La entrega de las pensiones de gracia a personas “afectadas en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019”, comenzó siendo controvertida en ese entonces, durante su aplicación y también ahora que se están comenzando a revocar las de aquellos beneficiados que tienen antecedentes penales.
Más allá de la discusión sobre si hubo demora o no en la tramitación para quitarles la pensión a 27 personas -como se discutió la semana pasada-, lo concreto es que esos trámites comenzaron y en las sesiones de la Comisión Asesora Presidencial, se justificaron sobre lo sucedido, algo que normalmente no hacen y que quedó plasmado en las actas de las primeras sesiones del año, a las que tuvo acceso El Líbero.
Pocas veces quedan observaciones -breves- registradas en las actas de la comisión, pues generalmente sólo se limitan a plasmar el contenido de la reunión, los nombres de los casos a tratar y sus resultados. Sin embargo, la primera cita de 2024 se extendió para explicar la primera revocación de las que pidió el Presidente Gabriel Boric: la del pensionado acusado por fotografiar desnuda a una adolescente de 17 años, cuyo beneficio se entregó bajo su mandato.
Hay 69 de los 419 pensionados de gracia del estallido social que tienen antecedentes penales. El ministro de Justicia, Luis Cordero, no descartó que se sigan revocando beneficios.
El caso de Juan Lagos en La Moneda
El lunes 15 de enero el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que el Presidente había decidido revocar algunas pensiones de gracia y el mismo día, firmó una modificación al reglamento del Ministerio del Interior para que “nunca más se entregue una pensión de gracia sin el requisito de pedir previamente los antecedentes penales”.
Tres días después, la Comisión se puso a trabajar en ello. El 18 de enero, el grupo se reunió a las 18:00 en el Departamento de Acción Social, en La Moneda. Por una hora, debatieron en torno a un solo caso: al de Juan Lagos Lagos, condenado por fotografiar desnuda a una adolescente de 17 años en un baño de Chillán y a quien se le aprobó una pensión de gracia de un ingreso mínimo no remuneracional el 29 de septiembre de 2022 y cuya resolución se emitió en febrero de 2023, por haber sido impactado por una bomba lacrimógena en enero de 2020.
El caso de Juan Lagos se conoció públicamente recién una semana después -el 25 de enero-, cuando un informe de Contraloría criticó fuertemente el proceso de entrega del beneficio. Ese mismo día la ministra del Interior, Carolina Tohá, salió a explicar que el Presidente Boric ya había instruido revertir esa pensión la semana anterior, antes de irse de vacaciones.
Lagos había sido denunciado en 2018 por producción de pornografía infantil. Entre 2019 y 2020 aparece en tres casos de desórdenes públicos. Uno de ellos dio pie a su querella por apremios ilegítimos (enero de 2020). Sin embargo, a inicios de 2022 la causa fue cerrada por falta de antecedentes y el 1 de julio de 2022 fue condenado a tres años y un día de libertad vigilada intensiva por el caso de pornografía.
El día en que la Comisión retrocedió y recomendó al Presidente quitarle el beneficio a Lagos
En el acta de la cita del 18 de enero de 2024, la comisión se refirió como nunca a su labor, recordando que su rol es “asesorar al Presidente de la República en el estudio de las solicitudes de pensiones de gracia” y que estas “se mantienen vigentes mientras subsistan las condiciones que motivaron su otorgamiento”. Además, mencionaron que el Mandatario tiene la facultad de «revisar sus actos».
La sesión estuvo integrada por Sandra Guerra Loins, jefa del Departamento de Acción Social (DAS) de Interior desde junio de 2023 -pero trabajadora de ese ministerio desde hace 20 años- y quien declaró ante Fiscalía la semana pasada; Marion Pacheco Salas (encargada de la Unidad de Capacitación y Bienestar de Segpres y dirigenta de los funcionarios); Francisco Aldunate Ramos (abogado del gabinete del subsecretario del Interior); Alejandro Agüin Arriagada (que cumple labores de coordinación, planificación, análisis y gestión de gabinete del subsecretario del Interior); Leslie Saavedra Suárez (trabajadora social del DAS); Andrea Selman Hasbun (abogada del DAS) y Francisca Orellana Espinoza (trabajadora social del DAS).
