En las últimas semanas las calles de Santiago han vuelto a tener como protagonistas a los overoles blancos, las molotovs y el fuego. Tres micros han sido quemadas, se han destrozado nuevamente instalaciones de los liceos emblemáticos y estudiantes han sido detenidos.
El diagnóstico que hacen funcionarios, y quienes han estudiado de cerca este fenómeno, es que la violencia se ha vuelto a tomar las salas de clases en la educación pública, motivada tanto por la intervención política, como instrumental.
En un nuevo «Especial Mirada Líbero», la directora del Liceo Darío Salas, Lilian Vicent, relató los hechos que ha visto durante sus 10 años en la educación pública, de la que ahora está alejada debido a una suspensión. Vicent denunció «persecución política» contra ella y una «intervención externa» en los colegios que estaría radicalizando la violencia.
«Externos que se hacen pasar por apoderados»
«La presidenta del Centro de Padres del Liceo Manuel Barros Borgoño realizaba las bombas molotov con los estudiantes«, acusó Vicent.
«Tenemos muchos externos que se hacen pasar por apoderados suplentes para optar a cargos como es el Centro de Padres, hacerse visibles y tomar cargos públicos», detalló. Estos activistas políticos, afirmó la profesora de Biología, «embaucan» a los apoderados y ofrecen sus servicios. «De esta manera el adulto, a pesar de no tener un vínculo afectivo ni familiar con el estudiante, accede a ser su apoderado suplente», ahondó.
La suspendida directora explicó que tomó medidas para este tipo de apoderados dentro del establecimiento. «Cancelé la condición al apoderado que había hechos las molotov con los estudiantes. Pero espero que estas medidas se tomen mas allá que dentro de un establecimiento, que se tomen a nivel gubernamental y municipal», subrayó.
Vicent, además, puntualizó el caso de la concejala Dafne Concha (PC), primera mayoría en Santiago. «Ella era una activista política que apoyaba y protegía a los alumnos que participaban en manifestaciones violentas. Fue presidenta de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (Corpade), sin ser apoderada. Se hizo visible ante la comunidad, acaparó prensa, redes sociales y logró un cargo en el 2021 como concejala», detalló.
«Que la alcaldesa actual (Irací Hassler) entienda que esta violencia no se trata con diálogo. Que deje sus ideologías a un lado y actúe como alcaldesa y sostenedora, aplicando las medidas que dicta la ley y el reglamento interno de cada establecimiento», pidió.
«Erradiqué la violencia en el Barros Borgoño con un costo muy alto»
La profesora asegura que es la única directora que ha podido erradicar la violencia en dos establecimientos.
«Cuando asumí como directora interina el 2018 en el Barros Borgoño erradiqué la violencia. Eso me llevó un costo muy grande, a una persecución espantosa de la mano de activistas políticas y concejalas de la época», relató. La situación perduró cuando asumió como directora en el Darío Salas. «Encontré ese liceo destruido, solo con 200 estudiantes. En 2019 erradicamos la violencia y este año llegamos a 1.600 matrículas. Pero me llevó al odio de este grupo», agregó.
Explicó que dos docentes del Liceo Darío Salas, integrantes de una parte del Colegio de Profesores llamado Comunal Santiago, la demandaron por malos tratos. «Esa demanda salió a mi favor. En ningún caso se reconocen malos tratos de mi parte. Aún así Irací Hassler y Rodrigo Roco, director del Departamento de Educación de Santiago, me sometieron a un sumario el 29 de marzo y actualmente estoy suspendida«, detalló.
La clave del éxito para erradicar la violencia, según la directora, es aplicar medidas. Destacó la Ley Aula Segura porque, a su juicio, permite apartar a aquellos que dañan gravemente la comunidad y tiene medidas formativas para el estudiante. «Para nosotros es bastante complejo, porque de parte de la alcaldesa no tenemos un respaldo para implementar las medidas disciplinarias», advirtió.
Lamentó los dichos del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, quien, en Estado Nacional, afirmó que la implementación de la Ley de Aula Segura comenzó «el germen del estallido social» en los colegios.
«Me llamó la atención que dijo que estuvo en los establecimientos durante estos 4 años, porque jamás lo vi conversar con alguien ni ofrecernos ayuda», afirmó. «Bien poco puede entender lo que pasa dentro de la comunidad. Tal vez tiene una visión sesgada de lo que pasa con los estudiantes y la violencia», añádió.
Vicent subrayó además que las comunidades educativas no tienen los profesionales adecuados para ayudar a los estudiantes. «En el Darío Salas solo tenemos una sicóloga y un trabajador social para 1.600 estudiantes. No damos abasto».