Por estos días la nueva delegada presidencial provincial de Malleco, Andrea Parra, está enfocada en atender la violencia rural “sin complejo alguno”. Asumió el cargo el 1° de octubre y acompañó a la ministra del Interior, Carolina Tohá, en su primera visita a La Araucanía. Pero Parra tiene pendiente una demanda en su contra que presentó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) exigiendo la restitución de casi 4 millones de pesos por asesorías que la Contraloría no logró acreditar. 

Durante seis meses –entre finales de 2016 y principios de 2017–, Parra prestó servicio en el Programa Chile Indígena, bajo la modalidad de honorarios. Tales labores fueron sujetas a examen por la Contraloría Regional de La Araucanía y allí se determinó que la Corporación debía solicitar el reintegro de $9.930.000 devengados como honorarios, monto que fue rebajado el 15 de marzo de 2018 por la propia Contraloría a $3.972.000.

La demanda está radicada en el Juzgado de Letras de Angol, pero en el transcurso de este año no hubo mayores avances en el proceso debido a que el tribunal no pudo notificar a Parra. Esto se habría debido a que la dirección con la que contaban estaba desactualizada.

Las mismas fuentes aseveran que lo que corresponde es que la delegada “por transparencia” se presente voluntariamente ante el juzgado para zanjar el asunto. Pero Parra subraya, en conversación con El Líbero, que no existe tal deuda. 

Andrea Parra se defiende, apelando al CDE

La demanda fue presentada por el entonces director nacional de Conadi, Ignacio Malig. Se trata de una acción ordinaria de cobro en contra de Andrea Parra, que en ese momento se desempeñaba como diputada por el distrito 22. 

Esta polémica se abrió en 2017 y desde entonces Parra ha respondido que se trata de una denuncia falsa y de una operación política. 

En conversación con El Líbero la delegada presidencial de Malleco explica que el caso “se origina a razón de una denuncia que hace el entonces candidato a diputado Gustavo Hasbún respecto de que habría supuestamente un fraude al fisco, porque yo jamás me habría presentado a trabajar y que solamente iba a recibir un cheque, para efectos de financiar mi campaña”.

Parra agrega que “esa investigación fue cerrada contundentemente a mi favor en 2019, no solo por la Fiscalía sino con un pronunciamiento que yo solicité al CDE respecto de precisamente estas cuestiones que algunos personeros particularmente de Conadi solicitaban públicamente y que la investigación en su minuto desestimó. Quiero señalar que el CDE se pronunció definitivamente cerrando este caso. Desestimó cualquier solicitud de reintegro de recursos, porque estos además no están fundados tal como lo dijo la investigación y además no corresponden, puesto que la verdad es que ahí se hizo un tema más bien comunicacional respecto de que yo adeudaba recursos y eso no es efectivo, tal como lo señala el CDE”.

El CDE visa a Conadi para demandar

En cuanto al CDE, la demanda –presentada en 2021– también los menciona. El texto explica que el 19 de junio de 2019, Conadi les remitió la carpeta de cobranza administrativa para que evaluasen la factibilidad de efectuar el cobro, pero en la sesión del 6 de noviembre de 2019 el Consejo acordó no asumir la representación judicial, “por estimarse que no existe especial conveniencia para iniciar las acciones judiciales por parte de este organismo”. 

Asimismo, existe un oficio del CDE, del año 2020, que en respuesta a una solicitud de información hecha por la Cámara de Diputados indica lo siguiente:

“El Consejo de Defensa del Estado, luego del análisis jurídico de los antecedentes que le fueron proporcionados, estimó que no resultaba procedente iniciar acciones judiciales en contra de H. diputada sra. Parra Sauterel, lo que no constituye impedimento para que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, organismo que goza de personalidad jurídica y patrimonio propio, demande o ejerza las acciones que estime pertinentes, a través de su departamento jurídico”.  

Conocedores del tema explican a El Líbero que el CDE no se involucró por considerar que el monto a reclamar era muy bajo o que la propia Conadi podía hacerlo sin necesidad de su intervención. 

“Se le pidió al CDE que cobrara y ellos no quisieron cobrar, no es que la deuda no exista”, señalan.

Incluso hacen la salvedad de que Contraloría también se pronunció a favor de Parra al bajar la deuda de $10 millones a $4 millones “pero persiste la deuda”. 

Parra: “La demanda va a quedar en el papel”

Para Parra esto no es efectivo. Dice que no es que el CDE se haya negado a ejercer la cobranza, sino que “la deuda no existe, tal como se pronunció el CDE y, por lo tanto, usted podrá corroborar que esa demanda fue hecha exclusivamente por el director nacional de Conadi a pesar del informe que tenía 15 días antes de la nueva elección y por lo tanto queda claro que allí hubo una intencionalidad política, pero esa demanda yo no tengo ningún problema en que se curse, pero es solo algo que va a quedar en el papel porque no tiene ningún destino”.

