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Publicado el 13 de julio, 2019

La compleja tarea de los delegados de Bachelet en Venezuela: no les permiten el acceso a cárceles ni a hospitales

Autor:

Emily Avendaño

Al terminar su visita a Venezuela, la Alta Comisionada informó que dos funcionarios permanecerían en el país para proveer asistencia, asesoría técnica y continuar monitoreando la situación de DD.HH. Se trata del oficial a cargo de Venezuela de la sección de las Américas, Carlos de La Torre, y de Sara Nuero, de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado. Desde entonces se ha reportado que se les ha negado la entrada a los sótanos de la Dirección de Inteligencia Militar (DGCIM) y no se les permitió el acceso a la morgue para la entrega del cuerpo del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, muerto por torturas.

Autor:

Emily Avendaño

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Uno de los acuerdos a los que llegó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet con el gobierno de Nicolás Maduro, al finalizar su visita de tres días a Venezuela, fue que su equipo iba a tener acceso pleno a los centros de reclusión para monitorear las condiciones de detención y hablar confidencialmente con los privados de libertad. La información la suministró la propia Bachelet en su declaración del 21 de junio frente a los medios de comunicación. 

«Me iré de Caracas esta noche, pero se quedará una presencia de mi Oficina en el país por primera vez. Hemos alcanzado un acuerdo con el Gobierno para que un pequeño equipo de dos oficiales de derechos humanos permanezca aquí, con el mandato de proveer asistencia y asesoría técnica y, muy importante, continuar monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela», fueron las primeras palabras que la Alta Comisionada dio esa noche, antes de irse del país petrolero.

Efectivamente hay dos funcionarios de su oficina en Venezuela. El mexicano Carlos de La Torre, a cargo de Venezuela de la sección de las Américas, y la española Sara Nuero Escobar, de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado. 

No ha transcurrido un mes desde aquella declaración. Sin embargo, en Venezuela ya hay quienes reclaman que el régimen de Nicolás Maduro violó los acuerdos. En primera instancia porque no se les permitió el ingreso a los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), señalados como los responsables de la muerte por tortura del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

El militar inicialmente fue reportado como desaparecido el viernes 21 de junio, cuando la Alta Comisionada todavía estaba en Venezuela. En los siete días siguientes ni sus familiares, ni sus abogados, tuvieron acceso a él. Fue trasladado ante un tribunal militar el 28 de junio. Allí llegó con signos de tortura, el juez que vio su caso ordenó su traslado a un hospital y en la madrugada del 29 de junio falleció. 

El 2 de julio, la periodista especializada en el área militar Sebastiana Barráez escribió un artículo en el que reportaba que los funcionarios de la oficina aún no habían logrado reunirse con ninguno de los militares presos y torturados.

«La respuesta de Guerrero Mijares -coronel Hannover Esteban Guerrero Mijares, director de Investigaciones de la DGCIM-, a los representantes de la ONU que han solicitado entrevistarse con algunos militares en la DGCIM es que no se puede hasta que no reciba la orden de aprobación por parte de su superior, que debe darla el mayor general Iván Hernández Dala, director de Contrainteligencia Militar», relata la periodista. 

No se han ejecutado libertades de presos políticos y no creo que en lo sucesivo se produzcan. Ojalá me equivoque. El gobierno sigue arremetiendo. Lo que viene para nosotros los venezolanos es bastante grave y fuerte porque al gobierno lo que le queda es represión y propaganda política», afirma el abogado y activista de DD.HH., Joel García.

Al día siguiente, los familiares de los militares detenidos en la DGCIM protestaron en las cercanías de su sede, luego de que la abogada y defensora de los derechos Humanos y Directora Ejecutiva de Casla Institute, Tamara Suju, denunciara un motín de los allí detenidos. También exigieron la presencia de los representantes de la ONU.  

Un tercer hecho relacionado con Acosta Arévalo reclamó la presencia de los delegados de la Alta Comisionada. El 10 de julio, a más de una semana de su muerte, finalmente las autoridades accedieron a entregar el cuerpo del capitán para su entierro. No obstante, los cuerpos de seguridad controlaron todo el proceso, lo entregaron en un ataúd sellado y decidieron el lugar de la inhumación. Trascendió que el accionar militar y policial estuvo antecedido por órdenes expresas de no permitir el acceso de los oficiales de DD.HH. a la morgue, ni al cementerio. 

Ana Leonor Acosta, abogada y miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (ONG que lleva el caso del militar), confirmó que se han reunido con los delegados, quienes “están muy pendiente del caso” y están trabajando, “dentro de lo que les permite el tema protocolar y la Cancillería, para llegar al fondo de la verdad”.

«El gobierno de Nicolás Maduro está incumpliendo con el compromiso que adquirió previamente con Michelle Bachelet»

De acuerdo con Joel García, defensor de DD.HH. y de presos políticos como el diputado Juan Requesens y de Roberto Marrero, jefe de gabinete del Presidente encargado Juan Guaidó, Maduro está incumpliendo sus compromisos: «Dadas las circunstancias y el informe que no fue nada en agrado para el régimen están obstruyendo aún más la función que tienen esos delegados en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro está incumpliendo con el compromiso que adquirió previamente con Michelle Bachelet al permitirle a esos funcionarios quedarse en Venezuela. Tanto es así que ni siquiera a los centros penitenciarios, de reclusión, hospitales, ni ninguna institución se les ha permitido el acceso».

