Han transcurrido 11 días desde que funcionarios de seguridad del régimen de Nicolás Maduro sacaron de su residencia en el estado de Portuguesa, en Venezuela, a una de las directoras del comando de campaña de María Corina Machado, María Oropeza. Denuncian su desaparición. Hasta ahora no se sabe dónde la tienen detenida, en qué condiciones se encuentra, no han podido verla ni comunicarse con ella ninguno de sus familiares ni tampoco su abogado, Omar Mora Tosta.
La información la da el propio jurista, desde Caracas, en entrevista exclusiva con El Líbero. «María Oropeza se encuentra aislada, desaparecida, no ha tenido ningún tipo de contacto ni con familiares ni con abogados», dice Mora Tosta, quien también ha representado judicialmente a Leopoldo López y al dirigente opositor Freddy Guevara, que estuvo refugiado por 3 años en la embajada de Chile en Caracas por razones políticas, desde noviembre de 2017 hasta septiembre de 2020.
La última vez que hubo información sobre Oropeza fue el martes 6 de agosto en la noche, cuando ella misma, a través de su cuenta en Instagram, transmitió en vivo cuando agentes del Estado llegaron a su vivienda, rompieron la puerta y le quitaron el teléfono. «¡Colabora pues! ¡Abre ahí, c…!», es lo último que se escucha decir a una funcionaria antes de que se interrumpiera la transmisión. Un día después, en esa misma red social, pero en una historia de la cuenta @dgcimoficial (Dirección General de Contrainteligencia Militar), publicaron un video donde, además de cuando ingresan a la casa de la activista para llevársela, se ve su traslado en una avioneta.
La mujer no estaba esposada, pero sí maniatada con una especie de precinto. Ni siquiera llevaba puestos zapatos, sino chalas. En la edición del video, emplearon para el audio una canción de la película Pesadilla (Freddy Krueger). Luego de eso, a pesar de los esfuerzos legales del abogado, no se ha sabido más.
Oropeza es integrante de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (Juventud LAC) y alumni de la Fundación para el Progreso de Chile (FPP). Había estado en Santiago en 2017.
-¿Algún organismo del Estado, sea judicial o policial, les ha informado dónde tienen a María Oropeza?
-Hasta este momento no hemos obtenido ningún tipo de información. Oficialmente intentamos hacerlo, familiares y abogados recorrieron todos los sitios de reclusión y de policía y de inteligencia tanto en el estado de Portuguesa como en Caracas, y no hay información acerca de dónde se encuentra.
-¿Tampoco tienen información sobre las condiciones en la que se encuentra, sobre su integridad, aunque no les digan dónde la tienen?
-Hasta este momento eso no ha sido posible, por eso es que su mamá y yo acudimos ante los organismos que tienen que velar por el derecho a la defensa, por el debido proceso y por la protección de derechos humanos.
-¿Sabe si hubo presentación de alguna orden judicial, sea de allanamiento o de detención?
-Ella estaba sola cuando se la llevaron, pero en el video (el que ella transmitió en vivo en Instagram) se ve claramente cuando ella les exige si tienen algún tipo de orden de allanamiento, porque ella no está cometiendo ningún delito, está en su casa. Ella no es ninguna criminal, no está haciendo absolutamente nada malo y se escucha que los funcionarios dicen ‘no la necesitamos, no la tenemos’.
En tribunales se negaron a recibir recurso en el que se solicitaba saber sobre el paradero de Oropeza
-¿A cuáles organismos acudió con la madre de María para tratar de saber de ella?
