Publicado el 10 de julio, 2020

La historia del empresario chileno que denuncia a Perú por un extendido arraigo

Autor:

Maolis Castro

Tras casi cinco meses en Lima, el dueño de First Capital y ex asesor del ex Presidente Pedro Pablo Kuczynski, el chileno Gerardo Sepúlveda, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por «transgresión a la libertad personal» y otras supuestas irregularidades cometidas por el Poder Judicial de Perú. Llegó a esa nación para ofrecer su testimonio en el caso Lava Jato, pero ahora sus defensores aseguran que atraviesa por un proceso kafkiano tras ser relacionado en una nueva investigación.

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Maolis Castro

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El empresario chileno Gerardo Sepúlveda Quezada lleva casi cinco meses intentando salir de Perú. Llegó el 23 de febrero para participar en tres declaraciones programadas por el fiscal José Domingo Pérez en calidad de «testigo clave» en la investigación contra el ex Presidente Pedro Pablo Kuczynski, con arresto domiciliario desde 2019, por recibir pagos de Odebrecht. No fue recibido por el fiscal que, no obstante, solicitó al juez Richard Concepción Carhuancho una medida de arraigo por 90 días contra el inversionista. Así, el juez determinó que debía permanecer dos meses en esa nación, y esta vez lo relacionó con otra causa del caso Lava Jato: las presuntas coimas recibidas por el ex Presidente Alejandro Toledo.

Hace poco, el pulso entre el empresario y la justicia peruana escaló a niveles insospechables. Y, ahora, el chileno, que ingresó como testigo, acusa al Poder Judicial de cercenar sus derechos al prohibir su salida de ese país. Hoy, pasa los días confinado en un hotel en Lima.

Todo el proceso comenzó hace más de dos años. Los investigadores consideraron al empresario como un potencial informante, a finales de 2017. Sepúlveda es propietario de First Capital Inversiones y asesoró a la empresa Westfield Capital, propiedad de PPK. Esta última compañía es investigada por recibir pagos de la constructora brasileña.

Como el inversionista fue representante de Westfield Capital pasó a ser investigado por el presunto delito de lavado de activos. A principios de 2018, en Chile, declaró 15 horas ante el fiscal peruano Hamilton Castro. Sus abogados indican que «siempre» están dispuestos a colaborar con la causa, presentando todos los documentos solicitados al Ministerio Público y que, según ellos, demuestran que no existió coima de por medio en las licitaciones con la constructora.

De un testimonio a una investigación

Su proceso se endureció cuando el fiscal Pérez solicitó prisión preventiva de 36 meses contra Gerardo Sepúlveda por el presunto delito de lavado de activos, el año pasado. Pero el 12 de febrero, el juez Jorge Chávez declaró infundado el pedido de detención, aunque estableció medidas restrictivas y una multa equivalente a 30 mil dólares.

Al volver a Lima, la justicia consideró a Sepúlveda como testigo en la investigación sobre posibles sobornos de Odebrecht para obtener la concesión de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur durante el gobierno de Toledo (2001-2006), cuando Kuczynski fue ministro de Economía.

Cuando fue interpelado afirmó que su rol fue «eminentemente técnico» en las asesorías proporcionadas a Odebrecht. Pero el fiscal apeló a los testimonios de PPK; Guillermo Garrido Lecca, ex funcionario del Ministerio de Economía y Finanza; y del colaborador brasileño y ex director de Odebrecht en Lima, Jorge Barata, que vinculan al chileno en asesorías en el caso Interoceánica.

#ENVIVO AUDIENCIA DE IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS DE TESTIGO GERARDO SEPÚLVEDA QUEZADA, POR EL PRESUNTO DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS – CASO INTEROCEÁNICA

Posted by Justicia TV – Poder Judicial del Perú on Wednesday, February 26, 2020

«De la noche a la mañana me convierto en un testigo importante en un caso del que no soy parte y resulta que me tengo que quedar 60 días para cumplir una diligencia nueva. He dicho al fiscal que estoy a su disposición cuando él lo necesite», dijo el empresario a la prensa a finales de febrero.

