Los consejeros constitucionales presentaron 1.088 enmiendas al anteproyecto de Constitución que hicieron los expertos. Desde entonces, el foco de la opinión pública estuvo puesto sobre los cambios que propuso la oposición -por ejemplo, respecto al derecho a la vida- y los capítulos que el Partido Republicano agregó, ahora con la venia de la Corte Suprema.
Pero ¿qué hay de las enmiendas presentadas por el Frente Amplio y el Partido Comunista (PC)?
El Líbero contabilizó al menos 29 enmiendas donde el oficialismo del Consejo Constitucional busca reponer aspectos que estuvieron presentes en el texto rechazado en septiembre pasado.
El tema está siendo seguido de cerca, también, por ex convencionales y algunas organizaciones como la Fundación Nuevamente que ha analizado los principios y conceptos que se buscan incluir en las enmiendas ingresadas.
La ex convencional Marcela Cubillos, advirtió en El Líbero, que hay consejeros de izquierda que en las enmiendas buscan “revivir normas ya rechazadas por la gente en el plebiscito”, como aquella que le da la nacionalidad chilena automática a hijos de extranjeros transeúntes.
A esta se suman otras normativas como la prohibición de que proyectos educativos con fines de lucro accedan a recursos públicos o las que buscan establecer un mayor control en los medios de comunicación.
El futuro de estas enmiendas podrían ser clave para el derrotero que vayan tomando los partidos oficialistas respecto a si aprobar o rechazar el texto que surja. De hecho, ayer, una serie de dirigentes del mundo de izquierda encabezaron el lanzamiento de una campaña para rechazar la propuesta de nueva Constitución del Consejo.
A continuación, las enmiendas del oficialismo que reviven conceptos ideológicos clave para el sector, y que fueron rechazados en el plebiscito del 4 de septiembre.
Orden público, protestas, terrorismo y DD.HH.
Un tema que generó polémica durante el debate de la convención constitucional pasada, fue el tratamiento del orden público, cuyo debate estuvo influenciado por la mirada de los sectores de izquierda que justificaban los actos de violencia ocurridos el 18 de octubre de 2019.
Un año después, algunos de esos conceptos han vuelto a estar sobre la mesa, como la enmienda que busca agregar el término de “manifestación” en el derecho a reunión (enmienda sustitutiva parcial, artículo 16, inciso 16). Esto estaba en el artículo 75 de la propuesta rechazada.
Asimismo, también se busca eliminar a través de una enmienda sustitutiva la mención a las inhabilidades y prohibiciones que tendrán quienes incurran en actos terroristas, propuestos en el anteproyecto de los expertos. Además, agregan un inciso nuevo donde se establece que se debe sancionar “proporcionalmente el terrorismo de Estado” (sustitutiva parcial artículo 15, inciso 1 y 2).
Sobre el uso exclusivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, de orden y de seguridad pública, puntualizan que una ley determinará el marco de su uso y los “criterios de proporcionalidad”, lo que estaba en los artículos 295 y 297 de la Constitución rechazada (enmienda sustitutiva parcial, artículo 121, inciso 2).
Además junto con dar rango constitucional a la Defensoría de los Derechos Humanos por medio de un artículo nuevo, también se agrega parcialmente un artículo de la propuesta rechazada, donde se establece que las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen derecho a la verdad, reparación integral, no repetición y que los delitos son imprescriptibles y no amnistiables (artículo nuevo 16, ex art. 24).
Educación, libertad de expresión y conciencia
Otro debate que marcó el pulso en la convención fue el rol de los medios de comunicación y la libertad de expresión, principios que se vieron en cuestión con algunas normas que hoy vuelven a recogerse.
Así, una enmienda ingresada por el oficialismo establece constitucionalmente la existencia de medios de comunicación “públicos”. Aunque en la enmienda aditiva al artículo 16, inciso 14 se dice que serán independientes del Gobierno, algunos ya advierten que se trata de una figura peligrosa, donde la elección de sus autoridades podría prestarse para asuntos políticos.
Junto con esto, proponen un mayor control sobre los medios de comunicación audiovisuales. Esto, al agregar una enmienda sustitutiva parcial (artículo 16, inciso 14) que se refiere al Consejo Nacional de Televisión y lo extiende de canales de TV a “medios audiovisuales”.
