En enero de este año, Daniel Álvarez Valenzuela asumió la dirección de la recién creada Agencia Nacional de Ciberseguridad (Anci), un cargo clave para la seguridad digital del país. En paralelo, también se integró en enero a esa oficina Cristián Bravo Lillo, quien desde septiembre es jefe de división del Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT).
En mayo de 2018, Álvarez y Bravo, junto al exsubsecretario de Defensa de Michelle Bachelet, Marcos Robledo Hoecker, fundaron la sociedad Ciberseguridad y Privacidad SpA, también conocida como Ciberseguridad Humana.
La empresa, según su acta de constitución, tiene como primer objeto «la prestación de todo tipo de servicios de asesorías y consultorías profesionales en materias legales, tecnológicas y de la ingeniería, relacionadas con tecnologías de la información y las comunicaciones, la seguridad informática y la ciberseguridad». Y perteneció a los dos funcionarios hasta que Álvarez se desvinculó en julio de 2022, antes de asumir su primer puesto en el gobierno de Gabriel Boric en agosto de ese año. Sin embargo, la sociedad no desapareció con su salida, sino que quedó en manos de Cristián Bravo y Marcela Carolina Belmar Gamboa, quien fue directora nacional (s) del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) durante el segundo gobierno de Bachelet.
Ciberseguridad Humana siguió operando, y en 2024 –cuando Bravo era Director del CSIRT, entonces adscrito al Ministerio del Interior–, la sociedad obtuvo dos licitaciones precisamente del Inapi. Ambas licitaciones, una de marzo y otra de abril de 2024, por un total de $34.174.344, fueron adjudicadas para la «suscripción a una plataforma de comparación de imágenes».
Hay una segunda sociedad: la empresa AI-TRADEMARK SpA, también cofundada por Álvarez, Bravo y Belmar. Coincidentemente AI-Trademark es el nombre de un servicio en línea para la «detección automática de similitudes entre marcas».
Según publicó Belmar en su LinkedIn, “AI-TRADEMARK® es la herramienta en línea más confiable y precisa para la comparación de imágenes y convierte una operación, hasta ahora costosa y lenta, en un proceso sencillo, rápido y accesible”.
AI-TRADEMARK SpA se constituyó el 10 de junio de 2021. De la empresa no se encontraron más antecedentes en el Diario Oficial que su conformación. En tanto, sobre Ciberseguridad Humana, el Diario Oficial del 25 de noviembre de 2024 da cuenta de que para esa fecha Bravo y Belmar eran los únicos accionistas de la empresa.
“Hay elementos que, si bien requieren verificación administrativa, podrían configurar un conflicto de interés reñido con el principio de probidad que rige el desempeño de la función pública en Chile”, dice sobre este caso Jorge Jaraquemada, expresidente del Consejo para la Transparencia.
“Los funcionarios públicos tienen prohibido mantener participación, directa o indirecta, en sociedades o empresas que contraten con el Estado, cuando exista vínculo funcional o competencia directa con sus labores. Además, deben inhibirse de intervenir en asuntos en los que tengan interés personal o en los que participen parientes o personas con las cuales mantengan vínculos económicos relevantes”, agrega Jaraquemada.
Bravo se desprendió de sus acciones en Ciberseguridad Humana «en septiembre de este año»
El Líbero consultó sobre este asunto a la Anci. Desde la agencia confirman que actualmente Álvarez no tiene ningún vínculo con Ciberseguridad Humana. «En agosto de 2022 el señor Álvarez vendió el total de su participación en dicha sociedad, operación que fue revisada por la Contraloría General de la República en el año 2023 sin presentar reparo alguno», explicaron.
Con respecto al rol de Cristián Bravo en la misma empresa, desde la Anci afirman que actualmente tampoco hay ningún vínculo. Agregan que Bravo «en mayo de 2021 comenzó a traspasar las actividades que desempeñaba y a contar de noviembre de 2022 dejó de trabajar en la empresa, quedándose únicamente con la propiedad de las acciones en la sociedad, las que enajenó en septiembre de este año».
De AI-TRADEMARK SpA explican que «esa sociedad se escrituró en el año 2021 pero nunca fue registrada en el SII ni inició actividades comerciales alguna, por lo que no tuvo existencia legal en Chile. No tiene RUT ni tuvo movimientos».
El “zar de la ciberseguridad” que insultó a Carabineros
Daniel Álvarez Valenzuela es fundador de la ONG Derechos Digitales.
Entre 2014 y 2018 fue asesor del Ministerio de Defensa en ciberseguridad y ciberdefensa y en ese lapso también fue secretario ejecutivo del Comité Interministerial sobre Ciberseguridad, a cargo del diseño e implementación de la Política Nacional de Ciberseguridad del Gobierno de Chile.
Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera se apartó del sector público y se dedicó a la empresa Ciberseguridad Humana, que describe en su Linkedin como un “emprendimiento en seguridad”. Allí estuvo, según la misma plataforma, hasta julio de 2022.
En agosto de 2022 se sumó al gobierno de Gabriel Boric para presidir el Comité Interministerial sobre Ciberseguridad del Gobierno de Chile y dirigir la unidad de Coordinación Nacional de Ciberseguridad.
Estaba en esas tareas y encabezando la discusión legislativa del proyecto de Ley Marco sobre Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información, cuando en julio de 2023 reflotaron unos tuits suyos en los que se refería a Carabineros como «la organización criminal más peligrosa de Chile», posteado en febrero de 2020. Sin embargo, el entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con quien trabajaba directamente, descartó su salida como coordinador de ciberseguridad; y la polémica se zanjó con Álvarez disculpándose personalmente con quien era el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.
Uno de los pilares de la Ley Marco de Ciberseguridad –que Álvarez ayudó a discutir en el Congreso– era la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (Anci), instancia que comenzó a funcionar el 2 de enero de 2025 y que desde entonces dirige, por designación del Presidente Gabriel Boric.
La Anci es una entidad de carácter técnico, cuyo principal objetivo es asesorar al Presidente de la República en materia de ciberseguridad.
“Aunque formalmente uno de los socios haya salido de la primera sociedad en 2022, respecto de los otros la adjudicación de licitaciones a su empresa podría vulnerar el principio de probidad y las reglas sobre inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado”, subraya Jaraquemada.
Un exsocio en un rol “clave” para la seguridad informática
La Ley Marco de Ciberseguridad también preveía la formación del Equipo Nacional de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT Nacional). «El CSIRT Nacional será clave para reforzar la seguridad informática en todos los sectores del país», declaró Álvarez en octubre de 2024.
Quien dirige el CSIRT es su exsocio en Ciberseguridad Humana, Cristian Bravo Lillo.
Bravo fue asesor de ciberseguridad en la Subsecretaría de Defensa entre agosto de 2016 y marzo de 2018. A su salida se hizo socio de Ciberseguridad Humana que describe en su LinkedIn: “En Ciberseguridad Humana ofrecemos servicios de consultoría en ciberseguridad donde nos enfocamos en la parte humana de la seguridad informática”.
Según la información que postea en la misma plataforma, su vínculo con la empresa fue hasta noviembre de 2022. Sin embargo, eso se contradice con las actuaciones publicadas en el Diario Oficial.
Pese a las descripciones que hacen Álvarez y Bravo en sus cuentas de LinkedIn de las tareas de Ciberseguridad Humana, desde la Anci hacen la salvedad de que «la empresa era el único oferente de una licencia de software de inteligencia artificial para marcas comerciales, que no tienen ninguna relación con ciberseguridad y esa era su única actividad comercial con el Estado».
Sin embargo, otras licitaciones de Ciberseguridad Humana con el Estado dan cuenta de que en mayo de 2022 dieron un «curso de ciberseguridad» al Servicio de Salud de Reloncaví por $450.000. En mayo de 2021 prestaron un «servicio de consultoría y/o auditoría en ciberseguridad» para el Instituto de Previsión Social por $22.410.000 y en febrero de 2022 por $24.300.000. Servicio que también prestaron a la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias en julio de 2021 por $ 2.350.000 y en noviembre de 2021 por $4.700.000.
La permanencia «pasiva» de Bravo en Ciberseguridad Humana
Ciberseguridad Humana aparece constituida en el Diario Oficial el 12 de mayo de 2018, con Álvarez, Bravo y Robledo Hoecker como socios. El 10 de noviembre de 2018 se publica en el Diario Oficial el acta de la junta extraordinaria de accionistas realizada en octubre de 2018, en la que se establece que la “administración de la sociedad, la representación judicial y extrajudicial, y el uso de la razón social corresponderá conjuntamente a los socios don Cristián Antonio Bravo Lillo y don Daniel Marcelo Álvarez Valenzuela”.
El 19 de diciembre de 2018 se publica en el Diario Oficial una nueva actuación que ratifica la administración de la sociedad acordada en octubre de ese año. El 11 de agosto de 2020 el Diario Oficial da cuenta de una nueva junta extraordinaria de accionistas en la que se dice que, además de Álvarez y Bravo, también será administradora de la sociedad Marcela Carolina Belmar Gamboa.
El 1 de octubre de 2022 queda constancia en el Diario Oficial de la junta extraordinaria de accionistas celebrada el 30 de agosto de 2022, en la que aparecen Bravo y Belmar “en su calidad de actuales y únicos accionistas”, dando cuenta de la salida de Álvarez.
