Este martes, el gobierno anunció su agenda legislativa de Derechos Humanos, con miras a la conmemoración de los 50 años del golpe. Se trata de cinco proyectos de ley, entre los cuales uno en particular ha generado polémica: el que se refiere al levantamiento del secreto de información de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, también conocida como Comisión Valech.
El abogado Lucas Sierra, quien formó parte de esta comisión que se constituyó el año 2003 bajo el gobierno del ex Pesidente Ricardo Lagos, abordó el tema en Mirada Líbero.
Al respecto, Sierra acotó que “algunas de las personas que concurrieron a la Comisión no querían que su experiencia fuera conocida, ni por sus familiares directos, ni menos por el público general. Entonces, se les hizo una promesa de reserva, siguiendo las prácticas y estándares internacionales en esta materia”.
«En la Comisión Valech la reserva no es absoluta»
El abogado explicó que los 30 años de secreto que propuso la Comisión Valech estaban dentro de los estándares internacionales, algo que luego se amplió a 50 años según lo realizado por el Presidente Ricardo Lagos y el Congreso. “Eso materializa esa promesa y es garantía de reserva o de privacidad de los testimonios de estas personas. Y es una reserva que no es absoluta en el sentido de que cada víctima puede hacer públicos sus propios antecedentes. Es un derecho establecido en favor de las víctimas, y las víctimas pueden renunciar a ese derecho”.
Ahora bien, argumentó que las propuestas anteriores de levantamiento del secreto del Informe Valech, como la que surgió en la Convención Constitucional, que buscaba dejar sin efecto la norma que embarga por 50 años la información entregada a la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, “me parecía un despropósito”.
En cambio, para Sierra, lo propuesto por el gobierno de Gabriel Boric, a través del Plan de Búsqueda de detenidos desaparecidos, en el marco de los 50 años del golpe militar, “es distinto, porque está inserto dentro de un plan de acción, que es la deuda más grande que tiene el Estado chileno con las violaciones a los derechos humanos. Es de una inhumanidad infinita la desaparición forzada. Este plan es lo más importante que se ha dicho en esta conmemoración que ojalá sea una política de Estado y no sólo de este gobierno”.
«Lo que no me parece razonable es que el Estado tome la decisión por las víctimas»
Si bien aún no se conocen detalles del proyecto de ley, Sierra planteó que la fórmula “razonable” sería “dejar la última palabra en las víctimas respecto del levantamiento de su propio secreto. Lo que no me parece razonable es que el Estado tome la decisión por las víctimas, incluso en el contexto más restringido de las investigaciones judiciales. Si se establece una fórmula prudente que deje la última palabra en las víctimas, me parece que es plausible”.
En esta línea, advirtió sobre las expectativas que esta propuesta pueda generar en los familiares de las víctimas de detenidos desaparecidos. Señaló: “La prudencia es bajar las expectativas y ser lo más realistas posibles. Pero creo que hay una sensación de que si no se hace ahora, es difícil después, porque las posibles fuentes de conocimiento del paradero o del último destino de estas personas, se están muriendo por razones generacionales o demográficas, y creo que el Estado nunca debería cejar en el esfuerzo por encontrar o saber algo más de estas personas, para que sus nietos o bisnietos puedan saberlo. Pero ahí hay una prudencia de quien lleva adelante esto, de siempre bajar las expectativas”.
Y apuntó sobre el programa del gobierno: «Probablemente no es una política de búsqueda de los restos, sino de saber qué pasó, cuál fue el último paradero».
Aseguró, también, que “la mera posibilidad de que existan testimonios que ayuden a saber lo que pasó, al menos con un detenido desaparecido, me parece que vale el esfuerzo”.
Sobre la posibilidad de que este proyecto de ley vea la luz en el Congreso, el abogado afirmó que “hay un ambiente bien crispado en general, pero creo que por el significado moral y político de esto, si el gobierno lo hace bien y nos encontramos con un proyecto razonable, y para mí la razonabilidad es que, cualquiera sea la fórmula, la última palabra la tengan las víctimas, no veo razones para que no debiera alcanzar una mayoría legislativa en el Congreso”.