La presidenta del Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Inés Horvitz, renunció a su cargo hace poco más de una semana. La dimisión causó cuestionamientos en la opinión pública pues la abogada había prestado servicio a la institución durante 33 años y aún le faltaban 12 años para que la ley la obligara a dejar su posición como consejera. Sin embargo, diversos trascendidos vinculan su salida a la definición de la estrategia jurídica del organismo con respecto al caso de la fundación Democracia Viva.
El CDE comenzó su intervención primero en el ámbito civil. A finales de julio solicitó al Primer Juzgado Civil de Antofagasta decretar la retención de los dineros depositados en la cuenta bancaria de la Democracia Viva, representada por el presidente de su directorio, el ahora expulsado de Revolución Democrática Daniel Andrade Schwarse.
Más tarde, el 24 de agosto, el Comité Penal de la institución, entonces presidido por Horvitz, e integrado también por los abogados Daniel Martorell y Alberto Espina, decidió querellarse en contra de Democracia Viva y la fundación En Ti, que opera en Biobío.
De acuerdo con el propio CDE, en el caso de Democracia Viva, “el Comité fundó su decisión de interponer querella criminal, considerando, entre otros aspectos, que pese a que dicha fundación ostentaba un objeto social distinto al propósito para el cual debían contratarse servicios de construcción de obras de habitabilidad primaria, la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo suscribió con ella tres convenios, aun cuando carecía de experiencia en el rubro, así como de profesionales idóneos para ejecutar la labor encomendada”.
La sesión del Comité Penal del CDE
Una vez acordado esto, faltaba tomar la decisión acerca del cuándo.
Fuentes consultadas por El Líbero explican que las querellas que presenta el CDE “no son como las que presentan los políticos”. Enumeran que antes los consejeros deben asegurarse que se cumpla con cinco características. Primero, tener claridad sobre los hechos que constan en la carpeta investigativa. Segundo, tener claro quiénes participaron, también según la carpeta investigativa. Tercero, si esa participación constituye delitos. Cuarto, cuáles son esos delitos, de qué tipo son. Y en quinto lugar, la pena.
Conocedores de la interna del CDE explican que en el caso particular de Democracia Viva ya esos cinco puntos estaban resueltos, por lo que habían tomado la decisión de querellarse y sólo les faltaba afinar algunos antecedentes que debía aportar la fiscalía.
Es entonces que los hechos conducen a la sesión previa al 1 de septiembre -cuando se produce la renuncia de Horvitz- del Comité Penal, a la que asistió el presidente del CDE Raúl Letelier.
El Líbero pudo saber que todos los presentes, con la excepción Horvitz, una vez analizado el caso estuvieron de acuerdo en presentar la querella de inmediato, incluyendo al presidente del CDE. En cambio, la abogada tenía la idea de recopilar más antecedentes y que se juntara con las otras causas que hay en Antofagasta.
Conocedores del caso explicaron que entonces se produjo un debate porque los otros presentes no coincidían en esperar y mantener la presentación de la querella de Democracia Viva paralizada, siendo que ya contaban con todos los datos.
Un consejero consultado por este medio incluso descarta que ese haya sido el motivo de la renuncia de Horvitz, a su juicio existirían razones más de fondo, pues “no se justifica que por una diferencia jurídica ella vaya a renunciar”.
En cuanto al rol de Letelier como presidente del CDE, este consejero lo describe como “objetivo y criterioso”. “Me parece que lo ha hecho muy bien como presidente”, agrega.
Por otro lado, una versión publicada por el diario La Segunda indica que la insistencia de Letelier en presentar la querella habría sido porque estaba “presionado” por el Gobierno, ya que a La Moneda le interesaba dar la señal de que se estaban tomando acciones en el Caso Convenios. Letelier fue designado al mando del CDE por el Presidente Gabriel Boric, un anuncio hecho en abril de este año.
La querella del CDE por Democracia Viva
Finalmente, el 1 de septiembre fue una fecha clave en el organismo. Ese día la abogada María Inés Horvitz presentó su renuncia y, también, el CDE informó que interpuso una querella criminal contra el ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras y contra el representante legal de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, ambos como autores del delito de fraude al Fisco, sin perjuicio de otros ilícitos que se acrediten durante el curso de la investigación penal que sigue el Ministerio Público.
La querella fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta. El documento explica que se suscribieron tres convenios de transferencias de fondos con la fundación Democracia Viva, representada por Daniel Andrade Schwarze, con quien el ex seremi sostenía un vínculo de público conocimiento, causando con ello un perjuicio fiscal de a lo menos $391.768.516.
“La querella se funda en antecedentes y hechos de la investigación penal que, en esta etapa procesal, permiten cumplir con el estándar de suficiencia requerido para su interposición y que apuntan a una administración desleal de recursos públicos que, de acuerdo con la Ley de Presupuestos, debían ser utilizados en fines distintos a los que fueron destinados, contraviniendo expresamente el marco regulatorio de los convenios suscritos y provocando, en consecuencia, un perjuicio al patrimonio fiscal”, declaró entonces Letelier.
