Marisol Peña y agresión al presidente del TC: «No solo es un acto de presión, es un acto de intimidación abierto contrario a la independencia jurisdiccional»

Iba camino a su auto -por calle Huérfanos- cuando el presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, fue agredido violentamente por un grupo de manifestantes que estaban afuera del organismo.

Minutos antes, habían concluido las audiencias públicas sobre libertades condicionale s. En ellas expusieron representantes de agrupaciones a favor y en contra del requerimiento presentado por senadores y diputados de la UDI y RN. Los legisladores buscaban declarar inconstitucional las nuevas exigencias que condenados, en causas de violaciones de los derechos humanos, deberán cumplir para acceder a ese beneficio.

La agresión contra la máxima autoridad del organismo fue condenada por diversos sectores. Y también lo hicieron ex presidentes del TC quienes enviaron una carta a «El Mercurio». En el texto, firmado por Manuel Jiménez, Juan Colombo, José Luis Cea, Marcelo Venegas, Raúl Bertelsen, Marisol Peña y Carlos Carmona, señalan: «Vemos en este acto un rechazo frontal hacia la institucionalidad que el país se ha dado para resolver sus conflictos».

En entrevista con «El Líbero», Marisol Peña profundiza su análisis. Califica la situación de «grave» y asegura que «es un acto que atenta contra la debida independencia que todo juez debe tener en el ejercicio de la función jurisdiccional».

-¿Cuál es la gravedad que usted ve en la agresión que sufrió el presidente del TC, Iván Aróstica?

-Hay que tener presente que no se trata de una agresión a una persona cualquiera. El presidente del Tribunal Constitucional es la quinta autoridad del Estado, lo que, un hecho que por sí es reprochable, recibe particular gravedad. Además, es preocupante los niveles de violencia que estamos viviendo donde ya ni se respeta a la persona, a la autoridad y menos se respeta a las instituciones, porque en el caso de Iván Aróstica venía saliendo del ejercicio jurisdiccional que había realizado ese día. No se trataba de una persona que estaba caminando por la calle Huérfanos, era un juez que acababa de dejar la Sala Audiencia en donde había estado escuchando opiniones de la ciudadanía. Desde todo punto de vista es particularmente grave.

Es preocupante los niveles de violencia que estamos viviendo donde ya ni se respeta a la persona, a la autoridad y menos se respeta a las instituciones».

-¿Considera que el ambiente se está radicalizando?

-Cuando aún era ministra del Tribunal Constitucional, el año pasado, a raíz del proyecto de  ley de despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales, fue agredido también un diputado de la República, después de haber expuesto su punto de vista. Uno tiende a pensar qué está ocurriendo en el país que ya se han difuminado a este punto los límites, porque una cosa es tener un pensamiento contrario, pero otra cosa es rechazar la forma en que las instituciones están haciendo su trabajo dentro de los legítimos canales que la institucionalidad ofrece.

-A su juicio, ¿agresiones como ésta pueden ser mecanismos de presión?

-Clarísimamente. Es un acto que atenta contra la debida independencia que todo juez debe tener en el ejercicio de la función jurisidiccional. Es una forma de advertirle -de la peor manera- a un juez que se cuide, que tenga precaución con la forma en que puede fallar, porque si falla en contra de los supuestos intereses que esos violentistas pretenden defender, pudiera sufrir un acto peor que la agresión de la que fue objeto en la calle. No solo es un acto de presión, es un acto de intimidación abierto contrario a la independencia jurisdiccional.

No habíamos tenido la experiencia en Chile de tener que pensar seriamente en que el juez deba tener guardaespaldas mientras camina por la calle. Eso es propio de otros regímenes como Guatemala, Colombia».

-¿Esta presión es primera vez que la sienten?

-Los jueces permanentemente están dispuestos a la crítica, naturalmente, eso es parte del ejercicio sano de una democracia. Esa crítica normalmente se vierte a través de los medios de comunicación y eso, a mi juicio, no tiene por qué ser estimado como una presión indebida. Pero algo muy distinto es intimidar a un juez, agredirlo física y verbalmente, como sí ocurrió ya el año pasado cuando agredieron al ministro Domingo Hernández. Se intentó hacer lo mismo con él que con el ministro Aróstica, pero alcanzó a escapar y fue protegido a tiempo.

-Usted, junto a otros ex presidentes del TC, plantearon en su carta que esta agresión «revela que  hay sectores que no creen en la democracia».

-La democracia pone como uno de sus valores fundamentales el pluralismo, es decir, es un ejercicio democrático manifestar distintos puntos de vista, distintos criterios sobre las cosas contingentes que nos afectan a todos. Ello debe hacerse con pleno respeto a los derechos de los demás y dentro de los canales que la institucionalidad prevé. Si eso no ocurre, no estamos en una democracia, sino que estamos en la antesala de una régimen que vuelve a la barbarie, vuelve a la incivilización, donde cada uno pretende hacer justicia por mano propia.

(La agresión) es un acto que atenta contra la debida independencia que todo juez debe tener en el ejercicio de la función jurisdiccional porque es una forma de advertirle de la peor manera a un juez que se cuide».

-En otros países se han visto casos de violencia o amenazas contra jueces. ¿Cuál es su impresión de que ocurra acá?

-Los jueces, cuando asumen sus funciones, saben que estarán expuestos a este tipo de ataques o atentados, lo que pasa es que llama la atención la virulencia con que esto se ha hecho. No habíamos tenido la experiencia en Chile de tener que pensar seriamente en que un juez deba tener guardaespaldas mientras camina por la calle. Eso es propio de otros regímenes como Guatemala, Colombia. Pero Chile se enorgullecía de ser un país donde eso no era necesario. Me da mucha tristeza en que hoy día haya que pensarlo seriamente.

-¿Por qué cree que lo pasa en otros regímenes se está replicando en Chile?

-Creo que tiene que ver con todo el proceso de movilizaciones sociales que el país ha vivido desde hace algunos años, y me parece muy sano que esas movilizaciones y ese despliegue de opiniones y de manifestaciones se realicen, pero siempre y cuando sean en el marco del respeto a los derechos de los demás.