Esta tarde La Segunda dio a conocer que la Superintendencia de Pensiones emitió un oficio el pasado 23 de agosto en el que impide a las AFP opinar de política contingente en las comunicaciones que sostiene son sus afiliados. En el texto se señala que “dicha comunicación no debe desviar la atención de los trabajadores de lo que es relevante respecto de sus fondos previsionales, esto es, la rentabilidad, el costo y el servicio que prestan».
El oficio, que muchos ya han calificado como una “ley mordaza”, ya que atentaría contra la libertad de expresión, fue enviado directamente a Habitat, AFP que durante el último mes ha enviado dos extensas cartas a sus afiliados entregando información del sistema y opinando sobre la marcha del movimiento “No + AFP” y las propuestas para mejorar el sistema que ha hecho el gobierno.
La primera de las misivas (ver completa aquí) fue emitida el 2 de agosto, 10 días después de la primera marcha del movimiento que lidera Luis Mesina, dirigente sindical bancario quien en el pasado fue director de la AFP Futuro.
En ella, Habitat decía que “en el último tiempo se percibe un malestar ciudadano respecto de las pensiones y del rol de las AFP, que ciertos grupos han exacerbado, muchas veces con verdades a medias, cifras tergiversadas o lisa y llanamente falsas, con el objeto de buscar reformas al sistema previsional que no son sostenibles en el tiempo. Observamos con preocupación que gran parte de los discursos que intentan ser instalados obedecen a conceptos ideologizados e intereses particulares, que sin duda no son beneficiosos para la gran mayoría de los chilenos, especialmente para la clase media ni para los más jóvenes”.
A renglón seguido explicaba cómo funcionaba el antiguo sistema de reparto, sus vicios, y las razones por las cuales ya no es viable para Chile. También se extendía sobre el funcionamiento de las AFP, las comisiones que cobran y las pensiones que pagan. De hecho, uno de los párrafos de la carta que aludía a este tema cobró relevancia en la comentada entrevista que el creador del actual sistema de pensiones, José Piñera, concedió a TVN, pues lo leyó más de cinco veces al conductor de El Informante, Juan Manuel Astorga.
“Los hombres que han cotizado por 30 años o más, tienen pensiones en promedio superiores a los $650.000, representando una tasa de reemplazo neta del 77,2%. En el caso de las mujeres dicho valor fue de $327.000, que representa una tasa de reemplazo del 41,5%”, sostiene el documento.
La segunda carta (ver completa aquí), en tanto, se envió a los afiliados el 16 de agosto, pocos días después de que la Presidenta Michelle Bachelet anunciara en cadena nacional un paquete de iniciativas para perfeccionar el actual sistema de pensiones.
En la misiva firmada por el gerente general de Habitat, Cristián Rodríguez, se sostenía que los anuncios “nos han sorprendido por varias razones, entre ellas el sentido de oportunidad y la lógica tras lo propuesto al país:
La oportunidad: porque el propio gobierno señaló que una reforma previsional no era prioridad, al punto que no estaba considerada en este mandato, aun cuando nos parecía necesario debatir sobre el tema.
La lógica: porque de validarse un aporte extra de 5% a un sistema de reparto, se trataría de una nueva reforma tributaria, cercana a un tercio de la reforma aprobada el 2015, la que afecta fundamentalmente a la clase media trabajadora con sueldos entre $500.000 y $2.000.000.
El aumento gradual de la cotización hasta un 5% de cargo del empleador es una medida que compartimos, pero estamos en desacuerdo en el destino de esos fondos. Habitat ha propuesto que su destino sea la cuenta de ahorro individual de cada trabajador, que requiere de un aumento en la cotización para lograr pensiones acordes a su situación laboral. Los menores rendimientos de las inversiones hacia el futuro y la mayor longevidad hacen insuficientes el aporte del 10%. Sin embargo, el anuncio da a entender que ese 50% de mayor cotización irá a un sistema de reparto, donde una parte pagará las pensiones actuales y otra será repartida entre las futuras.
Esta medida se convierte en un impuesto al trabajo que impacta principalmente a la clase media que accede a pensiones que no son lo suficientemente bajas para ser beneficiadas con esta medida, pero que su sueldo es inferior al tope imponible, por lo tanto contribuirá con un 5% del total de su remuneración, lo que es más de lo que contribuiremos quienes tenemos sueldos superiores a ese tope”.