La oposición se impuso en el Congreso y aprobó esta semana la ley que castiga con cárcel el porte injustificado de combustible, cuando la pretensión del gobierno era que se sancionara de forma más blanda. La norma fue despachada ocho días después de que en una protesta en el Liceo de Aplicación rociaran con líquido inflamable a un inspector y de que detuvieran a un un sujeto de 18 años en inmediaciones de esa institución, acusado de lanzar bombas molotov contra carabineros. El abogado del capturado: Ramiro Gutiérrez Acuña, hijo del ex diputado y ex convencional comunista, Hugo Gutiérrez.
El jurista, ahora defensor del manifestante Renato González Acuña, integra la organización ‘Defensa Popular’, que se caracteriza por representar a acusados por violar la Ley Antiterrorista.
«Trabajamos en el ámbito del Derecho Penal, Derechos Humanos y garantías políticas de personas y organizaciones que son reprimidas por los organismos de seguridad pública», indican en su página web.
Gutiérrez Acuña también forma parte del grupo de 16 abogados que presentó una querella en contra del entonces Presidente Sebastián Piñera, por la supuesta comisión de delitos de lesa humanidad durante el estallido de 2019.
En el recurso que ejercieron contra el mandatario, alegaron que era responsable de que en esos días se hubieran cometido en Chile torturas físicas y mentales, abusos sexuales, violaciones, detención selectiva de personas y privación de libertad arbitrarias en lugares no habilitados para tal efecto, entre otros delitos.
A principios de 2016, el hijo del ex diputado comunista sacó la cara por la machi Francisca Linconao. La mujer, que luego fue constituyente, estuvo vinculada al caso del asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay, del que luego absolvieron.
En su momento, Gutiérrez Acuña envió una carta al director de diarioconstitucional.cl en la que alegaba que debía otorgarse a la entonces procesada la privación de libertad domiciliaria, en lugar de mantenerla en prisión.
La otra abogada de detenido en Liceo de Aplicación dijo en 2019 que manifestaciones debían «agudizarse y mantenerse»
Betsabé Carrasco Orellana, que también forma parte de Defensa Popular y del grupo de abogados que presentó la querella contra el Presidente Piñera, completa, junto a Gutiérrez Acuña, el equipo de defensa del detenido en las cercanías del Liceo de Aplicación el pasado 25 de septiembre.
En entrevista que ofreció a Radio Sur a propósito de la querella por la supuesta comisión de delitos de lesa humanidad en el control de las manifestaciones de 2019, Carrasco fue clara en cuanto a su postura sobre las movilizaciones.
“Este estallido social, esta movilización, esta serie de protestas tienen que agudizarse y tienen que mantenerse durante el tiempo porque ningún cambio estructural se va a poder hacer en dos o tres meses de movilización», dijo hace casi cuatro años.
Fue defensora del ahora indultado Jordano Santander
Carrasco Orellana también defendió a Jordano Santander, uno de los 12 condenados por el estallido que el Presidente Boric indultó en diciembre pasado.
A Santander, al igual que a su actual defendido, lo llevaron ante la justicia por el delito de homicidio, en ese caso frustrado en lugar de tentado, en contra de un integrante de la PDI, a quien intentó atropellar en medio de una manifestación en marzo de 2020. La condena era a siete años de cárcel.
En el caso de González Acuña, detenido en las inmediaciones del Liceo de Aplicación la semana pasada, el joven de 18 años supuestamente estudiante de cuarto medio en esa institución, fue formalizado por el delito de homicidio tentado a carabineros y por porte de elementos explosivos.
«El imputado junto a un grupo de sujetos encapuchados irrumpieron parcialmente la libre circulación en la vía pública en los alrededores del recinto educacional, realizando el lanzamiento de artefactos incendiarios en contra de carabineros que allí se encontraban», se indica en la narración de los hechos contenida en el expediente, que es de acceso público en la página del Poder Judicial.
La defensora del detenido en inmediaciones del Liceo de Aplicación también fue abogada de un ex mirista
En la lista de manifestantes detenidos en el estallido que representó Carrasco Orellana también se cuenta Mattias Jordano Berrocal. Al hombre de 23 años de edad lo condenaron a cinco años de prisión en mayo del año pasado por lanzar artefacto incendiario y disparar injustificadamente, en medio de un ataque a la subcomisaría de Peñalolén, en el llamado Caso Lo Hermidia.
«Este es uno de los casos que hemos tenido como Defensa Popular, en este largo periplo de la prisión política de la revuelta» dijo la abogada en Muros y Resistencia, medio que se declara «antifacista», en referencia a quienes en el marco del estallido fueron detenidos cuando causaban destrozos en vía pública o lanzaban artefacto explosivos a funcionarios de serguridad y orden del Estado. En hechos similares detuvieron a su ahora representado.
La jurista, que en 2018 firmó una carta en respaldo a la «toma feminista» de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, también representó judicialmente al ex mirista Sergio Martín Olivares Urtubia, quien en abril de 2020 mató de un disparo a un guardia de una sucursal de Banco Estado en un intento de asalto. El formalizado estuvo preso en Brasil por el delito de secuestro.
Carrasco Orellana defendió además a Hugo Barraza y Constanza Gutiérrez, dos de los seis condenados por la muerte del guardia municipal Eduardo Lara Tapia. El hombre falleció a causa de un incendio que provocaron manifestantes el 21 de mayo de 2016 en el centro de Valparaíso, mientras a la par se efectuaba la rendición de Cuenta Pública por parte de la entonces presidenta Michelle Bachelet.
No aprendieron nada en sus facultades de derecho…..