Pena solicitada: “Para todos los querellados la pena solicitada en concreto es la de 3 años de reclusión y multa de 150 unidades tributarias mensuales”.
Eso es lo que pide la querella de la Presidenta Michelle Bachelet para los cuatro periodistas de la revista Qué Pasa, y que presentó el pasado martes en el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago por los eventuales delitos de “injurias y calumnias con publicidad», y que fue acogida a trámite.
P
ese a que ayer el abogado de Bachelet en la querella, Juan Pablo Hermosilla, salió a desdramatizar el tema asegurando que “nadie pretende encarcelar a nadie, no estamos en época de dictadura y ningún periodista se va a ir preso», y que la solicitud de cárcel es una “cosa simbólica”; lo cierto es que la querella detalla las razones para hacer “merecedores de la pena de reclusión” a los profesionales de la prensa.
Las razones de la querella para pedir reclusión para los periodistas
“El hecho de que la nota periodística injuriosa haya constado por escrito y haya sido inserta en un medio de comunicación masivo, como es la revista Qué Pasa con una circulación semanal, hace que se materialice la figura del inciso 1 del artículo 418 del Código Penal, haciendo merecedores a los imputados de la pena de reclusión menor en sus grados mínimos a medio”, sostiene la querella en la página 12.
La querella argumenta que hubo un “animus injuriandi” de los periodistas, ya que el artículo publicado en la revista de papel el viernes 27 de mayo tenía “objetivamente el carácter de ser apta para lesionar el bien jurídico honor y que los autores de tales conductas conocían y querían realizarlas”.
Por ello, estiman que hubo “dolo, entendido como una voluntad de causar daño al ofendido, una intencionalidad dirigida específicamente a deshonrar, menospreciar o desacreditar (…) Los querellados actuaron con la intencionalidad de injuriar”.
Los testigos de Bachelet son funcionarios públicos de su exclusiva confianza
Si bien la Presidenta asegura que presenta la querella como “ciudadana”, el domicilio que coloca es La Moneda y los tres testigos son funcionarios públicos de su exclusiva confianza.
El ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz, y la jefa de gabinete de la Mandataria, Ana Lya Uriarte, testificarán sobre “hechos previos, coetáneos y posteriores a la publicación de la nota periodística motivo de la presente querella, como asimismo de la afectación en la honra tanto objetiva como subjetiva sufrida por mi representada”.
El tercer testigo de Bachelet es el asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores y periodista de extensa trayectoria y prestigio, Ascanio Cavallo, quien “depondrá sobre los estándares de exigencia, control y responsabilidad que conlleva el cargo de director de un medio de comunicación social y su estructura editorial, además de los hechos que motivan la presente querella”.
Sin embargo, el propio Cavallo se enteró por la prensa de que sería testigo en la causa, e incluso, aseguró que “del caso no tengo la menor idea (…) Es raro aparecer como testigo. Entiendo que lo único que puedo decir al respecto es una cuestión de tipo pericial. Supongo que es un nombre técnico. Del caso no sé absolutamente nada”, dijo a La Segunda.
Polémica por supuesta participación de Paulsen en la querella
Según relató el periodista Fernando Paulsen, miembro del estudio de Juan Pablo Hermosilla y conductor de radio ADN hasta la tarde de ayer, en que renunció, él fue quien habló con Cavallo para que se presentara como testigo en la causa. “Es muy probable que lo incluyan porque él fue director de un medio [La Época] y puede explicar cómo funciona un medio», afirmó a El Mostrador ayer, aunque el recurso presentado el pasado martes ya incluía a Ascanio Cavallo como testigo.
El ex panelist
a de Tolerancia Cero admitió que ha “hablado con decenas de periodistas que me han llamado para preguntarme y a otros que son mis amigos los he llamado yo. Pero ¿dónde está el lobby? No he hecho ninguna gestión en favor de nadie, no he ido donde ningún fiscal, ningún juez para tratar de influir”.
Paulsen aclaró que no ha llamado a “nadie para convencerlos de nada. He hablado con otros periodistas como les puede ocurrir diariamente a ustedes».
Sin embargo, el ex director del diario Qué Pasa, José Luis Santa María, calificó la situación en su Twitter como un “día negro para el periodismo en Chile. Fernando Paulsen llamando a periodistas para explicar la querella presentada contra otros periodistas».
Un par de horas más tarde Paulsen renunció en vivo a su programa en radio ADN. «Trabajo, a toda honra, en la oficina de abogados de Juan Pablo Hermosilla, por lo tanto me siento parte de la querella que Michelle Bachelet entabla contra los responsables legales de la revista», dijo.
Sociedad Interamericana de Prensa: «Esta demanda tiene la intención de amedrentar»
Como una «intención de amedrentar y abuso de poder» calificó la Sociedad Interamericana de Prensa la querella de Bachelet.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, dijo que «sin dudas esta demanda tiene la intención de amedrentar, por cuanto se busca el encarcelamiento de los periodistas, una acción que nos retrotrae a castigos que en Chile se buscaban contra los periodistas en épocas no democráticas y que han sido descartadas por la jurisprudencia internacional, por ser métodos inhibitorios de la libertad de prensa cuando se trata de funcionarios públicos en temas de interés público».
«Un presidente democrático, en especial en la tradición chilena, siempre podrá encontrar otros métodos, como la solicitud de dar su versión y, eventualmente, rectificar las informaciones que juzgue inexactas o inadecuadas, en lugar de promover demandas penales. De ese modo, se puede mostrar un mayor equilibrio entre el derecho a la información de los ciudadanos y el deber de la prensa de publicar hechos de interés público», dijo Paolillo.
«En el caso de un presidente no existe la posibilidad de desdoblar su figura pública de la privada, algo que quedó en evidencia con los anuncios y declaraciones de funcionarios del gobierno que argumentaron en público la demanda de la Presidenta. Claramente un abuso de poder», añadió.