Al ser consultada sobre si podía hacer llegar a El Líbero el informe del CDE que la respalda, la delegada indicó que éste debía ser solicitado a través del portal de Transparencia. 

Los intentos infructuosos de cobro de Conadi

De vuelta a la demanda presentada ante el Juzgado de Letras de Angol, ésta afirma que los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía Local de Temuco, iniciándose ante la Fiscalía de Alta Complejidad de Temuco el proceso de investigación en el año 2017, causa RUC 1701026364-6.

Asimismo, apuntan que “sin perjuicio de la investigación penal y conforme al procedimiento de cobranza de la Corporación, se procedió a remitir cartas N.º 155 de fecha 29 de marzo de 2018 y N.º 406 de fecha 17 de julio de 2018, a doña Irle Andrea Parra Sauterel solicitando el reintegro de los dineros referidos, sin que a la fecha se haya reintegrado las sumas adeudadas”.

“Así las cosas, intentadas las acciones extrajudiciales y resultando estas infructuosas”, dicen, demandan el reintegro de los $3.972.000 más reajustes e intereses “y con expresa condenación en costas”.

El origen de todo: un informe de la Contraloría regional de 2017

Todo el caso tiene su origen en el Informe de investigación especial 581/17 elaborado por la Contraloría Regional de La Araucanía en 2017. Una pesquisa hecha, según el reporte, a solicitud de Patricio Abdala Sepúlveda.

Esto a raíz de un contrato de honorarios suscrito entre Parra y la Conadi, que estuvo vigente desde el 22 de noviembre de 2016 hasta el 30 de abril de 2017.

La investigación concluyó que “la Conadi no mantuvo un sistema de control que velara por el cumplimiento de la jornada laboral de la señora Parra Sauterel, y además, se careció de una adecuada supervisión de los trabajos”; tampoco se explican por qué la corporación no estableció un horario de trabajo para Parra y “se determinó que los servicios contratados se encuentran insuficientemente acreditados”. 

El texto de la Contraloría Regional especifica que Parra estaba contratada a honorarios para que asumiera funciones en el Programa Chile Indígena y como apoyo en la Unidad Técnica de La Araucanía. 

“De este modo, la Conadi pagó a la señora Parra Sauterel por los servicios prestados desde el 22 de noviembre al 31 de diciembre de 2016, la suma de $2.730.000, y desde el 1 de enero al 30 de abril de 2017, un monto de $7.200.000”. Allí están los $9.930.000 que originalmente Contraloría dijo que había que restituir.

Examen de cuentas de Contraloría

El examen de cuentas presentado por Contraloría en 2017 alude a “labores informadas en los reportes mensuales no acreditadas”, precisa que no se detallan las fechas de las actividades ni se describe en qué consistieron las actividades de articulación. 

El documento además enumera reuniones que supuestamente se habrían llevado a cabo sobre las cuales no quedó ningún registro y hace un aparte “sobre no acreditación de funciones durante las fechas que indican”.

Allí dicen que de un total de 110 días hábiles en el período del 22 de noviembre de 2016 al 30 de abril de 2017, en 66 días hay evidencia de alguna actividad o función realizada por Parra. “Sin embargo, en los otros 44 días no existe evidencia que dicha prestadora de servicios hubiese efectuado alguna labor relacionada con su contrato a honorarios (…) es más, se detectó que, en algunas ocasiones, realizó actividades de índole particular que no se relacionan al convenio en examen”. 

La investigación también habla del incumplimiento de los productos convenidos en el contrato a honorarios, ya que se advirtió que los informes mensuales presentados por Parra no se refieren a los logros alcanzados en las actividades realizadas, ni a los motivos por los cuales ciertas actividades no se ejecutaron.

La reconsideración del monto adeudado 

Mediante el Oficio N°1151, del 15 de marzo de 2018, hubo una “reconsideración parcial” y la Contraloría Regional de La Araucanía resolvió:

“Corresponde reconsiderar el monto inicial a reintegrar por parte de la señora Parra Sauterel de $ 9.930.000 a $3.972.000 como consecuencia de la aplicación del porcentaje de incumplimiento determinado precedentemente al monto total pagado al 30 de abril de 2017, dado que el 40% de los honorarios pagados a la aludida profesional no cuenta con el respaldo que justifique tales operaciones”.

Ese último es el montó cuyo pago demandó Conadi.

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