La madrugada de este jueves, la cuenta personal del Presidente José Antonio Kast en X publicó un mensaje en contra del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.
“Chile ha cambiado su postura respecto al Presidente Trump tras sus recientes acciones, que han causado graves daños a nivel mundial. Ha traicionado sus promesas a Chile, y esto se ha prolongado demasiado. Donald Trumpler es peor que Hitler” (sic) decía el mensaje.
Minutos después, el posteo fue borrado y desde Presidencia emitieron un comunicado confirmando que habían sido víctimas de un hackeo. “Las cuentas personales del Presidente en X y en Instagram han sido comprometidas por terceros. Apenas recuperemos el control de las cuentas, les avisaremos, pero nada de lo que se publique en esa cuenta en estas horas corresponde a la autoría del Presidente”, sostuvieron.
La vulnerabilidad de cuentas oficiales de redes sociales y de otras plataformas del
Estado ante posibles ataques informáticos es un tema que ha estado presente en el último tiempo.
De hecho, la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), creada en el gobierno del Presidente Gabriel Boric, reconoció hace unos meses que ellos tienen “una probabilidad de un 81% de sufrir un ataque de ciberseguridad con un impacto de US$10 millones o más dentro de los próximos 5 años”.
La cifra la expusieron en un documento oficial enviado el 6 de junio de 2025 en medio de un caso ante el Consejo para la Transparencia, en donde se discutía si debían publicar información sobre su personal y remuneraciones. En ese contexto, la ANCI argumentó que divulgar antecedentes sobre su funcionamiento podría aumentar los riesgos de seguridad para la institución.
El documento agrega que el valor esperado mínimo de un incidente de ese tipo alcanzaría cerca de $7.542 millones, cifra que equivale a casi el doble del presupuesto asignado a la agencia para 2025.
Al ser consultados por El Líbero hace unas semanas sobre si en estos meses que han transcurrido hubo un cambio en la estadística, afirmaron que “la probabilidad se mantiene ya que no ha habido cambios significativos en el entorno en base al cual se hizo el análisis”.
Cómo se llegó a ese porcentaje de riesgo
Consultados por este medio sobre el origen del cálculo, la ANCI explicó que se basa en el modelo estadístico de Poisson, una herramienta utilizada para estimar la probabilidad de ocurrencia de eventos en un período determinado. En este caso, el modelo se aplica para calcular la posibilidad de que la institución enfrente un ataque grave de ciberseguridad.
Según detalló la agencia, el modelo considera como supuesto una tasa esperada de ataques graves de aproximadamente uno cada tres años. A partir de esa base, se calcula la probabilidad de que ocurra al menos un incidente relevante en un horizonte de cinco años, lo que arroja una probabilidad de 81%.
En su respuesta, la institución también explicó que el modelo supone que los ataques pueden provenir de actores de amenaza independientes entre sí, lo que implica que distintos grupos podrían intentar vulnerar los sistemas de la agencia sin necesariamente actuar de manera coordinada. Asimismo, el análisis parte de la premisa de que la tasa de ocurrencia de este tipo de eventos se mantiene relativamente constante en el tiempo.
Alertas sobre actividades de ciberespionaje vinculadas a China
Las advertencias sobre el riesgo de ciberataques se producen además en un contexto de crecientes alertas sobre actividades de ciberespionaje vinculadas a China en el ámbito de las telecomunicaciones, que se hicieron públicas luego de la polémica por el cable submarino de origen chino.
En febrero de este año, el Google Threat Intelligence Group (GTIG) –la unidad de inteligencia de amenazas de la compañía tecnológica– detectó una campaña de espionaje dirigida contra organizaciones gubernamentales y empresas de telecomunicaciones en distintos países.
En un informe difundido el 25 de febrero, la compañía identificó al actor de amenazas UNC2814 como un presunto grupo de ciberespionaje con vínculos con la República Popular China y activo desde al menos 2017. Según el reporte, el grupo ha protagonizado intrusiones contra gobiernos y organizaciones de telecomunicaciones en varios continentes y se han confirmado ataques en 42 países, entre los que figura Chile.
A estas alertas se sumó la información entregada por el entonces ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, quien en marzo reveló ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que autoridades de Estados Unidos le habían advertido sobre siete ciberataques atribuidos a actores chinos que habrían afectado a empresas de telecomunicaciones y también a una compañía constructora.
Según explicó Muñoz, estos antecedentes fueron transmitidos por el embajador estadounidense en Chile y posteriormente reiterados por un subsecretario del Departamento de Estado. Tras recibir esa información, Muñoz declaró que decidió elevar la situación a Presidencia y recomendó detener la firma del decreto que permitía avanzar en el proyecto de cable submarino impulsado por China Mobile entre Concón y Hong Kong, mientras se evaluaban los riesgos asociados a la seguridad nacional.
Quién dirige la ANCI
La ANCI es una entidad de carácter técnico, cuyo principal objetivo es asesorar al Presidente de la República en materia de ciberseguridad. Según su página web, “tiene como misión fortalecer la ciberseguridad nacional mediante la coordinación e implementación de políticas públicas que articulen capacidades técnicas, normativas y operativas, para reducir las amenazas digitales y los riesgos de ciberataques y aumentar la protección de los servicios esenciales y el resguardo de los derechos de las personas en el entorno digital”.
Se creó a partir de la aprobación de la Ley Marco de Ciberseguridad publicada en abril de 2024.
El primer director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad fue Daniel Álvarez Valenzuela, quien encabezó la instalación del organismo tras su creación. Sin embargo, la propia ley que dio origen a la ANCI estableció que ese nombramiento tendría carácter transitorio y solo regiría durante 2025, mientras se implementaba la nueva institucionalidad. Tras el término de ese período, la conducción del servicio quedó de manera interina en manos de la directora subrogante Michelle Bordachar Benoit, quien actualmente encabeza la agencia.
Bordachar ganó el concurso de Alta Dirección Pública para ser subdirectora de la agencia en octubre de 2025. Antes de estar en la agencia, trabajó como analista de políticas públicas en la ONG Derechos Digitales entre el año 2020 y 2022. Dicha ONG fue fundada por el exdirector Álvarez. La abogada y Álvarez además coincidieron académicamente en el Centro de Estudios en Derecho Informático (CEDI) de la Universidad de Chile.
Otra persona de la confianza de Álvarez que quedó a la cabeza de la agencia es Cristián Bravo Lillo, quien desde septiembre es jefe de división del Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT). Bravo es exsocio y también llegó a esa posición por un concurso de ADP, cuyos resultados se dieron a conocer en septiembre pasado.
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