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Publicado el 16 de septiembre, 2015

La denuncia del ex subdirector jurídico del SII en contra del fiscal Carlos Gajardo que investiga la Fiscalía

Autor:

Uziel Gomez

Al persecutor de los casos Penta y SQM se le acusa de no haber considerado en la investigación de fraude al FUT antecedentes relevantes; y de filtrar a la prensa información que estaba bajo secreto poniendo en riesgo las pesquisas.
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Uziel Gomez

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Se está investigando” fue la escueta frase que dijo la semana pasada el fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán Uribe, sobre la denuncia que presentó el  2 de abril pasado el ex subdirector  jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), Gonzalo Torres Zúñiga.

El fiscal Guzmán, quien es uno de los seis postulantes a reemplazar a Sabas Chahuán como fiscal nacional,  recibió la acusación con los antecedentes que buscan acreditar que el fiscal Carlos Gajardo Pinto, entre otros, infringió el artículo 269 ter del Código Penal.

Dicho acápite establece que “el fiscal del Ministerio Público (…) que a sabiendas ocultare, alterare o destruyere cualquier antecedente, objeto o documento que permita establecer la existencia o inexistencia de un delito (…), será castigado con presidio menor (de  61 días a 5 años) en cualquiera de sus grados e inhabilitación especial perpetua para el cargo”.

Adicionalmente, la denuncia también incluye tres “filtraciones evidentes” de una investigación sobre fraude al FUT que el mismo Gajardo declaró como reservada, lo que habría generado un importante perjuicio para las personas investigadas y para la misma indagación.

El detalle de la denuncia contra el fiscal Gajardo

Gonzalo Torres ZúñigaLos hechos denunciados por el ex director jurídico, quien trabajó en el SII durante 25 años, se remiten a los inicios de la investigación conocida como “fraude al FUT”, y que dio origen a los casos Penta y SQM sobre financiamiento político, que investiga el Ministerio Público y que ha significado el procesamiento de varios ejecutivos y financistas de campañas políticas, el último de ellos y, el más connotado, Giorgio Martelli, quien fue formalizado este lunes.

El caso se remonta a octubre de 2012, cuando el subdirector de fiscalización del SII, Iván Beltrand, remitió al Departamento de Delitos Tributarios un listado de 122 contribuyentes que tenían un patrón común de fraude al fisco por $1.000 millones, entre los que estaban involucrados funcionarios del SII, contribuyentes y contadores.

El fraude consistía en hacer solicitudes de devolución de sumas enteradas en las arcas fiscales a título de impuesto por concepto de Pérdidas por Utilidades Absorbidas (PPUA), basadas en declaraciones fraudulentas en sus declaraciones de renta.

La vinculación con el fiscal Gajardo surgió en diciembre de 2012 cuando recibió en su oficina al abogado Carlos Cortés, quien le propuso que sus clientes Iván Álvarez y Sergio Díaz –funcionario del SII y contador, respectivamente- se autodenunciarían por el fraude de los $1.000 millones pero a cambio de que no pidiera la prisión preventiva, lo que fue rechazado por el entonces fiscal jefe adjunto de la Fiscalía Local de Ñuñoa.

La autodenuncia se hizo finalmente en marzo de 2013 en la Fiscalía de Las Condes,  pero Gajardo, luego de que tuviera una entrevista con Marisa Navarrete,  le pidió al fiscal a cargo tomarla alegando que los involucrados tenían sus oficinas en la comuna de  Providencia, según correos entre ambos que tuvo a la vista “El Líbero”, por lo que Reyes le traspasó todos los antecedentes.

Las filtraciones a la prensa

En agosto de ese año Gajardo le pidió al subdirector jurídico Torres que le entregara “a la brevedad posible” la carpeta investigativa sobre todos los involucrados, y cuatro días después el  jefe del Departamento de Delitos Tributarios  le envió  la recopilación de antecedentes, que incluía los cargos contra 11 personas por delitos tributarios y la recomendación de presentar una denuncia criminal, que concretó el ex subdirector ante el fiscal Gajardo.

Con todos los antecedentes en la mano, Gajardo decretó el 14 de agosto de 2013 el secreto de la investigación por un plazo de seis meses, de acuerdo a lo considerado en el artículo 31 de la ley 19.913, pero el 22 de octubre, apenas dos meses después, La Segunda publicó relevante información sobre esa carpeta, lo que siguió haciendo el 23 y el 26 de octubre.  Estos hechos fueron denunciados por Torres como las supuestas filtraciones del fiscal Gajardo.

El argumento central de la denuncia en contra del supuesto delito de los fiscales involucrados, presuntamente Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, es que el 5 de agosto de 2013 recibieron antecedentes relevantes del fraude FUT de manos de Marisa Navarrete,  jefa de la oficina de litigación penal del SII, pero los fiscales no los incorporaron en la carpeta investigativa.

“Frente a este tipo de conductas estamos frente al delito del artículo 269 ter del Código Penal”, sostiene Torres en su denuncia y así lo señaló también en la Comisión Investigadora del caso Penta.  “El Líbero” trató  de contactar al denunciante, quien prefirió no emitir comentarios por ahora.

Diligencias realizadas por la denuncia

Si bien Gonzalo Torres no ha declarado ante el fiscal Guzmán, que investiga la causa, según las fuentes lo hizo como testigo Carlos Cortés, abogado defensor del ex fiscalizador del SII, Ivan Álvarez, quien fue condenado en el caso Fraude al FUT.

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