Siguieron jornadas exhaustivas. El último interrogatorio del ex socio de PPK fue el 26 de junio, el día que vencía su impedimento de salida de Perú. El empresario declaró por casi 10 horas, respondiendo 113 preguntas, ante integrantes del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, entre ellos el fiscal Rafael Vela y la procuradora Silvana Carrión. Un día después, el fiscal Pérez formalizó una investigación preparatoria contra Sepúlveda por el presunto delito de colusión agravada en la «modalidad de cómplice primario» en posibles irregularidades en la concesión de Interoceánica Sur, pero en una carpeta distinta al proceso contra el ex Presidente Toledo. Pidió al Poder Judicial ordenar otro impedimento de salida de 36 meses contra el empresario.

Para sus defensores se trató de una decisión extemporánea porque «nunca fue citado» ni «mencionado» por ese caso en específico durante tres años de proceso. «Si se revisa la disposición por la cual se incorpora Sepúlveda y también el impedimento de salida que se está pidiendo, se podrá constatar que se trata exactamente de los mismos hechos que sustentan la investigación que ya tenía abierta contra él por el llamado caso Westfield, lo cual significa que la Fiscalía no está agregando absolutamente nada nuevo», dice Percy García, abogado del empresario, a El Líbero.

Según García, la intención de los fiscales es desproporcionada. «En esa nueva investigación se ha filtrado, evidentemente solo por la Fiscalía porque es el único que ha podido filtrar ese documento, un requerimiento del fiscal, un nuevo pedido de impedimento de salida, esta vez como imputado en este nuevo caso IIRSA Sur vinculado al delito de colusión desleal, que es un delito de funcionarios públicos», destaca.

El extendido arraigo

Las extendidas órdenes de arraigo son consideradas por abogados como desproporcionadas. En abril, García advertía que estas medidas tenían como intención «una declaración» que «incriminara» a su defendido.

Desde su arribo a Perú en adelante se dictó una serie de acciones judiciales que impiden su salida del país. El 27 de abril, dos días después de vencer el plazo de arraigo impuesto por el juez Concepción, el empresario intentó regresar a Chile en un vuelo de repatriación de connacionales en plena pandemia de Covid-19. Pero encontró una barrera en sus pretensiones: funcionarios de Migraciones de Perú prohibieron su retorno porque estaba pendiente otra resolución para que no abandonara el país. «Es un abuso de autoridad que lo único que hace es prolongar una resolución judicial ya caducada, es un acto absolutamente arbitrario», afirmó Percy, en un comunicado, ese día.

La Fiscalía no reconoció 41 días del arraigo que, según argumentaron, no eran válidos debido al estado de emergencia decretado por el Gobierno de Martín Vizcarra, y pidieron su reposición.  Siguió otra orden de no abandonar el país durante dos meses más, una medida que venció el 26 de junio. Fue ese día cuando el abogado Francisco Cox, representando legalmente a Sepúlveda, introdujo una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en contra del Estado peruano por violación a los «derechos a la libertad personal, a un juez imparcial y a la doble instancia» del empresario.

De hecho, Sepúlveda presentó dos apelaciones, una se retrasó porque el juez Concepción dio un correo equivocado. Para Cox se trata de una «ilegalidad», y enfatiza que su defendido está retenido. «Se han agotado los recursos internos del país y no habiendo permitido a Sepúlveda el acceso a los recursos de la jurisdicción interna del Estado peruano«, dijo en un comunicado.

El abogado dice que recientemente las autoridades migratorias peruanas revisaron exhaustivamente varios vuelos chárter, con destino a Chile, en búsqueda del empresario; pese a que el fiscal habría reconocido que su restricción concluyó el 26 de junio. No estaba en ninguno de los aviones porque, de momento, desean esclarecer cuál es su condición en las investigaciones donde se refiere su participación. «Él ha decidido y hemos decidido, como defensa, esperar que se despeje la situación respecto a su calidad y se le autorice, por parte del juez Concepción Carhuancho, salir, toda vez que ha vencido ese impedimento (de abandonar Perú)», explicó en una entrevista a Exitosa TV, el 29 de junio.

De momento, todo es incierto, el Estado de Emergencia provocado por la pandemia del coronavirus obligó a suspender muchas actividades. De hecho, el Poder Judicial peruano opera parcialmente, y solo atiende casos especiales. Hace dos semanas cumplió con la declaración ante el juez, pero todavía espera un oficio para retornar, un trámite que comúnmente es rápido. Entretanto, García asegura que, ahora, «existe un temor fundado» de que impidan la salida de Sepúlveda de forma «arbitraria» en Migraciones, como ocurrió en abril. «Hay una injerencia clara del Ejecutivo en temas judiciales que, digamos, nos asusta tremendamente porque nos hace perder la confianza en Perú», señala.

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