Una de las preguntas que más se repitió en los interrogatorios del caso ProCultura fue: “Señale si la fundación contrataba y pagaba los sueldos a personas para desempeñarse en estamentos públicos”. De acuerdo con el expediente de la investigación, ese era el caso de uno de los funcionarios del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, pero también sucedió en la Seremi del Ministerio de Vivienda en Antofagasta, donde prestaban servicios dos funcionarios de ProCultura, contratados, según consta en uno de los testimonios de la carpeta, por orden expresa del exseremi de Vivienda y Urbanismo, Carlos Contreras, y vinculados a Revolución Democrática (RD, hoy Frente Amplio).
Contreras actualmente se encuentra cumpliendo la cautelar de prisión preventiva por su presunta participación en delitos de fraude al fisco y cohecho relacionados con convenios suscritos entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y diversas fundaciones, como Democracia Viva, TomArte, Fibra y Fusupo.
En su testimonio, Aleksandra Vrsalovic, jefa de la Sección Jurídica de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, afirma “respecto al tema específico de contrataciones de personas que prestaban servicios en la Seremi, pagadas por las fundaciones” que se trata de una modalidad utilizada desde el año 2020 por el Serviu, y a partir del 2021 en la Seremi.
Vrsalovic relata que en una reunión llevada a cabo en julio del año 2022, se le solicitó a Carlos Contreras contratar “profesionales de apoyo” para la tramitación y control de los convenios del Programa de Asentamientos Precarios que debían realizarse durante ese año.
Dice Vrsalovic que Contreras accedió “inmediatamente”. Agrega que entonces Contreras le pidió decirles a los entrevistados que “el tema remuneración lo debían hablar con él directamente” y luego, a través de la exconcejala de Revolución Democrática por Antofagasta y mano derecha de Contreras, Paz Fuica –actualmente bajo arresto domiciliario total y con arraigo nacional por el Caso Convenios–, recibió tres CV: uno de Wilson Ahumada Zepeda, otro de Liliana González Cortés y otro nombre que no recordaba. Estas tres personas fueron entrevistadas, y en paralelo también entrevistaron a otras cuatro personas.
“Hicimos una prelación de los entrevistados y le comunico a Contreras Gutiérrez que tenía más candidatos, a lo que él me responde que ya le había avisado a Ahumada Zepeda y González Cortés que habían sido elegidos”, afirmó Vrsalovic.
Militantes de RD
Lo dicho por Vrsalovic es reafirmado por Felipe Gordillo, la otra mano derecha de Contreras en la Seremi. En su declaración asegura que en 2022 comenzó a trabajar en la Seremi Minvu Antofagasta, bajo honorarios, como coordinador de gestión. “Mi llegada a la Seremi Minvu, se gestó a través de diversos contactos que mantenía con personas de Revolución Democrática, donde milité desde fines del año 2019, hasta que estalló el Caso Convenios a fines de junio del 2023”, señala. Respecto de la existencia de personas contratadas por fundaciones y que se desempeñaban en el servicio, dice: “En el caso de la fundación ProCultura, se trata de Wilson Ahumada Zepeda, profesión abogado, y que entiendo fue militante RD y de Liliana González Cortés, egresada de derecho, militante de RD Calama. Ambos se desempeñaron inicialmente en la sección jurídica, tercer piso del Seremi Minvu y posteriormente en el segundo piso, ala sur frente a planes y programas, al igual que otras personas que trabajaban en el programa PAP (Programa de Asentamientos Precarios)”.
Gordillo llegó a cumplir funciones en la Seremi el mismo día de Carlos Contreras, a fines de abril de 2022.
Las tareas en la Seremi
En un escrito del fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Coquimbo, Eduardo Yáñez, para solicitar interceptaciones telefónicas, se señala que tanto Wilson Ahumada como Liliana González prestaron asesoría jurídica en Asentamientos Precarios para la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. Al mismo tiempo señala que ambos fueron contratado por la Fundación ProCultura “para asesorar y gestionar el convenio del Programa de Habitabilidad Primaria en la Sección Jurídica de la Seremi Minvu de Antofagasta, a solicitud del seremi Carlos Contreras Gutiérrez, con coordinación previa de la funcionaria Paz Fuica Contreras”.