Letelier: detractor del TC, pero allí defendió los indultos de Boric
El anuncio de la designación de Raúl Letelier como presidente del Consejo de Defensa del Estado lo hizo el Mandatario el 12 de abril. Letelier llegó a tomar la posta que dejaba el abogado Juan Peribonio.
La designación ocurrió después de que Letelier fuese el encargado de defender la constitucionalidad de siete de los indultos otorgados por el Jefe de Estado, impugnados ante el Tribunal Constitucional (TC), por senadores de Demócratas y de Chile Vamos.
El Consejo Pleno del CDE acordó el 7 de marzo asumir el patrocinio y representación del Ministerio de Justicia y, según dijo el propio Letelier a El Mercurio, la decisión de que fuese él el responsable se tomó al interior del Comité Contencioso Administrativo, comité que aún integra. En sus alegatos Letelier invocó “razones de paz social” para respaldar los decretos. El 21 de marzo el TC rechazó la impugnación a los siete indultos.
Sin embargo, durante años Letelier ha sido un duro crítico de la existencia del TC, de este tribunal ha dicho que necesita “profesionalización”, ha afirmado que el TC le ha hecho daño al derecho constitucional chileno y en una carta publicada en El Mercurio el 14 de diciembre de 2021, que firma Letelier junto con otros profesores de Derecho, dice que “una de las críticas más sostenidas al trabajo del actual Tribunal Constitucional ha sido su carácter de tercera cámara política”.
Esto ocurrió durante los debates de la Convención Constitucional. Letelier, además de ser consejero del CDE y profesor de Derecho de la Universidad de Chile, asesoraba a convencionales relacionados con el Frente Amplio. Entonces, asesoró a convencionales de la Lista del Apruebo y de Apruebo Dignidad en la redacción de una propuesta que pretendía crear una nueva justicia constitucional eliminando el Tribunal Constitucional y otorgándole esa función a una sala especial de nueve ministros de la Corte Suprema, la cual tendrá la última palabra para declarar la inconstitucionalidad.
La cruzada de Letelier por una nueva Constitución
Una vez que se conoció la designación de Letelier como presidente del CDE, La Tercera desclasificó un episodio que da cuenta de lo involucrado que estaba en el proceso constitucional anterior. Citando el libro del ex constituyente Jorge Baradit, «La Constituyente, historia secreta de Chile», relatan que la noche en que la Convención Constitucional aprobó “catálogo de derechos sociales”, Letelier invitó a un asado en su casa para celebrar, en el que, dice el libro, “nos abrazamos y lagrimeamos un poco por un cambio histórico”.
En julio de 2021 publicó un tuit con la definición de la RAE de “refundar” y agregó “justo lo que se está haciendo… Y hasta la palabra queda chica”. Y en su cuenta de X consta lo jugado que estaba por la opción del Apruebo.
Letelier durante años ha empujado porque Chile tenga una nueva Constitución. En 2016 participó junto al ex constituyente Fernando Atria -de quien es cercano- en la creación del Proyecto Puentes, con el que buscaban impulsar una nueva carta fundamental, a través de una asamblea constituyente. Un manifiesto que también firmó el ex constituyente Jaime Bassa.
Su relación con Atria también lo llevó a respaldar la precandidatura presidencial de Atria en 2016 y a donar para su campaña.
En una entrevista hecha a Letelier en 2017, cuando Michelle Bachelet lo nombró consejero del CDE se definió como socialista, aunque no militaba en el partido. En la conversación también dijo que «la tradición del CDE está llena de políticos».
Y si bien fue nombrado consejero en 2017, Letelier tiene una larga trayectoria en el CDE que comenzó en el 2000, cuando ingresó a la entidad como abogado litigante en la Procuraduría Fiscal de Punta Arenas.
La despedida de Horvitz
Por otro lado, la abogada María Inés Horvitz ingresó al CDE en 1990, y ocupó el cargo de abogada consejera desde 2006. De acuerdo con la nota de prensa emitida por el Consejo tras su renuncia, “el Presidente Raúl Letelier transmitió a la consejera el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales y proyectos personales, expresándole agradecimiento y admiración por todo lo que entregó a esta institución”. La dimisión de Horvitz se hará efectiva el 1 de octubre.
La jurista tuvo en sus manos los casos Penta, SQM, el fraude en el Ejército, el caso Riggs, y lo relacionado con el financiamiento irregular de la política; y era conocida por su estilo “confrontacional”.
Según pudo conocer El Líbero, una vez que se supo de su renuncia y tras la polémica desatada por si esta tenía relación con Letelier, el Consejo ha seguido operando con normalidad y el pasado jueves sesionó el Comité Penal sin problemas.