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Publicado el 10 de enero, 2019

La mano de Chile para evitar que texto de la OEA, de rechazo al nuevo período de Maduro, instara a romper relaciones diplomáticas con Venezuela

Autor:

Emily Avendaño

Hoy, en medio de un país militarizado, Nicolás Maduro tomará posesión de un nuevo período, al mismo tiempo que la OEA votará una resolución que declara su ilegitimidad. Y como ya adelantó el Grupo de Lima, donde el canciller Roberto Ampuero tuvo un rol central, se urge a que los Estados miembros tomen medidas diplomáticas “de conformidad con el derecho internacional y su legislación nacional”. Chile es partidario de no romper relaciones para no perjudicar a los connacionales que permanecen en Venezuela y a los opositores al régimen que mantiene asilados en su Embajada en Caracas.

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Emily Avendaño

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Un despliegue militar “inusual”, la realización de jornadas de ornato en diversos puntos de la ciudad, un pronunciamiento de Human Rights Watch y de la organización no gubernamental venezolana Foro Penal, con respecto a las detenciones y torturas que sufren algunos militares de ese país, y la institución de una comisión para la Defensa de la Constitución conformada por diputados de la Asamblea Nacional (el Congreso). Todos esos hechos precedieron la toma de posesión de Nicolás Maduro en la Presidencia de Venezuela que finalmente ocurrirá hoy ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante el Parlamento como mandata la Constitución.

El acto atrae la atención del mundo. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunirá en una sesión extraordinaria en el Salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington, DC –de manera casi simultánea a la asunción de Maduro– para considerar la “Situación en la República Bolivariana de Venezuela”, de acuerdo a la solicitud de las Misiones Permanentes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y Perú.

Durante la reunión, los 34 Estados miembros votarán una resolución para desconocer “la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019” –como ya lo hizo el Grupo de Lima el pasado 4 de enero–, además de hacer un llamado para la realización de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías, urgir al régimen que permita el inmediato ingreso de ayuda humanitaria y la libertad de todos los presos políticos, entre otros puntos.

Ya la Asamblea General de la OEA declaró el 5 de junio de 2018 “que el proceso electoral realizado en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos de Venezuela, por no cumplir con los estándares internacionales y por haberse desarrollado sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático”.

Hay funcionarios policiales y militares desplegados en toda la ciudad. Eso puede tener que ver con algún miedo o angustia que pudiera tener el poder de situaciones de protesta o de un cambio político que se pudiera tratar de comenzar desde la Asamblea Nacional”, afirma Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal.

Aprobar una resolución de este tipo, si no se logra por aclamación, requiere del voto a favor de 18 estados miembros y, hasta ahora, cualquier acuerdo con respecto a Venezuela ha logrado alrededor de 20 votos. No obstante, una fuente ligada a la OEA dice que si se arriesgan con una resolución puede ser porque ya se tengan asegurados todos los sufragios.

A la sesión de hoy asistirán los embajadores permanentes ante el organismo. En el caso de Chile se trata del abogado Hernán Salinas.

Chile es partidario de no romper relaciones diplomáticas con Venezuela y su mano se destaca uno de los puntos del acuerdo: “Urgir a todos los Estados Miembros e invitar a los Observadores Permanentes de la OEA, a adoptar, de conformidad con el derecho internacional y su legislación nacional, las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren apropiadas para contribuir a la pronta restauración del orden democrático en Venezuela”.

El país considera que cada nación debe resolver, de manera soberana, el estatus de sus relaciones. En este caso, comentan desde Cancillería, es conveniente continuar en Venezuela para garantizar la permanencia de la Visa de Responsabilidad Democrática –un instrumento humanitario para los venezolanos que desean residir en Chile– y por ser Venezuela uno de los países con mayor comunidad de chilenos en el exterior (con alrededor de 14.000). Además, de la posibilidad de mantener diálogo otras delegaciones diplomáticas que se encuentren en Venezuela, y poder tener contacto de primera fuente con la oposición. Además, es una forma de evitar cualquier represalia de ese país. Hay dos dirigentes políticos venezolanos asilados en la Embajada de Chile en Caracas.

Los agentes de inteligencia no solo están deteniendo y torturando a militares, sino que en algunos casos también van tras sus familiares u otros civiles cuando no pueden encontrar a los supuestos responsables a quienes buscan”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Parte de esta posición ya se adelantaba en el pronunciamiento del Grupo de Lima del pasado 4 de enero. En la ocasión el canciller Roberto Ampuero tuvo un rol central. Allí se acordó no reconocer la legitimidad del nuevo período presidencial de Maduro, lo instan a no asumir y respaldan a la Asamblea Nacional. Y la primera medida acordada es la de “reevaluar el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, en función del restablecimiento de la democracia y el orden constitucional en ese país, y la necesidad de proteger a sus nacionales e intereses”.

Por su parte la comunidad de venezolanos en Chile emitió un documento en el que también mencionan la “ilegalidad e ilegitimidad” de las elecciones del 20 de mayo como uno de los principales argumentos para solicitar apoyo en la restitución del hilo constitucional de Venezuela, así como el desconocimiento de Maduro, el apoyo a la OEA, al Grupo de Lima y demás entes internacionales, en la promoción del rescate de la democracia en Venezuela. El “reconocimiento a la Asamblea Nacional como única institución democrática en la República y al Tribunal Supremo de Justicia, actualmente en el exilio”; y promover la liberación de todos los presos políticos.