El fiscal añade que “el cargo consistía en brindar asesoría jurídica en la Seremi Minvu en la gestión y firma de 63 convenios, así como en la elaboración de los actos administrativos aprobatorios correspondientes, los cuales debían ser formalizados entre septiembre y mediados de diciembre de 2022, en el contexto del programa mencionado, tanto en la Seremi como en el Serviu de Antofagasta”. La labor era “específica, delimitada y sujeta a un plazo determinado”, por lo que una vez cumplida la tarea dejaron de prestar sus servicios.
Yáñez explica que al hacer esto se “incurrió en ciertas infracciones al no observar los principios de transparencia y publicidad en la asignación de recursos a fundaciones. Asimismo, la Seremi Minvu no ejerció un control jerárquico continuo sobre el funcionamiento de sus órganos y la actuación de su personal”; y subraya que cabe la posibilidad de que al hacer esto tanto Ahumada como González, en su rol de gestión del Programa de Habitabilidad Primaria, hayan podido estar vinculados “indirectamente” con algunas de las infracciones atribuidas a la Seremi Minvu.
“Ilustres desconocidos” para sus compañeros
Liliana González fue coordinadora del Frente Feminista de RD en Antofagasta en 2022 y candidata por RD para el Consejo Constitucional en 2023, y hay imágenes donde se aprecia el apoyo a su candidatura de la diputada desaforada Catalina Pérez –en arresto domiciliario–, de Paz Fuica y de Paula Orellana, entonces presidenta de RD Antofagasta, actualmente CORE en esa región y expareja de Carlos Contreras.
El senador Juan Ignacio Latorre, entonces presidente de RD, también promovió la candidatura de González al Consejo Constitucional.
A diferencia de Gordillo, que conocía con detalle al menos la ubicación de estas dos personas dentro de la oficina estatal, Vrsalovic, jefa de la Sección Jurídica de la Seremi, indicó en su testimonio que fueron contratadas personas “respecto de las cuales se desconocía su rol y funciones en la Seremi, ya que no fueron presentadas y se iban conociendo a medida que uno se los topaba casualmente”.
En esto último coincidió Marietta Méndez Carvajal, jefa del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Seremi de Antofagasta, quien apuntó en su declaración ante las autoridades que “mientras estaban estos convenios, llegaron varias personas a trabajar a la Seremi por Carlos Contreras, pero que no eran funcionarios, tampoco se les realizó el procedimiento de presentación, por lo que no sabíamos quiénes eran ni qué funciones cumplían, entre ellos están Wilson Ahumada Zepeda y Liliana González Cortés, ellos apoyaban el área jurídica de la Seremi. Estas personas fueron contratadas por los dineros de los cuatro convenios de Asentamientos Precarios de Procultura, terminando sus funciones en febrero del 2023”.
Las alertas de Contraloría
Sobre estas contrataciones, tanto en la Seremi Minvu de Antofagasta, como en el Serviu de Antofagasta, la Contraloría emitió un informe el 31 de agosto de 2023, en el que se da cuenta de que en total eran 12 las personas contratadas por diversas fundaciones que se desempeñaban en dependencias de la Seremi Minvu de Antofagasta y 3 en el Serviu.
Según el informe de Contraloría estos trabajadores “cumplían irregularmente funciones propias de las reparticiones mencionadas”, pese a no ser funcionarios públicos, lo que plantea cuestionamientos sobre la legalidad de su rol, el eventual “manejo de información privilegiada” y la ausencia de “responsabilidad administrativa ante eventuales faltas o negligencias”.
La Contraloría advierte que esta modalidad implicó un “uso de recursos para fines distintos al objeto del Programa de Asentamientos Precarios” y no se ajusta a los principios de transparencia, eficiencia y control establecidos en la ley N°18.575. Además, recuerda que “las labores inherentes a la función pública deben desarrollarse por servidores de planta o a contrata del respectivo organismo”.
