Publicado el 25 de febrero, 2020

La disyuntiva de la oposición para plegarse al acuerdo contra la violencia que propone el gobierno

Autor:

Sofía Del Río y Sebastián Edwards

Tras los hechos de violencia ocurridos en los últimos días, el Presidente Sebastián Piñera llamó a un acuerdo “contra la violencia, por la paz y la democracia”. Sin embargo, desde la centroizquierda surgieron diversas posturas. Desde quienes dicen que no se puede abordar la agenda de seguridad sin “un nuevo pacto económico-social” hasta quienes plantean la necesidad de un “pacto transversal de todas las fuerzas democráticas para condenar la violencia como medio o arma política”. El analista, ligado al sector, Mauricio Morales, señala: “La oposición equivoca gravemente el camino. Nadie se puede negar o colocar obstáculos para contribuir al cese de la violencia”.

 

 

 

Autor:

Sofía Del Río y Sebastián Edwards

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En un contexto de, al menos, tres días marcados por la violencia con hechos como el incendio del Café Literario de Providencia, el ataque a la estación Los Quillayes del Metro, los incidentes en el centro de Viña del Mar -8 vehículos quemados, 13 detenidos y 23 Carabineros heridos-,  y a una semana del inicio de marzo, el Presidente Sebastián Piñera regresó de sus vacaciones y lideró ayer un consejo de gabinete.

Tras la cita, y acompañado de los secretarios de Estado, el Mandatario se refirió a la necesidad de un acuerdo “contra la violencia, por la paz y la democracia”. El Presidente hizo hincapié en que resguardar el orden público será la prioridad en esta nueva etapa del Gobierno, y señaló que el pacto “tiene que no solamente condenar la violencia y defender la democracia, tiene que condenar a los que no condenan la violencia y a los que no defienden la democracia”.

El tema de la violencia no solo ha estado presente en la agenda del oficialismo sino que ha marcado diferencias al interior de la oposición. La más reciente polémica de este sector fue la generada tras las declaraciones del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien señaló a La Tercera que  “El pueblo tiene todo el derecho a defenderse de las fuerzas de orden”. Ante esto, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, afirmó que “el derecho a rebelión es bien distinto en dictadura que en democracia, siendo esto último evidentemente el caso de Chile, aunque el gobierno esté severamente cuestionado”. En esa misma línea, el senador José Miguel Insulza (PS) sostuvo que Jadue “está bien perdido” y que “se agrega a otro grupo de personas que parece dedicado a sabotear el plebiscito” del próximo 26 de abril.

En una postura similar a la de Insulza, el ex senador del PS Fulvio Rossi sostuvo en entrevista con El Líbero que “si seguimos por el camino de la intolerancia el proceso constituyente corre peligro”. Y agregó: “No sacamos nada con el discurso vacío de decir ‘yo apoyo las demandas sociales, pero estoy en contra de la violencia’ sin hacer nada respecto de aquello, incluso muchas veces simplemente validándola o terminando el Congreso en un campo de batalla”.

Sin embargo, a la hora de acoger el llamado de La Moneda para un acuerdo “contra la violencia, por la paz y la democracia”, varios dirigentes de la centroizquierda fueron cautos. Y pusieron “peros” o matizaron sus opiniones.

No hemos escuchado a ningún líder de izquierda sobre la importancia de restituir el estado de derecho apoyando explícitamente a la fuerza pública. Ninguno”, señala el analista político Mauricio Morales

Así, por ejemplo, el presidente de la DC, Fuad Chahin señaló: “En la DC siempre vamos a estar disponibles para un acuerdo en ese sentido, pero al mismo tiempo invitamos al Presidente a que de una buena vez construyamos un pacto económico social”. En tono similar, el timonel del PPD, Heraldo Muñoz afirmó que “la responsabilidad de resguardar el orden público y contener la violencia la corresponde al gobierno, y el gobierno hasta ahora ha sido incapaz”. Y se refirió a que “lo verdaderamente necesario es un gran pacto económico y social porque ahí está la base de la demanda ciudadana, de la protesta, de la movilización”.