-El lunes intentamos presentar un recurso de habeas corpus, de amparo de libertad, para establecer que María Oropeza es víctima de una detención arbitraria, de una desaparición forzada. Tememos por su integridad física, necesitamos saber dónde se encuentra. Fuimos para pedir que la pusieran en libertad porque es víctima de una detención manifiestamente arbitraria que quedó registrada en los videos que ella misma pudo grabar y presentó en vivo. Hasta este momento eso no ha sido posible porque el jefe de la oficina distribuidora de expedientes del Palacio de Justicia de Caracas, la URDD, tras cinco horas de espera para ver si aprobaba recibirnos el escrito, no lo hizo. Eso en la práctica es cerrar las puertas al ejercicio, no solamente al debido proceso, sino al derecho a la defensa y a la protección de los derechos humanos de María Oropeza. La Ley de Amparo establece que ni siquiera en un estado de excepción puede limitarse la presentación de los recursos de amparo ni su tramitación. Pero en la práctica esto ocurrió sin ningún tipo de justificación, lo cual agrava la violación de derechos humanos que ha tenido ella hasta ahora.
-¿Qué se pide en concreto en un habeas corpus?
-Se le pide identificar qué cuerpo la tiene, en dónde se encuentra, cuál es su condición y que la pongan en libertad de inmediato, en virtud de que ella está siendo víctima de una detención arbitraria.
-¿Eso quiere decir que ninguna autoridad en Venezuela quiso hacerse responsable de recibir la petición?
-Exactamente y es una petición para defender los derechos humanos de una persona que está en grave peligro. La Ley de Amparo contempla que un recurso de esa naturaleza tiene que ser tramitado con la urgencia del caso y debe ser resuelto en 96 horas. Además esto tiene preeminencia sobre cualquier asunto que un tribunal esté conociendo.
-¿Intentaron algún otro recurso o interpusieron alguna denuncia?
-Ante la negativa de recibir ese escrito, llevábamos preparadas dos denuncias, una para la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía, denunciando la desaparición forzada y la detención arbitraria de María Oropeza, y una para la Defensoría del Pueblo, también por detención arbitraria y desaparición forzada y se le agregó la negativa de recibir el habeas corpus en el Palacio de Justicia, porque el defensor del pueblo, ya que a mí no me lo aceptaron, tendría la obligación de presentar él mismo un habeas corpus.
-¿Sabe si el defensor del pueblo hizo eso?
-No lo sabemos.
-¿Pero esas dos denuncias, la de Fiscalía y la de la Defensoría del Pueblo, sí se las recibieron?
-Me las recibieron, pero en el del Ministerio Público le tomaron foto y consultaron si lo podían recibir y al cabo de unos minutos lo recibieron, pero por primera vez desde que consignamos denuncias, le estamparon un sello nuevo, en el que se indicaba algo así como que lo recibían, pero que eso no quería decir que aceptaran el contenido del escrito.
-¿Y eso está jurídicamente previsto así en la legislación en Venezuela?
-El derecho a petición es un derecho constitucional y todas las autoridades tienen la obligación de tramitar los escritos y las peticiones, máxime cuando es para protección de derechos humanos. Así está previsto en el artículo 51 de la Constitución de Venezuela.
«No sabemos a ciencia cierta si fue presentada en un tribunal y si se le impuso un defensor público»
-¿Puede ser, como ha pasado en otros casos en Venezuela, que ya la hubieran presentado en algún tribunal de garantías y que le hayan impuesto un defensor público sin que ustedes lo sepan?
-En la práctica esto ya es un modus operandi que han implementado en este tipo de casos, donde a las personas les aplican esa misma receta: son detenidas arbitrariamente y están desaparecidas durante algún tiempo. A veces, en muy pocos casos, hemos podido saber que van a ser trasladados y uno va a las puertas del tribunal y uno se anuncia con la esperanza de que cuando sea trasladado le permitan a uno juramentarse como defensa privada. Lamentablemente esto no lo han permitido en ninguno de los casos. Ellos en algunas oportunidades hacen un supuesto diferimiento para que uno se retire y al final de la noche trasladan nuevamente al detenido y hacen la audiencia en la madrugada, para impedir que el abogado privado se presente. Eso mismo lo han hecho con todos los demás presos por razones políticas. Entonces, en la práctica, ya por el tiempo, no sabemos a ciencia cierta si fue presentada en un tribunal y si se le impuso un defensor público. Según la ley, la presentación debe ocurrir dentro de las 48 horas siguientes a la detención, pero en la mayoría de los casos estas personas son presentadas vencido el plazo. En el caso de María estuvimos en tribunales haciendo el recorrido, en uno solo nos dijeron que regresáramos luego, que iban a revisar, porque tenían muchos casos, pero en la práctica no nos han dado información en ningún lado. Al día de hoy se desconoce si ha sido presentada.