El informe también responsabiliza a las autoridades y jefaturas que, dentro de su competencia, autorizaron o consintieron que “terceros ajenos a la institución desempeñaran funciones propias de la Administración del Estado”, utilizando oficinas, correos institucionales y equipamiento público. Esto, indica el organismo, contraviene el artículo 13 de la ley de Bases Generales de la Administración del Estado.
También en la Gobernación de la Región Metropolitana
El caso también fue mencionado en las declaraciones de funcionarios de ProCultura. María José Maturana Valenzuela, quien era la directora de Administración y Finanzas de la fundación –aunque en su testimonio dice que era un cargo solo de nombre y que su función específica “fue la de conocer las cantidad de proyectos en ejecución, montos ingresados y montos ejecutados a la fecha”– ante la pregunta sobre la existencia de personas contratadas por la fundación desempeñándose en el sector público respondió: “Sí, sucedió en Antofagasta, con la contratación de dos personas y en el Gore Región Metropolitana con la contratación de una persona”.
Y señala que en la Gobernación de la Región Metropolitana, encabezada por Claudio Orrego, “se solicitó la contratación de una persona con cargos al programa ‘Quédate’, y se desempeñó en el Gore Metropolitano, esa persona se llama Gabriel Prado, el cual era pareja de María Abusleme”.
María Teresa Abusleme era la directora de Estudios de ProCultura. Un mail suyo del 20 de febrero de 2023 vincula esta contratación directamente con Orrego:
“Les adjunto los datos de la nueva contratación para el proyecto de Prevención de Suicidio del Gore RM. Este contrato es una petición directa del Gobernador Claudio Orrego en reunión que sostuvo con Alberto (Larraín), a quien copio”. El correo iba dirigido a otros funcionarios de ProCultura e incluía los datos de Gabriel Prado Acuña, y se enumeraban entre sus funciones el desarrollo de programas específicos que requiera el gobierno regional; la representación de la Fundación ProCultura en las acciones relativas al proyecto de prevención de suicidio; gestión de actores involucrados en el trabajo propio del Gobierno Regional; sistematización de información y redacción de informes y minutas; y la evaluación de acciones realizadas por los distintos actores que trabajan en proyectos sociales del Gore; entre otras.
“Comisión de servicio” en el Gore Metropolitano
Quien fuera la representante legal de la fundación, María Constanza Gómez, se refirió a Prado durante su declaración: “Los informes de gestión de Gabriel Prado estaban redactados de tal forma que daban a entender que sus funciones las estaba desarrollando en dependencias del Gobierno Regional, y la forma en que estaba redactada daba a entender que estaba cumpliendo un rol para el Gore Met. A continuación, levanté esta preocupación al director ejecutivo Alberto Larraín Salas, a lo cual me respondió ‘esto no tiene nada que ver, porque el rol de Gabriel es en comisión de servicio’, explicándome que la ‘comisión de servicio’ de Gabriel consistía en acompañar el desarrollo de diferentes programas ejecutado por el Gore que tienen relación con salud mental y que tienen directa relación con los objetivos del ‘Quédate’”.
Gómez agrega: “Nunca había escuchado la figura de comisión de servicio, por lo que para mí era algo excepcional”.
En la carpeta judicial hay constancia de una conversación entre Macarena Viveros, analista de proyectos del Gore, y Abusleme refiriéndose a Gabriel Prado en la que Viveros dice: “Y ProCultura aporta 4.494.740 para su sueldo”, a lo que Abusleme responde afirmativamente. Orrego fue consultado por este tema por el canal 24Horas a lo que respondió que el funcionario “oficiaba como enlace del proyecto en el Gore, por lo que colaboró también en el desarrollo del perfil de un Programa de Patología Dual, que iba a ser un componente de salud mental que se iba a incorporar al proyecto ‘Quédate’, con el objetivo de seguir fortaleciendo la ejecución del programa”, y aseguró no conocer a Prado.
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