Además, agregan el objetivo de que este vele por el “correcto funcionamiento de los medios de comunicación, conforme a una sociedad democrática y pluralista”. Esta enmienda va en la línea de varias propuestas oficialistas en el área, como la creación de la Comisión contra la Desinformación, la creación de un sistema de medios públicos y la ley de medios.
Algunos consejeros volvieron a la carga además, con la enseñanza de religión en los colegios, lo que podría complicar la creación de proyectos educativos confesionales. En el artículo sobre libertad de pensamiento, conciencia y religión (16), adicionan que “la adscripción a una religión no puede ser utilizada como un factor determinante en el ingreso a establecimientos educacionales ni para la celebración, mantención o término de contratos de trabajo o de prestación de servicios. Toda discriminación por motivos religiosos es ilegítima”.
Otra enmienda que podría poner en riesgo la libertad de ciertos proyectos educativos, advierten en el Consejo, es la que agrega que la educación también se rige por los principios de inclusión y equidad, (enmienda aditiva artículo 16, inciso 22, literal b), sumándolos a los del anteproyecto (disponibilidad, accesibilidad aceptabilidad, adaptabilidad y no discriminación).
¿Y los subvencionados? Enmienda en el artículo de derecho a la educación, añade la prohibición de que proyectos educativos con fines de lucro accedan a recursos públicos. (Enmienda sustitutiva parcial, artículo 16, inciso 22).
Impuestos regionales para financiar la seguridad social
En el tema tributario, los consejeros oficialistas plantearon la creación de “mecanismos que permitan fijar tasas o contribuciones a nivel regional y local”, lo que algunos advierten podría significar una mayor carga tributaria para las personas que no viven en la capital (aditiva al art. 141).
Mientras, en otra enmienda aditiva (al artículo 16, inciso 30) buscan que, así como la ley podrá autorizar tributos destinados a fines de la defensa nacional, también pueda hacerlo para la “seguridad social”.
Asimismo, se agregó una enmienda que dota al sistema tributario, de los mismos adjetivos que tenía en la Constitución rechazada El sistema tributario debe ser “justo, inspirado en los principios de igualdad, solidaridad y progresividad” (art. 38, nuevo inciso).
Entre las enmiendas del oficialismo se plantea también, al igual que en el art. 182 del texto de la convención, un artículo nuevo que sostiene que “el Estado debe promover el desarrollo de las empresas de menor tamaño, la innovación, la actividad productiva, la economía social y solidaria”.
Por otro lado, si bien el texto de los expertos dejó definidas la labor que tendrá el Banco Central, el eje de Chile Unido ingresó una enmienda que establece que existirá una coordinación entre el Banco Central y el Gobierno. “La ley institucional respectiva establecerá instancias de coordinación entre el Banco Central y el Gobierno, para un adecuado cumplimiento de lo prescrito en los incisos anteriores”, dice la enmienda aditiva del art. 194 que podría influir en la autonomía del organismo.
Producción y ecología
Una bandera importante que defendieron los sectores de izquierda en la convención pasada, fue dar una mirada ecológica al sistema productivo chileno, lo que tuvo en alerta al sector económico, por el rol que podría comenzar a jugar el Estado para cumplir estos principios.
Un año después, algunos de estos conceptos han vuelto a estar sobre la mesa, como por ejemplo la enmienda aditiva (art. 16) que busca establecer que el “Estado procurará asegurar una producción agrícola suficiente para abastecer el consumo nacional”. Entre algunos expertos y consejeros, creen que esto podría abrir la puerta a que el gobierno de turno inhiba exportaciones para satisfacer el mercado nacional.
Por otro lado y al igual que en la propuesta rechazada, una enmienda aditiva al artículo 12 busca establecer nuevamente la relación indisoluble con los seres humanos y la naturaleza, sin definir de qué se trata y si ello limitará acciones humanas sobre la naturaleza (Enmienda aditiva, artículo 12).
Las fuerzas que componen el ofcialismo también trajeron de regreso la “justicia ambiental” y el uso de la naturaleza justificado en el “interés público y el beneficio colectivo”. Las enmiendas aditivas al art. 203 y un artículo nuevo, incorporan estos conceptos que estuvieron presentes en la propuesta rechazada (128 y 134).