En la reunión recordaron que “la condición de persona afectada (Lagos) se acreditaba con una certificación del Instituto Nacional de Derechos Humanos” y que su caso fue analizado el 29 de septiembre, día en que se aprobaron 23 pensiones por el estallido.
Su expediente daba cuenta de la “afectación por lesiones por impacto de una bomba lacrimógena en la persona del entonces postulante, con un acabado relato de las circunstancias en que ocurren los hechos a fines de 2019, en la ciudad de Chillán” y que dentro de la carpeta, venía “una copia de querella criminal interpuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos ante el Juzgado de Garantía de esa ciudad”, antecedentes que motivaron a la comisión a aprobar su solicitud.
Sin embargo, agregaron que “con esta fecha, 18 de enero de 2024, los actuales integrantes de la comisión asesora presidencial han tenido a la vista antecedentes desconocidos a la fecha de la recomendación favorable del año 2022, específicamente aquellos relativos a los antecedentes penales de la persona antes individualizada”, lo que en definitiva ahora les empujaba a cambiar de decisión.
De los nueve integrantes de la comisión en enero, sólo tres habían estado presentes la jornada en que beneficiaron a Lagos: Pacheco, Agüin y Orellana.
El día en que se le dio luz verde a su beneficio, la Comisión se integró por ellos, más Daniel Jara Torres, entonces jefe del DAS -PS, hoy director del Sence Biobío-; Catalina Jofré (profesional del Departamento de Crimen Organizado de Seguridad Pública); Lesly Covarrubias Figueroa (abogada del gabinete del subsecretario); María del Pilar Cruz (coordinadora de Microeconomía de Hacienda); Javiera Pizarro (asesora en seguimiento de compromisos presidenciales y exjefa de gabinete de Irina Karamanos) y Pedro Contador (Ministerio del Trabajo).
“Se debe considerar que el ‘instituto de las pensiones de gracia’ es un beneficio económico, que corresponde a una prerrogativa del Presidente de la República y cuyo espíritu se encuentra contenido en el artículo 2° de la Ley N°18.056, en el sentido de que se otorga a personas que hubieren prestado servicios distinguidos o realizado actos especialmente meritorios en beneficio importante del país, más allá de su personal deber; o su cónyuge, padre, madre o hijos en caso de fallecimiento; a personas afectadas por accidente o catástrofe, respecto de las cuales existan circunstancias extraordinarias que justifiquen el otorgamiento de una pensión y/o a personas que se encuentren incapacitadas o con graves e insalvables dificultades para ejercer labores remuneradas que les permitan su subsistencia y la del grupo familiar que viva a sus expensas, en razón de enfermedad, invalidez, vejez o cualquier otra causa debidamente justificada”, explicaron.
Sin embargo, en la Ley de Presupuestos de 2022 y tras airadas discusiones en el Congreso donde participó el entonces diputado y ahora subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se habilitó una glosa especial para financiar estas pensiones, que “como única condición de admisibilidad (…) requería una acreditación de afectación en el contexto de las manifestaciones iniciadas en octubre de 2019, por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo que en el caso en estudio ocurre, pues se tuvo a la vista un detallado expediente que da cuenta de la certificación de persona afectada en el caso del señor Lagos Lagos”, dice el acta, justificando el por qué entregaron la polémica pensión.
Entre los nuevos antecedentes que tuvieron a la vista, estaba la decisión de no perseverar en la querella criminal del INDH “y la existencia de antecedentes penales del requirente, lo que conforme la norma legal permite desvirtuar la consideración por ‘especial gracia’ por parte del Presidente de la República”.
Ya casi al final, insisten en que las pensiones recomendadas por la comisión fueron evaluadas en base a los antecedentes y acreditación hecha por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y conforme el procedimiento descrito en la Resolución Exenta N° 16 del 04 de enero de 2022: «Ninguna de las referidas normas, dispuso que para solicitar este tipo de beneficios se deben tener a la vista antecedentes penales del requirente”.
