Tras un mayo marcado por el aumento de la violencia en la Macrozona Sur, las últimas dos semanas evidencian un cambio de tendencia: no se han registrado incidentes desde el 20 de mayo, mientras que en el plano judicial se anotó un avance tras la condena a un comunero por extorsionar a un agricultor a cambio de permitir sus actividades productivas.
De acuerdo con los registros del Indicador de Violencia e Impunidad de El Líbero, mayo ha sido el mes más violento de 2026, con ocho hechos registrados: siete en La Araucanía y uno en Biobío. Atentados ocurridos después de operativos estatales en Temucuicui, entre ellos los que llevaron a la captura del werkén de la comunidad Jorge Huenchullán.
Sin embargo, luego de ese ciclo de ataques, durante las últimas dos semanas el indicador no ha contabilizado nuevos atentados en la Macrozona Sur. En contraste con la baja de hechos violentos, el periodo sí dejó novedades en materia judicial.
Condenan a tres años de cárcel a comunero que exigió $5 millones a agricultor para retirar su cosecha en Galvarino
El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a Cristian Pichún Linco a tres años de presidio menor en su grado medio, con cumplimiento efectivo, como autor del delito de amenazas condicionales. La sentencia fue obtenida por la Fiscalía Local de Lautaro, encabezada por el fiscal jefe Miguel Velásquez, luego de un juicio desarrollado ante el tribunal oral temuquense.
El caso se remonta al periodo comprendido entre 2022 y 2023, cuando el condenado exigió dinero a un agricultor vinculado al fundo El Palomar, en la comuna de Galvarino, Región de La Araucanía. Según los antecedentes de la acusación, el 18 de octubre de 2022 Pichún Linco, junto a otros sujetos no identificados, exigió al arrendatario del predio el pago de $18 millones, señalando que esa sería la única forma en que podría trabajar tranquilo en el lugar. En caso de no acceder, le advirtieron que debía “atenerse a las consecuencias”.
Tras la negativa inicial de la víctima, el imputado insistió en el cobro. Esta vez, según detalló el Ministerio Público, le exigió $5 millones para que pudiera retirar su producción y asegurar la integridad física de los trabajadores que realizaban labores en el predio.
Producto de esas intimidaciones, el 31 de marzo de 2023 el agricultor suscribió un cheque por $5 millones. El documento fue posteriormente cobrado por Rosa del Carmen Linco Marín, madre del condenado, en la comuna de Traiguén.
La Fiscalía había presentado acusación por el delito de extorsión y solicitaba una pena de siete años de presidio. No obstante, durante el juicio el tribunal llamó a las partes a recalificar el ilícito, dictando finalmente condena por amenazas condicionales.
“El objetivo de este pago era permitir que precisamente la víctima pudiera desarrollar sus labores productivas”, explicó el fiscal Miguel Velásquez al dar cuenta del fallo. El persecutor agregó que el tribunal impuso al acusado una pena de tres años de presidio con cumplimiento efectivo, “es decir, pena de cárcel”.
La resolución fue pronunciada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco Leonel Torres Labbé, Alejandra Rosas Lagos y Roberto Herrera Olivos.
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