-¿Se supone que María está en Caracas?
-Sí, esa fue una información extraoficial, porque a sus familiares y abogados del estado de Portuguesa les dijeron que posiblemente había sido trasladada a Caracas, porque este tipo de casos son manejados por una nueva jurisdicción que se creó en Venezuela, que es la jurisdicción con competencia nacional de terrorismo. Esos tribunales funcionan en Caracas y tienen competencia a nivel nacional.
-¿Ha ido a esos tribunales a preguntar si María Oropeza ha sido presentada y le dicen que no o le dicen que no le van a responder?
-Nos dicen que no y que no tienen información de ella.
-¿Si es que la presentaron o si la van a presentar, ni siquiera saben por cuál delito sería?
-No, para nada.
-¿María tiene antecedentes penales?
-No, en lo absoluto.
-¿Qué prevé la ley venezolana para que una detención sea legal?
-La ley venezolana prevé que una persona solo puede ser detenida por flagrancia -que esté cometiendo un hecho punible en ese momento, con las manos en la masa-, o mediante orden judicial. Ahora, esa orden presupone la existencia de un proceso anterior a la orden, en donde respetando las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa, las personas hayan sido escuchadas, citadas a declarar y que estén al tanto de las probables imputaciones y puedan defenderse. Eso no se hizo, entonces no puede existir una orden judicial a espaldas del investigado. Cuando ustedes ven la forma en que están deteniendo a las personas por juicios de naturaleza eminentemente política, ven cómo son sometidas a la fuerza, por eso se hace prácticamente un paralelismo con un secuestro, porque no existe orden judicial, las personas que actúan no se identifican, normalmente ahora andan con pasamontañas, vestidas de negro, en vehículos de civil. Entonces uno no sabe a ciencia cierta quién es la autoridad.
-¿Cuál otro protocolo de garantía de detención legal existe en Venezuela que no se haya dado en el caso de María?
–A 11 días de esta detención arbitraria desconocemos si fue presentada en algún tribunal. La familia intentó presentar una denuncia en Portuguesa para proteger sus derechos y le dijeron que no se la podían recibir. Esa es una maniobra ilegal para que su mamá no pudiera interponer ninguna denuncia de su caso en ninguna parte. La forma en la que se llevaron a María no estuvo apegada a Derecho.
«María es una presa política»
-¿Entonces lo de María es una detención o un secuestro supuestamente cometido por funcionarios del Estado?
–El término correcto es detención arbitraria porque sin mediar ningún tipo de justificación ella es detenida de una forma violenta, sin orden, sin que se cumplieran los pasos que establecen las leyes penales. Después de que estas detenciones arbitrarias se manifiestan se hace un paralelismo y se dice que las personas han sido secuestradas, porque se las llevan violando la ley. Después las desaparecen y las tienen incomunicadas. Luego, nuevamente aparecen, pero ya presentadas en tribunales, ya les han impuesto un defensor público y han impedido que las familias tengan contacto con ellas.
-¿Se puede decir entonces que María ha sido víctima de violación de los derechos humanos por parte de las autoridades venezolanas?
-Definitivamente.
-¿María es una presa política?
-Es una presa política, una presa de conciencia.
-¿Podría decirse que María es una víctima de desaparición forzada?
–Las desapariciones forzadas tienen varios tipos. Unas son las desapariciones forzadas temporales, en las que después la persona aparece, y otras son las desapariciones forzadas que después se transforman en una desaparición absoluta porque nunca se consiguen. En el primer caso, cuando aparece ya está presentado en tribunales y ni siquiera en ese momento le permiten revocar al defensor público. En estos procesos el control absoluto que llega a tener el régimen sobre ellos es para evitar que exista la más mínima posibilidad de defensa privada que les entorpezca estos juicios bizarros.