Destacando nuevamente que, sin perjuicio de que no era requisito pedir los antecedentes penales de los postulantes a pensión, los nuevos antecedentes les permitieron afirmar que “el beneficiario se aleja de los principios” que rigen la pensión de gracia, dándose cuenta de su autoría en “diversos delitos, los que ocurren con fecha anterior y posterior a que se solicitara el beneficio desde el INDH (…) algunos de alto interés y/o conmoción pública”.
Así, y debido a que “claramente se advierte un cambio de las condiciones tenidas a la vista al momento de la concesión del beneficio”, la Comisión le recomendó al Presidente revocar la medida.
10 días después, la ministra Tohá anunció en Mesa Central de Canal 13, que serían 27 los casos revocados y recién el 24 de febrero comenzaron a entrar los decretos a Contraloría para su toma de razón. Luego de eso, que puede demorar 15 días, la Tesorería General de la República debe cancelar los pagos.
Los otros casos que se abordaron
Hasta hoy, no se han dado a conocer qué casos decidió revocar el gobierno.
No obstante, en la sesión del 19 de enero, la Comisión se reunió para evaluar 16 casos, sobre los que no pudo decidir de inmediato, a falta de antecedentes. Son los siguientes:
De ellos, los casos más graves son los de Jesús Véjar, que tal como reveló El Líbero, fue condenado por homicidio; y Robinson Jaramillo, condenado por abuso sexual a una niña de seis años y por violencia intrafamiliar.
Entre la lista está el caso de un herido en el marco de desórdenes tras un partido entre Colo Colo y Palestino en 2020; un sentenciado por lanzar una molotov; uno por apedrear un carro lanzaaguas y con ocho condenas por robo en lugar no habitado y dos hurtos; un condenado por dos cargos de maltrato de obra a Carabineros (pateó en la cabeza a uno) y un condenado por el saqueo a dos tiendas en Coronel.
Cómo funcionó la comisión presidencial
La comisión siempre es presidida por la jefatura del Departamento de Acción Social (DAS) del Ministerio del Interior, otros integrantes de esa cartera, funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia y eventualmente, del gabinete de la Primera Dama y del Ministerio del Trabajo.
Aunque la Ley de Presupuestos de 2021 lo habilitaba, no fue hasta 2022 cuando se comenzaron a entregar las pensiones de gracia, pues una resolución de enero de ese año, definió el procedimiento que estaba completamente basado en los informes del INDH y donde no era requisito una condena judicial sobre la agresión.
Según se supo, el INDH validó todas las peticiones (437) de denunciantes de violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido, calificando a la totalidad como “víctimas” y según Ex-Ante, incluso les redactó las cartas para solicitar las pensiones de gracia.
Las sedes regionales tomaban contacto con las víctimas y recopilaban sus antecedentes médicos. Luego, los casos pasaban sin identificar -sólo con un número- al Comité Central de Acreditación del INDH, donde pese a la abstención y rechazo de algunos consejeros, se admitieron casos que podían no haberse ajustado a los requisitos. Esas carpetas, con visto bueno, se mandaban al DAS, que aprobó 419.
Aprobó casos los días 25 de febrero, 3 de marzo, 10 de junio, 11 de agosto, 31 de agosto, 29 de septiembre y 2 de diciembre de 2022.
El 27 de octubre, en tanto, fue un día especial, pues se decidió aplicar un aumento a la pensión de 299 casos de violación a los derechos humanos.
La mayoría de los casos que acredita la DAS para pensiones de gracia y que no tienen que ver con personalidades destacadas, tiene que ver con exmineros o viudas, por ejemplo, de portuarios; casos de salud; o de ayuda a niños que perdieron a alguno de sus padres en situaciones específicas. Por ejemplo, a las hijas y pareja de Camilo Catrillanca y a los hijos de la sargento que murió baleada en la cabeza el año pasado en Quilpué.
Directora del INDH declarará esta semana
Este jueves 29 la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, irá a la Fiscalía Metropolitana Occidente para declarar como testigo en la investigación sobre posibles delitos cometidos en la entrega de pensiones de gracia en el contexto del estallido social de 2019.
Uno de los aspectos que indaga el fiscal Marcos Pastén es si los funcionarios públicos que intervinieron, participaron o estuvieron a cargo de los pagos, incumplieron con sus funciones de manera dolosa o por omisión, o si existieron conductas engañosas o fraudulentas para generar este beneficio.