El pasado viernes, Braulio Jatar cumplió un año y medio desde que la policía política venezolana (Sebin) lo tomara preso, pocas horas después de haber subido en su diario digital un video con un cacerolazo contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras visitó la isla Margarita.
Jatar nació en Chile porque su padre, el abogado y político Braulio Jatar Dotti, llegó exiliado a Santiago por la dictadura del venezolano Marcos Pérez Jiménez, quien lo encarceló y expulsó del país.
Desde septiembre de 2016, Jatar, ciudadano chileno, abogado de profesión y director y fundador del sitio Reporte Confidencial, estuvo en cuatro cárceles diferentes, fue sometido a crueles y vejatorios tratos que afectaron seriamente su salud, y su caso fue calificado de preso político por organizaciones de las Naciones Unidas, la OEA, Human Rights Watch, entre otras entidades, que exigieron su liberación inmediata.
La promesa del canciller hace un año: “Las gestiones se están realizando, pero no pueden ser reveladas, ya que podrían afectar el proceso de liberación”
Su hermana Ana Julia Jatar estuvo en nuestro país en diciembre pasado para denunciar la “absoluta falta de justicia” en el proceso, y pedirle a la Presidenta Michelle Bachelet que intercediera ante Maduro para que expulsara a Braulio a Chile.
En un encuentro con Ana Julia, el canciller Heraldo Muñoz le aseguró que “Chile ha estado permanentemente preocupado de la situación de Braulio Jatar, y haciendo gestiones diversas. Las gestiones se están realizando, pero no pueden ser reveladas, ya que podrían afectar el proceso de liberación“.
Dichas gestiones debía realizarlas en Caracas el embajador chileno Pedro Felipe Ramírez, quien fue llamado a nuestro país en mayo en protesta por la decisión de Maduro de disolver la Asamblea Nacional.
Después de casi dos meses en Santiago, regresó a sus funciones diplomáticas a Caracas con el expreso mandato de “dedicarse a gestionar la libertad del periodista y abogado”.
Sin embargo, hasta ahora, Ramírez, ex ministro de minería y de vivienda de Salvador Allende y actual militante de la IC, ha fracasado en su intento de traer a nuestro país a Jatar, quien está bajo arresto domiciliario mientras se realiza la audiencia de su juicio, en que lo acusan de receptación de capitales, pero la Fiscalía no ha podido presentar las pruebas.
La información clave que maneja el embajador
Un aspecto relevante es que el embajador entregue a la Fiscalía una carpeta con información que tendría en su poder, que daría cuenta de que los testimonios contra Jatar son falsos.
«El embajador solo se hace presente en la audiencia que convalidaría el fraude, sin haber hecho nada por evitar que el caso termine en la etapa preliminar sabiendo que las pruebas son falsas por forjadas», plantean fuentes conocedoras del caso a este medio.
Esta situación ha sido alertada por el diputado Felipe de Mussy (UDI), quien envió un oficio de fiscalización al ministro Muñoz, en el que presenta un cuestionario de 15 puntos sobre las gestiones que ha realizado o no el embajador Pedro Ramírez en el caso de Braulio Jatar.
Las preguntas al canciller y el embajador Ramírez sobre el caso Jatar
“Es incoherente que respaldando el Gobierno chileno a la ex fiscal venezolana Luisa Ortega, a la fecha no la haya instado a liberar las pruebas en donde se determina la absoluta inocencia de Jatar, entregadas públicamente en una marcha multitudinaria en su defensa», señala el diputado.
El oficio referido pide responder si “han contactado a la fiscal Luisa Ortega Díaz para que les informe si sabe y conoce que durante su gestión se ocultó el testimonio de quien negó en todas sus partes las actas policiales, que resultaron falsas en su contenido y firma, tal y como la propia Fiscalía supo del testimonio del declarante falsamente usurpado y cuyo evidencia ha sido ocultada por el propio Ministerio Público, cuestión que sabe y le consta a la Cancillería, el embajador, quien habló con la entonces fiscal y el cónsul en Venezuela”.
Igualmente señala que el embajador Ramírez llegó a Venezuela en abril para atender el caso de Braulio Jatar, por lo que el diputado insta “se informe una relación de las diligencias específicas realizadas a la fecha, para lograr la libertad de Braulio Jatar, tal y como lo ha ordenado el Grupo de Detención Arbitraria de la ONU, entidad que además ha pedido ser compensado por la injusta privativa de libertad, igual que Luis Almagro, secretario general de la OEA, el relator para la libertad de expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organizaciones internacionales como Human Right Watch a cargo de José Miguel Vivanco, nuestra Cámara de Diputados, Comisión de Asuntos Exteriores, entre otras entidades locales e internacionales”, resalta Felipe de Mussy.
Otras respuestas que pide de la Cancillería, embajada de Chile en Venezuela y consulado en dicho país, son referidas a la “regularidad con que visitan o atienden los graves problemas de salud de Braulio Jatar”, y si se han hecho diligencias para asistir a su hija, también chilena, quien se encuentra en el país.
Incluso el docum
ento oficial da cuenta que aparentemente el embajador Ramírez dijo haber estado en Isla Margarita, porque su visita coincidió con la salida de los magistrados venezolanos de la residencia del embajador, pero no habría hecho ninguna diligencia por el comunicador.
El diputado De Mussy insiste en consultar “qué han hecho sabiendo que las pruebas son falsas, que la ONU ha exigido su libertad, que la OEA reclama que sea liberado, habiendo el embajador estado en contacto con el Ministerio Público”.
“Qué han hecho en concreto a nivel judicial nacional e internacionalmente por lograr la libertad de un hombre inocente, y enfermo, cuya hija tampoco parece que estando aquí se le ha tendido la mano solidaria y justa”, pregunta el diputado a las autoridades correspondientes al final de su cuestionario, y asume que los pronunciamientos internacionales que ha tenido este caso no han sido acompañados por el gobierno chileno sino que fueron de exclusivo esfuerzo de los abogados del afectado.