«Ser sometido a este tipo de procedimientos y mantenerte aislado, desaparecido, ya comporta un trato cruel e inhumano»
-¿Teme por la vida y por la integridad de María Oropeza?, ¿teme que pueda estar siendo torturada?
-Ya nada más la manera en la que ha sido manejado su caso es una violación de derechos humanos, es someterla a un procedimiento absolutamente ilegal, que compromete su integridad física y psicológica. Ser sometido a este tipo de procedimientos y mantenerte aislado, desaparecido, ya comporta un trato cruel e inhumano.
-¿Después de que se llevaron a María Oropeza algún familiar de ella o usted han recibido amenazas?
–Los familiares sí se han sentido intimidados. Empezó a circular un video de autoridades, de un cuerpo de inteligencia, donde se evidenciaba que ella había sido trasladada en un avión, todo aparenta que a Caracas, por funcionarios de la DGCIM.
-¿Estamos hablando del video que está editado con la canción de Freddy Krueger?
-Sí, ahí hay una especie de publicidad negativa, de ejemplo público para que las personas sientan temor a la hora de expresar sus preferencias políticas, de ejercer sus derechos civiles y políticos.
Van cerca de 1.400 detenidos en Venezuela tras las elecciones presidenciales
-¿Maneja alguna cifra aproximada de personas detenidas en Venezuela en estos 20 días, después de la elección presidencial del 28 de julio?
-De parte del Comando Venezuela se han emitido boletines en donde están exactamente los números y eso se ha hecho en conjunto con activistas y ONG en Venezuela que han publicado cifras alarmantes. Prácticamente son cerca de 1.400 personas las que han sido detenidas en los últimos días de la campaña y después de la elección. No puedo dar cifras exactas porque eso es dinámico. Pero definitivamente es un escándalo de violación de derechos de forma sistemática a un grupo determinado de la población por razones políticas, eso es más que evidente. Tenemos denuncias públicas de familiares de personas que no estaban haciendo absolutamente nada y sin embargo son llevadas en la calle o las van a buscar por alguna razón. Dentro de ese número de detenidos injustamente hay niños, adolescentes, personas enfermas.
-¿De las personas que han sido detenidas después o en el marco de las elecciones, lleva más casos aparte del de Oropeza?
-Sí, estoy atendiendo entre otros al equipo completo del partido Vente Venezuela, llevo todas las defensas de las personas cercanas a María Corina Machado, a todos los que están recluidos en la embajada de Argentina en Venezuela y al resto de los coordinadores regionales de Vente Venezuela que fueron detenidos injustamente. Todos los casos son importantes, pero quiero resaltar uno de los casos emblemáticos que manejo, que es el de Ricardo Albacete Vidal, un empresario muy conocido de Táchira. Él le prestó albergue a María Corina y a su equipo cuando estuvieron de gira allá, porque como todo el mundo sabe, a cualquier lugar donde ellos llegaban ningún hotel los quería recibir por miedo, porque sino después los cerraban, sancionaban a las personas o también las perseguían. Este señor fue perseguido, allanaron todas sus propiedades. Fue detenido arbitrariamente en Caracas el 11 de julio y aún permanece aislado de abogados y familiares. Es una persona de 71 años, tiene problemas de salud importantes, es hipertenso, está saliendo de un cáncer que debe ser vigilado. Fue presentado a espaldas mías. Yo estuve en la puerta del tribunal por más de 12 horas cuando supe que lo iban a trasladar, él sabía que yo estaba allí, se lo indicó al tribunal y simplemente desconocieron su voluntad y le impusieron un defensor público. Eso es una evidencia de las barbaridades que ocurren aquí. Lo terrible en este caso es que el ordenamiento jurídico establece que cuando una persona es mayor de 70 años tienen obligatoriamente que darle arresto domiciliario, pero en un absoluto acto de violación de los derechos humanos de este señor se decreta la detención en la cárcel El Rodeo (cárcel común). Hasta ahora no se ha ejecutado el traslado y permanece en uno de los calabozos de la Policía Nacional, en Caracas. Creo que todo esto retrata cuál es la realidad en Venezuela en este momento.