Agrega el abogado que legalmente nada se puede hacer pues el acuerdo con la ONU es de voluntario cumplimiento. «Eso desnuda aún más que este es un régimen dictatorial, que no respeta los derechos humanos; y formará parte de un informe que seguramente la Oficina de la Alta Comisionada emitirá en cuanto a ese incumplimiento. Esa es la realidad en Venezuela. No van a tener mayor trascendencia, más que recibir denuncias”. 

Esto se suma a que dentro de seis meses la Oficina de la Alta Comisionada debe evaluar con el gobierno, la posibilidad de aumentar la presencia del ACNUDH y establecer una oficina en el país. Por ahora, los dos delegados trabajan principalmente en la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el este de Caracas. 

El oficial Carlos de la Torre está familiarizado con la situación de Venezuela. Es coautor de los dos informes de 2017 y 2018 publicados durante la gestión del anterior Alto Comisionado, el jordano Zeid bin Ra’ad. En junio de 2018 declaró a la agencia EFE que las investigaciones de la Oficina a la que pertenece evidenciaban que las violaciones que denunciaban no eran hechos aislados, por lo que esa información podía sentar bases para el proceso que desarrollaba la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Venezuela.

Sara Nuero Escobar es especialista en derechos humanos de los pueblos indígenas y coordinó el diagnóstico sobre la situación de estas poblaciones en América Central, realizado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado.

“Ellos están haciendo su trabajo y lo están logrando. Lo que pasa es que los organismos internacionales, por lo general, tienen muy bajo perfil. No hacen un show de cada cosa que van a hacer y no se tiene por qué enterar todo el mundo de cada uno de los pasos que están dando”, defiende Carlos Nieto Palma, coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad, dedicada a la promoción y defensa de los DD.HH. de los encarcelados. 

Nieto Palma agrega que los delegados están preparando una agenda, han tenido reuniones y están atendiendo los llamados. “Ellos no son un partido político, son representantes de la Oficina de la Alta Comisionada y trabajan en defensa de los derechos humanos. Entonces, no tienen que hacer alarde del trabajo que hacen acá. Simplemente, tienen una tarea según los mandatos de la Oficina y en ese orden están trabajando».

Las 23 recomendaciones

El Informe de la Alta Comisionada sobre la situación de los DD.HH. en Venezuela finaliza con 23 recomendaciones al gobierno de Maduro. No obstante, el mismo texto precisa que el sistema de administración de justicia que existe en Venezuela no está en capacidad de hacer investigaciones y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos.

Para Marino Alvarado, asesor de Provea, del Observatorio Venezolano de Prisiones y de Amnistía Internacional, destaca que algunas de las recomendaciones son de aplicación inmediata, como la publicación de datos en materia de salud y alimentación. “Si hubiese voluntad política, el Ministerio de Salud hoy mismo o mañana estaría publicando en su web los boletines epidemiológicos y el Ministerio de Alimentación su Memoria y Cuenta (cuenta pública). En el caso de algunos ministerios hace tres años que no se publica la Memoria y Cuenta. De hacerlo, se estaría cumpliendo ya con una de las recomendaciones”.

Otro ejemplo de una recomendación ejecutable en el corto plazo es la disolución de las FAES (Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana). “Con solo un decreto o resolución del Ministerio de Interior y Justicia puede disolverse”, dice el activista de DD.HH. 

No somos muy optimistas en cuanto a que el gobierno cumpla las recomendaciones, pero aspiramos que se haga suficiente presión del equipo técnico de Bachelet para que se cumplan algunas medidas”, afirma Marino Alvarado, de Provea.

Menciona que hay otras que son de ejecución más a mediano plazo porque requieren recursos e infraestructura, como la ampliación de la cobertura de vacunación, y otras que necesitan un proceso más complejo, como garantizar el respeto a los DD.HH. por las policías y militares, que no sigan realizando ejecuciones o practicando tortura. Esto amerita un proceso de capacitación a funcionarios y con acciones de penalización que den un mensaje claro a las policías.

“No somos muy optimistas en cuanto a que el gobierno cumpla las recomendaciones, pero aspiramos que se haga suficiente presión del equipo técnico de Bachelet para que se cumplan algunas medidas”, concluye Alvarado. Y destaca como otro ejemplo de fácil cumplimiento la libertad de los presos políticos, cuyo número se mantiene alrededor de los 700.

Bachelet informó el 5 de julio que el gobierno había puesto en libertad a 22 presos políticos, entre ellos la ex jueza María Lourdes Afiuni y el periodista chileno-venezolano Braulio Jatar; pero si bien se relajaron las medidas cautelares que pesaban sobre ellos, en ninguno de los dos casos la libertad fue plena. Sobre Afiuni, detenida en 2009 y bajo arresto domiciliario desde 2011, se mantiene la prohibición de dar declaraciones a la prensa, de uso de redes sociales y de salida del país. Mientras Jatar debe presentarse en tribunales cada 15 días y también tiene prohibición de salida del país.

Concluye Joel García: “No se han ejecutado libertades de presos políticos y no creo que en lo sucesivo se produzcan. Ojalá me equivoque. El gobierno sigue arremetiendo. Lo que viene para nosotros los venezolanos es bastante grave y fuerte porque al gobierno lo que le queda es represión y propaganda política. El gobierno no tiene gobernabilidad y lo que nos toca vivir aquí va a ser más represión”.

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