Más en sintonía con condenar la violencia sin matices es el caso del senador del PPD Felipe Harboe. “Se requiere de una vez por todas aislar a aquellos grupos que reivindican la violencia como un mecanismo para transformaciones sociales. Las transformaciones se hacen sobre la base de ideas, propuestas y no de violencia. En consecuencia creo que esta bien el llamado, pero también el gobierno tiene que asumir su rol”, comentó a El Líbero. Además, interpeló al gobierno a que “lleve adelante una política pública que sea eficiente para el control de la seguridad, para restablecer la paz social. Eso implica, por un lado, hacerse cargo de los temas de la particularidad de la violencia, pero por otro lado implica hacerse cargo de un conjunto de temas sociales que están en la mesa”

Las encuestas parecen mostrar que la gente sigue apoyando las marchas. Mientras no haya un rechazo claro a la violencia en las encuestas, ningún esfuerzo del gobierno va a dar mucho fruto” dice el analista político Patricio Navia.

Por su parte, el senador Rabindranath Quinteros (PS) indica que “todo el mundo está de acuerdo en que basta de violencia, pero basta de violencia debe ir acompañado con un proyecto de verdad de mejoramiento de pensiones, un proyecto de verdad de una mejora a la reforma de salud, de verdad que se aumente el salario mínimo”.  En esa línea, agrega que “el gobierno tiene la sartén por el mango, si quieren mañana mismo firmamos un acuerdo, pero de verdad, que haya cambios de verdad, cambios estructurales”.

Otra es la mirada que tiene el diputado Jorge Sabag (DC), quien afirma “tiene que haber un pacto transversal de todas las fuerzas democráticas para condenar la violencia como medio o arma política. La violencia en Chile está siendo un arma política, es decir, como una herramienta para conseguir cambiar la agenda social y conseguir cambios aparentemente duraderos que no lo son”. Y añade: “Es importante que entendamos que más allá de nuestros legítimos intereses políticos, de poder ser elegidos y tener una participación como partido político, aquí más que cuidar nuestras parcelas particulares, tenemos que cuidar la parcela mayor que es el país”.

Por otra parte, sostiene que “hay una cierta seducción por parte de la violencia. Es decir, aquello que se dijo que ‘si no hubiésemos quemado el Metro no habríamos logrado los cambios al pasaje del metro, no habríamos logrado los cambios que hemos logrado’. Eso ha seducido de cierta manera a la clase política de que en el fondo es necesario una cuota de violencia para poder lograr cambios. Y eso, en cierta manera, ha seducido a muchos líderes políticos”.

Mauricio Morales, analista político: “La oposición  equivoca gravemente el camino. Nadie puede colocar obstáculos para contribuir al cese de la violencia”

En una línea similar a lo planteado por Sabag, el analista político Mauricio Morales en conversación con El Líbero sostiene que “la oposición equivoca gravemente el camino. Nadie se puede negar o colocar obstáculos para contribuir al cese de la violencia. Probablemente, la oposición no quiera sumarse a ese acuerdo pues sería cómplice de las medidas que eventualmente tome el gobierno y que puedan deslindar con violaciones a los derechos humanos” . Y apunta responsabilidad también en el Ejecutivo. “El problema es que tenemos un gobierno temeroso que no se atreve a disponer de esa fuerza para frenar la violencia. Como tiene cerca del 10% de aprobación, entonces cree necesitar de la oposición para implementar un plan de control de la violencia. El asunto es que si el gobierno no toma las medidas urgentes para ese propósito, corre riesgo la realización del plebiscito o, como mínimo, una baja participación para esos comicios por la falta de seguridad. Esto impactará directamente en las campañas”.

Agrega que existe un factor ideológico y electoral para que la oposición actúe así. “Mientras la derecha prefiere el orden a la libertad, con la izquierda sucede exactamente lo opuesto. No hemos escuchado a ningún líder de izquierda sobre la importancia de restituir el estado de derecho apoyando explícitamente a la fuerza pública. Ninguno”, subraya.

En la misma línea, el analista político, Patricia Navia, señala que “las encuestas parecen mostrar que la gente sigue apoyando las marchas. Mientras no haya un rechazo claro a la violencia en las encuestas, ningún esfuerzo del gobierno va a dar mucho fruto”.

Desde otro mirada, el experto en comunicación estratégica Carlos Correa asegura que no cree que influya el factor electoral en la postura adoptada por la oposición. Más aún, señala: “Votos para aprobar agendas contra la violencia hay en la oposición, como ocurrió en la ley antisaqueos”. Según Correa, existen tres hechos notorios: “Primero, el orden público corresponde al gobierno; segundo, en la oposición hay votos disponibles para proyectos en contra de la violencia, y tercero, la petición que se le hizo al Presidente es construir un acuerdo por un nuevo pacto social”.

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