Niñez y política
Al igual como ocurrió en la convención, en el consejo actual se han ingresado una serie de enmiendas que abordan la participación de los niños y adolescentes en la vida pública y la protección del Estado , del “interés superior” de los niños, niñas y adolescentes. Así, en varias enmiendas (sustitutiva total del artículo 14, aditiva del 14, aditiva del art. 16 incisos 6 y 21) se mencionan acciones estatales en pos del “interés superior” de ellos, sin que se especifique en qué consiste y cómo se articula con las familias.
Asimismo, se agregó una enmienda que busca promover la participación de niños, niñas y adolescentes “en asuntos públicos”. A través de la incorporación de “mecanismos” para que la niñez tenga un rol en política (enmienda aditiva del art. 39) tal como se propuso en el art. 117 del texto rechazado.
Por otro lado, se vuelve a proponer el derecho a voto desde los 16 años, reponiendo el sufragio voluntario desde esa edad y la obligatoriedad desde los 18 (aditiva al art. 39).
Tratados Internacionales
En el consejo, el oficialismo ha vuelto intentar darle rango constitucional a los tratados internacionales, lo que ha puesto en alerta a algunos consejeros de la oposición por cómo podría afectar la soberanía nacional.
En el artículo 5 del anteproyecto se establece que «el ejercicio de la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes”.
El oficialismo, sin embargo, ingresó una enmienda que crea un nuevo inciso y que establece que “estos tratados gozarán de jerarquía constitucional.”
Esto en línea con la propuesta del artículo 15 de la Constitución rechazada, donde se determina expresamente que los tratados internacionales de derechos humanos tendrán rango constitucional.
Enfoque de género en la función jurisdiccional
Otro aspecto ampliamente debatido en la convención anterior fueron los intentos por darle un enfoque de género e intercultural, a la función jurisdiccional, idea ha vuelto a estar presente a través de una enmienda que crea un artículo nuevo, (después del artículo 153) y que establece que “en el ejercicio de la función jurisdiccional se considerarán las desventajas estructurales que sufren ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, con perspectiva intercultural y enfoque de género”.
La enmienda toma los conceptos que se propusieron en la Constitución rechazada (Artículos 311 y 312), estableciendo la obligación a los tribunales de considerar en su función, la situación de determinados grupos o de los denominados “grupos históricamente excluidos”.
Asimismo, el oficialismo ingresó una enmienda que establece que “la ley podrá crear otros territorios especiales, en virtud de las particularidades geográficas, climáticas, medioambientales, económicas, sociales y culturales de una determinada zona”.
Este concepto ya estaba contenido en la propuesta de Constitución rechazada (Artículo 236), estableciéndose la posibilidad de que se puedan crear territorios especiales, adicionales a los previstos por la Constitución, en razón de “particularidades culturales”.
Paridad en el Congreso
Pese al debate que ha generado las correcciones de género en algunas elecciones -como ocurrió en la elección de consejeros reciente-, desde el oficialismo han insistido en la idea de establecer vía constitucional y al igual que proponía la convención anterior (Artículos 252 y 254), la paridad del Congreso Nacional.
Esto a través de una enmienda aditiva (artículo 53), para agregar un nuevo inciso al artículo 39, que establece: “La misma ley establecerá el mecanismo de integración que asegure una composición paritaria entre hombres y mujeres de las cámaras que conforman el Congreso Nacional”.
Es decir, se establece que la composición de ambas cámaras será paritaria.
Migración
Entre los consejeros Republicanos y de Chile Vamos, en tanto, también han puesto la mirada en una enmienda relativa a la migración y que podría otorgar la nacionalidad a hijos de inmigrantes indocumentados.
Esto porque el oficialismo también ingresó una enmienda que modifica la definición del texto de los expertos, la cual establece que «los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que, sin embargo, podrán optar por la nacionalidad chilena».
Las fuerzas de izquierda a través de una enmienda buscan suprimir parcialmente en el literal la expresión “, y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos”, abriendo la posibilidad que los hijos de inmigrante ilegales también tengan la nacionalidad.