Anci señala que «como se dijo, desde el 2022 el señor Bravo no realizó actividades en la empresa, manteniendo únicamente la condición de accionista pasivo hasta este 2025. Ser accionista de una empresa no genera conflictos de interés en general y menos en este caso porque se trataba de rubros completamente distintos».
La agencia agrega que «en sus roles como asesor de ciberseguridad, director del CSIRT de Gobierno, y ahora como jefe de la División del CSIRT Nacional, no ha desempeñado otras actividades profesionales ni empresariales».
Aunque desde Anci dicen que Bravo tenía un rol de «accionista pasivo» en Ciberseguridad Humana, hay una publicación del Diario Oficial hecha el 26 de febrero de 2024 que ratifica que para entonces Bravo permanecía como socio de la empresa y que además se aprobó su designación como «administrador» de la sociedad, junto con Belmar, con lo cual les correspondía «la administración, representación judicial y extrajudicial y el uso de la razón social». En esa publicación se certifica el acta de la junta extraordinaria de accionistas de Ciberseguridad y Privacidad SpA celebrada el 17 de enero de 2024, en la que participan Bravo y Belmar “quienes representan el 100% del capital accionario de la sociedad, de acuerdo al registro de accionistas tenido a la vista”.
En el Diario Oficial del 25 de noviembre de 2024 nuevamente queda de manifiesto que ambos eran los únicos accionistas de la empresa, despues de haber hecho un «saneamiento» de la sociedad.
En 2018 Álvarez y Bravo firmaron un par de columnas juntos en Ciper.
Bravo trabaja en Anci desde que empezó a funcionar en enero de 2025 y en septiembre de este año fue anunciado como ganador del concurso de Alta Dirección Pública para el cargo de Jefe de División del Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática, de Anci. En un podcast publicado en el canal de YouTube de Anci, conducido por Bravo, éste entrevista a Álvarez y lo presenta como un “gran amigo”.
Los contratos con el Estado
Una revisión de Mercado Público da cuenta de que Ciberseguridad Humana ha tenido 10 contrataciones con el Estado desde 2021. De estas, cuatro corresponden a comienzos de 2022, pero son anteriores a la entrada de Álvarez y Bravo al Gobierno.
Las que sí coinciden son dos contrataciones hechas en marzo y abril de 2024. Ambas con el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.
La primera es por $3.675.000, para la “suscripción a una plataforma para la comparación de imágenes de marcas”, con orden de compra fechada el 1 de marzo de 2024. La segunda, del 8 de abril de 2024, es por una razón similar: “Suscripción a una plataforma para la comparación de imágenes que permita realizar el reconocimiento visual y conceptual de etiquetas de marcas comerciales y compararlas con imágenes de la base de datos de Inapi ordenando resultados de mayor a menor similitud”. Esta es por $30.499.344.
No obstante, sobre que esta actividad con el Estado fue prestada en el Inapi, del que Marcela Carolina Belmar Gamboa fue directora, desde Anci optaron por no referirse «considerando que se tratan sobre otra persona, no corresponde a nosotros comentar al respecto».
Sobre esto, Jaraquemada señala que “la coincidencia entre los roles públicos y la naturaleza de los contratos adjudicados —en un ámbito estrechamente vinculado con las funciones del Csirt e Inapi— genera una apariencia de que podría haber un aprovechamiento de información privilegiada o de vínculos institucionales”. Esto, considerando que la otra socia de Ciberseguridad Humana, Marcela Belmar, fue directora nacional (s) de Inapi.
Jaraquemada: «Su participación en estas sociedades es, a lo menos, éticamente impropia»
Para el expresidente del Consejo para la Transparencia, “en el caso que no existiera intervención directa en las licitaciones, la sola apariencia de conflicto de interés —por la coincidencia de funciones, especialidad técnica y relaciones previas con el organismo contratante— resulta incompatible con la exigencia de imparcialidad que impone el servicio público”.
Jaraquemada concluye que teniendo a la vista también los roles de Álvarez y Bravo, “su participación en estas sociedades es, a lo menos, éticamente impropia y potencialmente incompatible con sus cargos públicos. La situación exige una revisión para determinar si se vulneraron normas de probidad o inhabilidades legales, y si procede aplicar medidas disciplinarias o sanciones administrativas”.
Agrega que “más allá de lo legal, este caso refleja un patrón de confusión entre función pública e interés privado que debilita la confianza en las instituciones y confirma la urgencia de fortalecer los mecanismos de control de conflictos de intereses en la administración del Estado”.
Además de estas licitaciones, en mayo de 2022, meses antes de que Álvarez y Bravo entraran al Gobierno, la empresa recibió un subsidio de Corfo por $40 millones.
Personalmente, felicito y aplaudo a todos los medios que hacen estos reportajes investigación que son rl comienzo de posteriores investigaciones y esclarecimiento de lo informado …..