Tras más de un año de su publicación, la licitación del nuevo modelo de sistema de identificación, documentos de identidad y de viaje del Registro Civil atraviesa uno de sus últimos pasos. Este lunes se realizó la oferta económica de los interesados en confeccionar las cédulas de identidad y pasaportes por los próximos 10 años y en octubre podría ser adjudicada.

En esta oportunidad el criterio de evaluación de las propuestas de los oferentes se dividió en un 65% de importancia al precio, un 30% a la evaluación técnica y el 5% restante a temas formales y antecedentes, a diferencia de la licitación anterior en la que se ponderó la parte técnica y la económica por igual (50% cada una). Esto generó ciertos temores en los oferentes con más experiencia en el rubro, que señalan que la decisión podría basarse solamente en la oferta monetaria más competitiva para el Estado, restándole importancia a la calidad.

Consultados por El Líbero, desde el Servicio de Registro Civil respondieron que “lo que busca esta licitación es bajar el precio de los documentos de identificación manteniendo los estándares de calidad”. Es más, aseguran que “la nueva licitación, no disminuirá bajo ninguna circunstancia las medidas de seguridad de los documentos de identificación y de viaje”. 

Fue el consorcio liderado por la empresa china Aisino la que presentó el monto más conveniente por una suma de US$222 millones. En tanto, la actual concesionaria Idemia, quedó en segundo lugar tras ofrecer US$245 millones. Le sigue el consorcio Sonda-Thales con US$261 millones, Telefónica Chile con US$303 millones y finalmente, Veridos con US$379 millones.

Inicialmente eran seis las compañías que pujaron en el proceso, pero Adjudica Chile no pudo hacer su oferta económica luego de ser descalificada durante el cierre de la evaluación técnica, por no cumplir con los requerimientos.

En cuanto a los puntajes técnicos que obtuvo cada consorcio todos fueron calificados con 30 puntos, excepto Aisino que fue la peor evaluada con 28,1, sin embargo, es la mejor aspectada para adjudicarse la licitación debido a la ponderación del 65% del aspecto económico. Además, en caso de que hubiera empate entre los oferentes, las bases indican que se adjudicará a quien haya obtenido el puntaje más alto en la oferta económica.

La licitación no ha estado exenta de complicaciones, críticas y cuestionamientos por parte de los 6 interesados en adjudicársela. En junio de 2020 el servicio de identificación nacional lanzó las bases de la licitación para el nuevo periodo de diseño, desarrollo, fabricación y soporte de los pasaportes y cédulas de identidad del país. Desde ese momento el Registro Civil tuvo que modificar tres veces el calendario. Una de ellas debido a que el organismo debió responder más de 3 mil consultas que le hicieron los interesados en la licitación en septiembre, pero corrieron el plazo para responder hasta diciembre. Ese cambio provocó que se cambiara de enero a abril la presentación de ofertas.

Según la institución no hubo ninguna “inconsistencia” en las bases que haya provocado las miles de preguntas. Aseguran que “lo que busca el nuevo modelo de identificación es separar los módulos y dejar los que son propios del negocio de identificación a la empresa, como la fabricación de documentos”. El resto estará a cargo del Registro Civil lo que, afirman, “permite bajar los costos de la licitación en aproximadamente US$200 millones”. “Entendemos la cantidad de consultas recibidas, ya que este cambio generó interrogantes entre los oferentes las cuales fueron resueltas y entendidas”, aseguran.

Luego, la pandemia volvió a modificar los plazos. El confinamiento de la Región Metropolitana y el cierre de fronteras provocó que suspendieran el proceso por 12 días para facilitar la entrega de las ofertas a los oferentes extranjeros y además, generaron cambios en las bases a solo semanas de la entrega de ofertas (29 de abril). Uno de los cambios más cuestionados fue la eliminación del requisito de la entrega física de muestras de cédulas y pasaportes, generando molestia entre quienes tenían sus documentos listos. Esto incluso llevó a Idemia a presentar una demanda a fines de abril.

