Publicado el 16 mayo, 2021

Las sanciones que arriesga Jiles: multas de hasta 10 millones, 500 días por injurias y calumnias y 50 UTM por cohecho

Autor:

Maolis Castro y Francisca Escalona

La congresista y presidenciable humanista incurrió en distintas vulneraciones a varias leyes tras promover a su pareja y candidato a gobernador de la Región Metropolitana, Pablo Maltés, fuera del plazo de campaña y a las afueras de un recinto de votación; y además calificar como “asesinos” a quienes gobiernan al país.

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Maolis Castro y Francisca Escalona

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Rodeada de cámaras de televisión frente al Centro Educacional de La Pintana, la diputada humanista Pamela Jiles decidió soltar duros comentarios contra el Gobierno y hacer propaganda a favor de su pareja, Pablo Maltés, como candidato a la Gobernación de la Región Metropolitana. “¿Estamos en directo? Estoy esperando a que la colega (periodista) me confirme… Vengo a votar por el ‘Abuelo, Pablo Maltés’, el ‘Abuelo, gobernador’, lo que significa votar contra el asesino… asesino igual que Pinochet“, vociferó ayer.

Abogados consultados por El Líbero indicaron que la diputada podría haber incurrido en tres vulneraciones a las legislaciones del país. La primera fue injuria y calumnia, con publicidad, lo cual podría tener una pena de un año; otra infracción contra la Ley del Servicio Electoral tras llamar a votar por un candidato en pleno día de comicios; y por último la violación del artículo 150 de la Ley 18.700 de Elecciones Populares debido a que promueve “votar por Pablo Maltés porque eso significa votar por la Abuela, Pamela Jiles; tener un cuarto retiro, un quinto retiro, destruir a las AFP”.

Dicho artículo indica que, en cualquier sufragio popular, los que “solicitaren votos por paga, dádiva o promesa de dinero u otra recompensa o cohechare en cualquier forma a un elector, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio, multa de 10 a 50 UTM e inhabilitación absoluta y perpetua del desempeño de cargos de oficios públicos”. Por eso, al ofrecer retiros de fondos a cambio de votos por Maltés podría existir un cohecho electoral. 

Calumnias e injurias

Sin mencionar al Presidente Sebastián Piñera, la parlamentaria dirigió sus dardos contra La Moneda que, horas más tarde, descartaría ejercer acciones legales. “A nosotros nos parece que no hay que dedicarle ni un segundo más a quienes pretenden insultar y denigrar la democracia porque es precisamente aquello lo que están buscando”, dijo el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio.

Una acusación por el delito de injuria y calumnia corresponde ser formulada por el Presidente. Si no lo hace el Mandatario, no puede hacerlo nadie; una suerte similar a los procedimientos empleados con los delitos tributarios que dependen de una querella exclusiva de Impuestos Internos. Si el Jefe de Estado quisiera emprender acciones legales, tendría hasta un año. Sin embargo, al no haber atribuido el calificativo de asesino a una persona determinada, no se configuraría el delito.

En caso de que hubiese dicho un nombre, este delito reviste cierta gravedad. Según el artículo 150 de la Ley 18.700, el delito cometido tiene un carácter de acción penal pública. De este modo, el Ministerio Público podría actuar de oficio, y en ese caso las penas superarían los 500 días

Infracciones electorales

La violación de normativas no pasó desapercibida por el Servicio Electoral, que enseguida comunicó que “cualquier llamado a votar se deberá analizar para ver si se configura una posible infracción, en cuyo caso se realizará el Procedimiento Administrativo Sancionatorio correspondiente”. Mientras que el presidente de la institución, Andrés Tagle, confirmó que las acciones de Jiles no están permitidas, y que recibieron denuncias sobre esta irregularidad: “Al Subdirector de Gasto Electoral y Propaganda le corresponde decidir si debe aplicar o no un proceso administrativo sancionatorio, y de hacerse ese va a ser reservado, porque así lo establece la ley”.

Sobre las posibles multas, Tagle dijo que desconocía cuáles podrían ser estas y que eso “depende” del Subdirector de Control del Gasto y Financiamiento Electoral de Servel y no del Consejo Directivo. Sin embargo, la diputada se expone a multas, contenidas en el título VII de la ley número 18.700, que alcanzan hasta 200 UTM, equivalente a más de 10 millones de pesos.

La diputada incumplió con la norma electoral, vulnerando específicamente la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. “Con todo, tratándose del caso previsto en el inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política, la propaganda electoral sólo podrá efectuarse desde el decimocuarto y hasta el tercer día anterior al de la votación, ambos días inclusive. Se prohíbe la propaganda electoral en cinematógrafos y salas de exhibición de videos y la que en cualquier lugar o forma se realice por altoparlantes fijos o móviles, con la única excepción de la transmisión de discursos pronunciados en concentraciones públicas”, dice el artículo 30 del documento.

Otra vulneración de la congresista es el llamado a votar por un candidato a gobernador, fuera de plazo de campaña política que terminó el jueves 13 de mayo, conforme a la ley 21.324 que número 7, ley que reformó la Constitución en orden a cambiar las fechas de estas elecciones y sus períodos de campaña política.

El rol de los medios de comunicación

La ética de Jiles, en múltiples oportunidades, ha sido cuestionada. Ayer, el diputado Sebastián Torrealba (Renovación Nacional) presentó una denuncia contra Jiles ante la Comisión de Ética por infringir el artículo 342 del Reglamento de la Cámara Baja.

Su pareja, Maltés, más temprano también emitió un discurso parecido al de la diputada humanista. “Voy a votar en contra de un gobierno criminal”, aseguró a Chilevisión. El candidato nunca cesó su campaña política, al punto que su pareja lo respaldó en forma reiterada y explícitamente a través de sus redes sociales.

A excepción de TVN y Canal 13, otras televisoras no interrumpieron la propaganda de Jiles a favor de Maltés y sus injurias contra el Gobierno. Para María José Lecaros, presidenta del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación de Chile, los periodistas eligen una fuente con el fin de obtener opiniones o informaciones que aporten a una audiencia sobre un tema concreto. “Las respuestas deben ser valoradas desde esta perspectiva: ¿Aportan? Si aportan, se hacen públicas, si no, se omiten. La selección de la información es una exigencia profesional: no hay obligación de hacer público todo lo que diga una fuente”, explica a El Líbero.

La periodista señala que, entretanto, la fuente de información, en este caso Jiles y Maltés, son responsables de las opiniones emitidas. “Los periodistas somos responsables de seleccionar las mejores fuentes: la audiencia tiene derecho a exigirnos cuentas por esto. No debiéramos limitarnos a abrir micrófono a una fuente sin una pregunta concreta cuya respuesta informe”, precisa.

Jiles es la figura política mejor valorada en la encuesta del CEP, y lidera el sondeo de Criteria entre los presidenciables. La clave de su popularidad está en promocionar los retiros de fondos previsionales en medio de la crisis ocasionada por la pandemia de coronavirus. De hecho, la política aludió a las AFP en sus llamados de ayer.

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