La delincuencia junto a la inflación se han convertido en los «jinetes del apocalipsis» que acechan a los chilenos, y son el principal problema político y de gestión del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, según todas las encuestas.

Pulso Ciudadano ubicó a la inflación como el principal problema del país con el 42,9%, seguido de la delincuencia con 36,8%. Para Cadem la inseguridad es la principal razón de la inédita desaprobación de un Presidente en su primer mes de mandato.

Estas percepciones se basan en hechos concretos. En la Macrozona Sur los delitos subieron 150% tras el retiro del Estado de Excepción que permitía la presencia de las Fuerzas Armadas en la zona roja del conflicto, situación que permitió bajar los hechos de violencia. 

Los hechos recientes 

Hace unos días quemaron más de 30 camiones en Los Alamos, Biobío, lugar donde estaban emplazados los infantes de la Armada durante el Estado de Excepción. Quienes viven en la zona señalan que cumplieron un gran trabajo en el lugar, pues con su presencia desaparecieron los controles carreteros ilegales que hacían los violentistas que operan en la región.

Asimismo, la semana pasada asesinaron en Chillán Viejo al carabinero Breant Rivas, de 23 años y padre de un hijo de dos meses. Otro incidente de violencia se vivió en el barrio Meiggs durante la marcha del Día del Trabajo, cuando tres personas resultaron heridas a bala. A estos dos hechos se suma el asesinato de un locatario del Persa Biobío de un disparo en la cabeza.

Otra alarma la prendió el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, quien dio un pronóstico poco alentador para la zona: «Yo creo que estamos a tiempo de reaccionar, debe hacerse algo, porque de otra manera esta va a ser una zona tan compleja como cualquiera otra zona fronteriza. Tenemos todos los elementos para transformarnos en una zona tan terrible como la frontera de México o la triple frontera de Paraguay».

Presidente reconoce «ola de violencia»

Hace algunas semanas el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, había dicho que estábamos atravesando «el peor momento para la seguridad que ha vivido el país desde el retorno a la democracia«, y en los últimos días fue el propio Presidente Boric el que reconoció la gravedad de los hechos de violencia que estamos viendo: «Vamos a entregar lo mejor de nosotros para parar esta ola de violencia y no vamos a descansar hasta que tengamos paz y cohesión social (…). De verdad esto no va a ser fácil».

Junto a ello, el Mandatario anunció «la necesidad de que transversalmente todas las fuerzas políticas tengamos un acuerdo nacional en materia de seguridad. No podemos seguir permitiendo esta violencia, no podemos seguir permitiendo este descontrol de armas y de delincuentes”.

El llamado lo hizo tras conversar con el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, a quien le pidió el apoyo de la oposición para este tema.

El camino político para retomar el orden publico, sin embargo, es complejo, ya que el propio Boric junto a los ministros de la Segpres, Giorgio Jackson, y la vocera, Camila Vallejo, fueron férreos opositores a la agenda de seguridad del gobierno anterior en el Congreso. 

De hecho, rechazaron siete proyectos impulsados por la administracion del Presidente Piñera, como la ley antibarricadas, la ley de fuegos artificiales, la ley Juan Barrios, la ley que exige la renuncia al uso de la violencia en política, la ley de protección de infraestructura crítica y la ley de control de armas.

Consultado por esta última iniciativa, Jackson dijo que rechazó la idea de legislarla como un acto de «protesta”.

Explosivas cifras: Robos con violencia suben 75%

Durante abril, los casos policiales reportados por Carabineros en el Sistema Táctico de Operaciones Policiales (STOP) han tenido un explosivo aumento en comparación con igual período de 2021.

Los robos violentos se dispararon en 75% (pasando de 4.040 en abril de 2021 a 7.051 el mes pasado); los robos violentos a vehículos (como portonazos, encerronas, asaltos) crecieron 154% (de 151 a 405); mientras las lesiones subieron 49% (de 3.734 a 5.572).

En tanto, los homicidios crecieron 13% en apenas un mes, con 43 personas asesinadas; y las violaciones subieron 16%, con 184 casos.

Ex subsecretaria Gómez: «Es difícil cuando los que hoy son autoridades no condenaron con fuerza la violencia»

La ex subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, afirma que «son preocupantes las señales que han entregado las autoridades de Gobierno, ya que el diagnóstico está claro, y lo que se requiere es voluntad política para actuar, un plan de acción concreto, más allá de la agenda de continuidad».

Gómez señala que el Ejecutivo se demoró dos meses en anunciar que impulsarán temas importantes, que llevan largo tiempo en el Congreso y que las actuales autoridades rechazaron cuando eran diputados.

«Hoy tienen nuevas herramientas en la ley de control de armas que entró en vigencia (ADN balístico, mejorar la fiscalización incorporando a la PDI, técnicas investigativas de la ley de drogas) para actuar contra el principal flagelo que tenemos, que es el uso de armas de fuego. El deber del gobierno es implementar esa ley, que demoró 14 años en el Congreso, y que requiere que se redacte el reglamento, pero el Ejecutivo prefiere anunciar otro proyecto de ley de armas«, puntualiza la ex subsecretaria.

María José Gómez agrega que a las autoridades «les está pesando su rechazo como diputados a la agenda de seguridad por razones ideológicas, y haber partido el gobierno dando urgencia legislativa a la amnistía a los delincuentes del estallido. En política las señales importan mucho, hay que ser coherente y consistente. Es difícil cuando los que hoy son autoridades no condenaron con fuerza la violencia, o tienen conductas incomprensibles como la del ministro Jackson que dice haber votado en contra la ley de control de armas, tan necesaria para el país, como “protesta”. Esos zigzagueos le quitan credibilidad al discurso”.

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