequidad, es insensible a las particularidades de la función pública. De ahí a que la regulación de la relación entre funcionario y Estado haya sido adoptada en reglas especiales que consideran las particularidades de la actividad pública», explicó la presidenta del CDE.

Ofrecen como antecedente que, de acuerdo con las estadísticas de Recursos Humanos, durante el período 2007-2016, para el período comprendido entre enero y diciembre de 2014, en el primer año de gobierno de la Presidenta Bachelet, hubo 6.062 ceses de funciones no voluntarios.

El 31 de diciembre terminaron las contratas por lo que se está a la expectativa de lo que pueda ocurrir y de que haya nuevos reclamos.

Tanto para Humeres como para Navarro hay un tema legislativo no zanjado. “El Congreso tiene la llave que es legislar; y la legislación está propuesta en el Senado desde 2014, pero resulta que no se ha avanzado. Mientras no se avance en ese sentido, van a tener caso a caso que ir resolviendo los tribunales”, dice Navarro.

“La Contraloría a ratos está derechamente legislando. Hay dictámenes que contravienen abiertamente las normas que regulan estas materias”, agrega Desbordes. Esto lo dice en alusión a una decisión de la Contralaría que abrió la puerta a que los tribunales laborales asumieran este tipo de causas.

Desde que la cuarta sala de la Corte Suprema cambió drásticamente su composición, en el año 2014, adoptó una visión garantista en materia laboral», opina el abogado Héctor Humeres.

Luis Lizama, director del departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social dela Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, lo explica: «Según nuestra la ey solamente el 20% del personal de un servicio público puede estar en un régimen a contrata. Este porcentaje se ha superado, esa una anomalía que ocurre desde hace casi ya 30 años; este problema de base ha llevado que, primero la Contraloría General de la República y luego los tribunales  hayan resuelto que la decisión que optó el jefe del servicio de no renovar el contrato de un funcionario, en la medida en que no tenga una razón fuerte o justificada, no es válida y han ordenado que sean reincorporados a su empleo».

Esto es lo que ha llevado a la existencia de causas en las que funcionarios a contrata, a honorarios y, en menor medida, por personas contratadas bajo el sistema de Alta Dirección Pública, demanden materias jurídicas referidas a desvinculaciones laborales, como despido indirecto, despido injustificado, nulidad de despido, tutela de derechos constitucionales y reconocimiento de relación laboral. Las 774 causas, entre el 1° de enero y el 30 de noviembre de 2018, forman parte de los 2.626 procesos laborales que llevó el CDE en 2018.

La organización calcula que en este 2019 atenderán casi 4.000 procesos laborales, en base a las tasas de crecimiento promedio de ingresos registrados entre los años 2015 y 2018.

Las columnas de Opinión son presentadas por:
Ver más

También te puede interesar: