Publicado el 05 de febrero, 2020

Las contradicciones de quienes criticaron la acusación constitucional a Guevara, pero votaron a favor

Autor:

Emily Avendaño

Los senadores Jaime Quintana (PPD) y Carlos Montes (PS) cuestionaron la aplicación del instrumento. El primero subrayó que el recurso tenía “evidentes deficiencias”, el segundo llamó a no “abusar” de este mecanismo, pero pese a sus argumentaciones entregaron los votos orientados a la destitución del intendente Felipe Guevara. Finalmente, el bloque opositor no alcanzó los 22 votos que necesitaba. En el proceso hubo además dos abstenciones de legisladores DC: Carolina Goic y Jorge Pizarro. “Yo no me formé convicción de que hubiera mérito jurídico para la acusación constitucional. Creo que no existe”, subrayó Pizarro. 

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Emily Avendaño

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La acusación constitucional contra el intendente metropolitano, Felipe Guevara, fue rechazada por no conseguir el quórum necesario. El bloque opositor no logró los 22 apoyos que requería para destituir a la autoridad y tuvo que conformarse con 18 votos a favor. Hubo además 15 sufragios en contra, y 2 abstenciones. 

Entre quienes aprobaron el mecanismo hubo contradicciones. Por ejemplo, el propio presidente del Senado, Jaime Quintana, apoyó la acusación constitucional, pese a que en los primeros minutos de su intervención subrayó: “Lo primero que quiero constatar es que hemos revisado una acusación constitucional con evidentes deficiencias”. De esta manera el legislador se refirió a las supuestas violaciones al derecho a reunión y la libertad de expresión como los elementos que gatillaron la acusación contra Guevara -suspendido de su cargo el 23 de enero cuando la Cámara de Diputados sí aprobó el libelo en su contra-. “Si hay algo en Chile que no se ha conculcado es la libertad de expresión y que esa es la razón por la cual todo el país conoce los atropellos a los derechos humanos y a la dignidad de las personas”, señaló Quintana. Con respecto a la reunión pacífica dijo que aún era posible el debate. 

“En definitiva, creo que estamos frente a una acusación menos rigurosa que aquella contra el ex ministro Chadwick, y eso me preocupa cuando hemos escuchado a diputados amenazando con nuevos libelos a otras autoridades del Estado. Es responsabilidad de todos cuidar la institucionalidad porque eso también implica cuidar la democracia. Hago un llamado en lo sucesivo a la responsabilidad”, aseveró el presidente del Senado. Agregó que si la acusación al intendente se hubiese hecho antes del estallido social “no habría dudado un segundo en rechazar la acusación”. 

No obstante, de allí en adelante el tono de su discurso cambió y entonces pasó a señalar las responsabilidades gubernamentales. Y concluyó: “Partí señalando que esta acusación tiene deficiencias, pero por otro lado no tenemos otra herramienta para hacerle ver al gobierno que su política de enfrentamiento y de la guerra tiene que parar. Lo hemos reiterado: Chile no necesita más violación de los DD.HH.; Santiago, ni ninguna otra ciudad resiste más jornadas de violencia y el Ejecutivo es el primero que debe buscar las formas y acciones correctas, por esa única razón y sopesando el valor que tiene la vida y la dignidad de las personas versus cualquier otra consideración es que voto a favor esta acusación”.

Guevara asumió como intendente el 18 de octubre. El 13 de diciembre, llamó a la ciudadanía a no participar de una convocatoria en los alrededores de la plaza Baquedano debido a que no había sido autorizada e implicaba un riesgo para la seguridad. Cuatro días después aparecieron sus polémicos dichos en Twitter: “Tendremos tolerancia cero con manifestaciones no autorizadas” -por los que se disculpó en enero-, y el 20 de diciembre se aplicó la estrategia de “copamiento policial” en los alrededores de Plaza Baquedano. Esos fueron los hechos esgrimidos por los diputados Gabriel Ascencio, Ricardo Celis, Luis Rocafull, Tomás Hirsch, Gael Yeomans, Claudia Mix y Karol Cariola para presentar el requerimiento. 

Ante esto, al finalizar su intervención el senador Carlos Montes (PS) dirigió su mensaje a la Cámara de Diputados: “La acusación constitucional es un mecanismo institucional que no es apropiado para cualquier situación. En este caso la discusión es otra, la discusión es sobre la naturaleza de la crisis, las alternativas para enfrentarla, las violaciones a los derechos humanos, el descontrol del orden público. Centrar el debate y las decisiones en la infracción específica de un funcionario de segundo nivel es forzar la situación. No abusemos de la acusación constitucional”. 

Montes subrayó que sus reticencias con respecto a la aplicación de este instrumento tenían que ver con que “el mecanismo institucional de la acusación constitucional no es el más adecuado para el problema histórico en que estamos”, aunque en definitiva votó a favor: “Yo no soy abogado pero veo la fragilidad de los elementos para concluir que el derecho a la reunión y el derecho a expresión han sido afectados en estos días y bajo las condiciones señaladas. Sin embargo, esto no es solo un fallo técnico-jurídico. Hay un contexto histórico muy exigente en el cual nadie se puede abstraer. Rechazar la acusación constitucional sería como no hacerse cargo de lo que ocurre, como si no fuera relevante”.

Del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier también adujo fallas en las motivaciones del libelo: “Yo comparto que la acusación tiene ciertas debilidades, respecto a qué es el derecho a la reunión, dónde está consagrado, dónde está tipificado, dónde se garantiza, cuáles son los procedimientos, eso en nuestras normas legales, pero en el derecho internacional es muy claro el derecho a la reunión y en ese sentido, porque este es un problema por sobre todo político, de la inacción de la Intendencia, del Gobierno, creo que en un momento tenía otro juicio sobre esta acusación y hoy me he convencido que no queda otra alternativa que votarla a favor”. 

El senador asistió a votar, aunque en la mañana se había especulado que sería otra de las ausencias en la sala.

Las abstenciones de la DC

Se trata del cuarto libelo en contra de una autoridad del Gobierno. En esta oportunidad, los senadores DC Carolina Goic y Jorge Pizarro optaron por abstenerse en la votación, aunque también advirtieron que no había mérito jurídico para aprobarla. 

“Coincido plenamente en que la acusación constitucional desde el punto de vista del instrumento establecido en la Constitución, del cual puede hacer uso la Cámara de Diputados es una acusación netamente política (…). Yo no me formé convicción de que hubiera mérito jurídico para la acusación constitucional.  Creo que no existe, sí entiendo el por qué de la acusación desde el punto de vista político”, afirmó Pizarro.

Por su parte, Goic dijo: “Creo que ha sido evidente, comentado por varios aquí, la debilidad de las pruebas que se han entregado y estoy aquí presente para decir que no puedo aquí, por el mandato que tengo, no puedo actuar en contra a lo que es mi convicción, en conciencia, y por lo tanto yo me voy a abstener”. 

Ambos legisladores se refirieron a las presiones recibidas por las funas y las redes sociales. “A mí no me gusta un Chile donde finalmente salimos a la calle con el temor a ser funados, donde a veces flaqueamos a nuestra convicción por temor a lo que dicen en redes sociales, y no lo digo por nosotros sino que por la gente, porque cuando hablamos de nuestra democracia y de reconstruir nuestra democracia tiene que ser sobre la base del respeto”, concluyó Goic.

Por la DC sí se pronunciaron a favor los senadores Francisco Huenchumilla y Yasna Provoste.

Las figuras ausentes en la sesión fueron: José Miguel Insulza (PS) -quien tenía permiso constitucional para ausentarse-; Rabindranath Quinteros (PS), Felipe Harboe (PPD) y Ximena Rincón (DC), quienes se encontraban pareados con sus colegas de Chile Vamos, Andrés Allamand (RN), Víctor Pérez (UDI) y Manuel José Ossandón (RN), respectivamente.

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