El grupo también solicita presionar a la Corte Penal Internacional con respecto a la investigación solicitada por siete países –entre ellos Chile– para que en Venezuela se investigue la comisión de delitos de lesa humanidad por parte de funcionarios del gobierno; así como “investigar, respetando la legislación interna, si en el territorio chileno se encuentran funcionarios venezolanos incursos en delitos de corrupción, para la congelación e incautación de sus activos y bienes”.

Ayer Maduro, durante una rueda de prensa, dio 48 horas al Grupo de Lima, que él llama el “cartel de Lima”, para rectificar su postura sobre Venezuela, advirtiendo que de no hacerlo tomará “las más urgentes y crudas medidas diplomáticas para la defensa de la integridad, la soberanía y la dignidad de nuestra Venezuela”.  Además entregó notas de protesta a las delegaciones de los países que conforman la coalición.

Human Rights Watch se une a la presión internacional

Human Rights Watch y la organización no gubernamental venezolana Foro Penal emitieron un informe ayer, un día antes del comienzo del nuevo período de Maduro, en el que dan cuenta de los “abusos aberrantes, que constituyen tortura, para obligarlos a aportar información sobre supuestas conspiraciones” que sufren algunos de los detenidos políticos de ese país, en especial los militares.

“El gobierno venezolano ha arremetido brutalmente contra militares acusados de conspiración”, dijo el abogado chileno José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch en una nota de prensa. “Los agentes de inteligencia no solo están deteniendo y torturando a militares, sino que en algunos casos también van tras sus familiares u otros civiles cuando no pueden encontrar a los supuestos responsables a quienes buscan”.

Los abusos incluyen golpizas brutales, intentos de asfixia con bolsas de plástico, cortaduras con hojillas en las plantas de los pies, descargas eléctricas, privación de comida y acceso al baño, amenazas de muerte; y tampoco se les da acceso a tratamientos médicos.

Gonzalo Himiob, director de Foro Penal, dijo a El Líbero que “como en 2018 no se presentaron protestas políticas de las dimensiones que hubo en 2017 y 2014, en las que la represión se enfocó a la población en general, pareciera ser que la intención del gobierno era la de neutralizar cualquier foco de disidencia o de oposición que hubiese dentro de la misma Fuerza Armada Nacional. No es que no se reprimió a los civiles en 2018, porque sí se les reprimió, pero el acento lo tuvo la represión hacia los militares que estaban o en servicio activo militar o que el gobierno identificaba como relacionadas con el mundo militar”.

Las últimas cifras de la ONG indicaban que, hasta el mes de noviembre, 80 de los 288 presos políticos que había en Venezuela eran militares. Himiob explica que esa cifra pudo haber bajado pues durante el mes de diciembre se realizaron las audiencias preliminares de varios de ellos, algunos de los cuales quedaron en libertad condicional al haber aceptado que cometieron algún delito.

Un país militarizado

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela ha confirmado la asistencia al acto de juramentación de los Presidentes de Bolivia y de Cuba, Evo Morales y Miguel Díaz-Canel, respectivamente. Al país caribeño también llegaron delegaciones diplomáticas y de gobierno de Rusia, Belarús y Argelia, para asistir a la toma de posesión. Además, allá se encuentra el ministro de Agricultura de China, Han Changfu, y el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Mohammed Barkindo, para asistir al acto.

A pesar del rechazo de la mayoría de los países de América y de Europa al régimen de Maduro, representantes de la izquierda de Chile viajaron al acto. Entre ellos, dirigentes del PRO, el senador Alejandro Navarro, el presidente de la colectividad Camilo Lagos, el secretario general Jonatan Díaz y la vicepresidenta de relaciones internacionales, Carolina Aedo.También se esperaba la asistencia de la diputada de Poder Claudia Mix y del diputado PC Boris Barrera. Esteban Silva, presidente del Movimiento del Socialismo Allendista, e integrante de la dirección nacional del Frente Amplio también asistió.

El grupo está invitado a participar en la juramentación que se hará en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a un desfile militar y a un acto organizado por los partidos políticos oficialistas. El viernes habrá una sesión solemne de la Asamblea Constituyente.

En tanto, desde comienzos de la semana los venezolanos se alarmaron por la presencia militar y policial “inusual” en las calles. En Caracas había presencia de los cuerpos de seguridad en la autopista Francisco Fajardo (la principal arteria vial). En el estado Táchira (al occidente), la periodista Yamile Jiménez reportó para el portal Caraota Digital “un fuerte despliegue de uniformados, con equipos antimotines en las zonas donde usualmente se realizan protestas antigubernamentales”, también instalaron tanquetas de la Guardia Nacional y equipos antimotines en las autopistas de Carabobo (al centro); y en el estado Lara (occidente).

El director del Foro Penal indica que “hay funcionarios policiales y militares desplegados en toda la ciudad. Eso puede tener que ver con algún miedo o angustia que pudiera tener el poder de situaciones de protesta o de un cambio político que se pudiera tratar de comenzar desde la Asamblea Nacional, como también con el hecho de que cuando hay una toma de posesión vienen líderes extranjeros al país y en esos casos la seguridad en las ciudades siempre se refuerza, eso es lo regular. Lo normal. Pero sí hay un despliegue inusual de funcionarios policiales y militares en Caracas”.

Remigio Ceballos Ichaso, comandante Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas de Venezuela, declaró que se está realizando “un despliegue terrestre, aéreo y naval” para garantizar la seguridad durante los diversos eventos a realizarse el día de hoy.

El Parlamento venezolano trabaja en la creación de un Estatuto para formalizar un consejo de transición que permita restablecer la democracia, para eso se instaló una Comisión especial en defensa de la Constitución.

 

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