Los numerales eliminados de las bases indicaban que el oferente debía entregar al menos 200 ejemplares de cédulas de identidad con chip, personalizadas con los datos requeridos y otras 200 muestras de pasaportes electrónicos personalizados en forma impresa y electrónica. Los ejemplares debían ser fabricados utilizando las mismas técnicas, materiales, insumos y equipos que se ofrecen en la propuesta. Con la modificación, la entrega de estos ejemplares quedó consignada como “opcional”.

En respuesta a cómo evaluarán la calidad de los ejemplares sin verlos, el Registro Civil indicó que “las ofertas deben cumplir con los niveles de seguridad establecidos en las bases de licitación que están en conformidad a los estándares de seguridad de nivel internacional de OACI y NIST”.

Con las ofertas económicas abiertas, resta que el Registro Civil evalúe todos los documentos adjuntos y los pondere con la evaluación técnica y los aspectos formales, criterio en el cual todos obtuvieron la máxima calificación. La adjudicación está agendada para el 7 de octubre y la firma del contrato para el 22 de noviembre, mientras que el inicio del nuevo sistema de identificación está programado para diciembre de 2022. Esto podría generar que la concesión con la francesa Idemia se extienda, ya que el contrato de operación es hasta enero de 2022, aunque esto no ha sido confirmado por el Registro Civil.

Denuncia de Idemia: acusan falta de exigencia técnica y de seguridad

Tras el cambio en las bases y en los plazos por parte del Registro Civil, la actual concesionaria Idemia interpuso una denuncia solicitando la impugnación del proceso licitatorio ante el Tribunal de Contratación Pública, la que no ha sido acogida y sigue en curso.

Entre los antecedentes incluidos critican una “gran cantidad de modificaciones significativas a las bases originales, a raíz de más de tres mil preguntas realizadas por las empresas interesadas(…)que pusieron en evidencia un conjunto de inconsistencias, defectos y lagunas en las bases originales”.

Además, la empresa francesa apunta a la eliminación de la “entrega obligatoria de ejemplares de cédulas de identidad, pasaportes y salvoconductos como requisito de admisibilidad y evaluación de las ofertas”. Un requisito que aseguran, era conocido por los oferentes desde el 16 de junio de 2020. En el documento afirman que esto “afecta a las empresas diligentes que han diseñado, fabricado e importado los ejemplares de documentos”. “Se otorgan privilegios a los oferentes negligentes o incumplidos a esta fecha, en detrimento de otros oferentes diligentes o cumplidos”, sostienen en la demanda.

Por otro lado, la actual concesionaria señala que “el proceso de licitación en curso, que ya de por sí adolecía de una endeble evaluación técnica, que privilegiaba notablemente el precio por sobre la calidad” queda desprovisto de toda evaluación técnica luego de eliminar la entrega obligatoria de ejemplares.

Como conclusión, la demanda de Idemia plantea que “los oferentes únicamente deberán cumplir con entregar un certificado del fabricante o de un laboratorio de calidad que acredite que la cédula de identidad y el pasaporte propuesto tienen una duración de 10 años, sin ningún otro requisito técnico o de seguridad”.

Finalmente, apuntan que una “falta de verificación de las medidas de seguridad de los nuevos pasaportes podría impactar negativamente la permanencia de Chile en el Programa Visa Waiver de EE.UU”. Esto, ya que advierten que el Department of Homeland Security realiza auditorías periódicas lo que, según Idemia, “sería muy riesgoso puesto que el Registro Civil desconoce si, en efecto, los documentos de viaje propuestos cuenta con las medidas de seguridad ofertadas(…) poniendo en peligro la continuidad del país en el programa de exención de visa”.

Sin embargo, desde el Registro Civil desacreditan esta preocupación y responden que “la institución ha tomado todas las medidas de resguardo en los ámbitos de seguridad y estándares de seguridad internacional de los documentos de identificación, los cuales fueron requisitos para participar en la licitación”.

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