La Presidenta Michelle Bachelet realizará hoy su cuarta y última cuenta pública ante el Congreso pleno, en la que hará un balance de su gestión que, además, dará pie para el escrutinio público de los diferentes actores políticos.
Una de las entidades que desde 2010 ha estado auscultando el nivel de cumplimiento de los anuncios presidenciales, y el tipo de impacto, ha sido el Instituto de Libertad y Desarrollo (LyD).
En un informe que realizó sobre los anuncios de Bachelet en la cuenta pública de 2016 en materia económica, laboral, medio ambiental, de transportes y telecomunicaciones, destacó anuncios que se cumplieron y que tienen un impacto positivo; otros que también se concretaron pero tendrían negativas consecuencias, los que se han cumplido a medias y los que no tienen avance.
Los anuncios de impacto positivo cumplidos por Bachelet
Lo positivo de las promesas que resalta LyD es que todos los proyectos de ley del Gobierno incluyeran una evaluación sobre su impacto en la productividad; que un cuarto de toda la capacidad de generación en Chile provenga de fuentes renovables como la eólica, solar o geotérmica; la creación de una Agencia de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable y de un parque marino Nazca-Desventuradas.
El documento concluye que el 14% de la capacidad instalada de generación eléctrica proviene de ERNC, cifra que llegaría a 25% a 2018; que la agencia de cambio climático está en el presupuesto público de Corfo para este año, y que el parque ubicado entre las islas San Félix y San Ambrosio, a la altura de Caldera, se oficializó en agosto de 2016.
Los anuncios cumplidos a medias
Bachelet se comprometió a licitar al menos 10 proyectos de infraestructura por US$4 mil millones, como las carreteras de la Fruta y de Nahuelbuta, y la autopista Américo Vespucio Oriente. Pero de ellos sólo se han concretado cuatro licitaciones y hay otras en proceso de concesión.
También se anunció la implementación de planes de descontaminación que protegerán el 87% de la población en ciudades como Andacollo, Coyhaique, Temuco, Talca, Chillán y Osorno.
“La propuesta es buena y relevante, sin embargo, es poco probable que se alcance dicha cifra durante este año. A la fecha hay 10 planes vigentes, uno en revisión y nueve en elaboración, de los cuales solo tres se encuentra en tramitación”, sostiene la investigación que realizó Susana Jiménez, subdirectora de Políticas Públicas de LyD.
Los anuncios negativos que se cumplieron
El envío de un proyecto de ley que crea un Ministerio de la Ciencia y la Tecnología es un acápite cumplido por la Mandataria, lo que es calificado de negativo impacto para el centro de estudios, ya que “no parece una solución muy distinta a empoderar Conicyt pero inevitablemente tiene asociado mayores gastos y burocracia”.
Otra propuesta que se cumplió pero es calificada desfavorablemente es aplicar el mecanismo de estabilización del precio del cobre. El argumento de LyD es que parte del costo del insumo es precisamente enfrentar su volatilidad.
La reforma al Código de Aguas que anunció la Mandataria y que entrega más facultades de fiscalización y gestión al Estado, está en trámite en el Congreso. Sin embargo, Susana Jiménez asegura que los cambios propuestos “no solo no impactarán en las mejoras que requiere la gestión de los recursos hídricos sino que además buscan debilitar el derecho de propiedad y aumentan la injerencia del Estado, lo que impactaría negativamente la actividad económica”.
El anuncio sobre una iniciativa legal de inclusión laboral para personas con capacidades diferentes se cumplió, pero a juicio de LyD sólo se hizo una indicación sustitutiva a un proyecto ya existente, pero sólo establece cuotas sin que existan normas reales sobre inclusión y capacitación.
Lo que no se cumplió
Anuncios muy relevantes que no se cumplieron fueron la reducción del déficit estructural en 0,25% del PIB por año para llegar a cero en 2018. “Es más, el gobierno espera que para el 2017 el balance cíclicamente ajustado sea de -1,5% y -1,3% para 2018, pero ya a anunciado que heredará al próximo gobierno holguras negativas, lo que significa que el gasto comprometido no es compatible con esta reducción en los próximos años”, sostiene Susana Jiménez.
Tampoco hay avance con el proyecto de ley que modifica las normas especiales para los temporeros, con la creación de un área marina protegida en Rapa Nui y un proyecto de ley de responsabilidad fiscal regional, que nunca ha ingresado al Congreso.
“Dentro de las medidas peor evaluadas por el impacto que acarrea su puesta en práctica, se encuentran las relativas a la reforma educacional (eliminación del copago, fin al lucro con recursos públicos, el nuevo sistema de admisión y el proyecto de ley de educación superior), el rediseño propuesto al Sename y la creación de una AFP estatal”, afirma LyD.