Todo comenzó con una información aparentemente simple: en el sector rural de “Cabeza de Diuto”, camino a Antuco (comuna de Los Ángeles), diversas empresas desarrollaban faenas forestales. El dato fue entregado por Tania Zagal Albornoz, vecina del sector, a Rafael Pichún Collonao, uno de los voceros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
La información no cayó en saco roto. Pichún interpretó esos trabajos forestales como un objetivo directo. Según la acusación hecha por la Fiscalía, Pichún decidió “organizar y coordinar un ataque incendiario a alguna de dichas empresas y faenas, siguiendo las convicciones de sabotaje a la industria forestal expresada en reiteradas oportunidades por la organización denominada CAM”. Corría el mes de agosto del año 2023.
El plan culminó la madrugada del 13 de octubre de ese año con la quema de dos camiones en la ruta Los Ángeles-Antuco. El pasado 7 de enero, el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles entregó su veredicto: los siete involucrados –incluyendo a Bastián Llaitul, sobrino de Héctor Llaitul– fueron declarados culpables.
Óscar Cañupán, José Lienqueo, Bastián Llaitul, Axel Campos y Roberto Garling, quienes ejecutaron materialmente el ataque, fueron condenados por los delitos de incendio y amenazas contra los conductores. No obstante, el tribunal los absolvió del cargo de asociación criminal. Por su parte, Zagal y Pichún fueron condenados como autores del delito de incendio bajo la figura de facilitadores y coordinadores estratégicos; es decir, aunque no prendieron el fuego, su rol en la planificación y entrega de medios fue decisivo para el éxito del atentado.
El Indicador de Violencia e Impunidad de El Líbero registró esta condena entre el 5 y el 11 de enero, periodo en el que también se reportó una agresión a brigadistas forestales en Curanilahue que prestaban servicios para Forestal Arauco, empresa que figura entre las principales víctimas del ataque orquestado por Pichún.
Crónica del atentado en Quilleco: el rol articulador de Rafael Pichún
En septiembre de 2023, Pichún envió a Bastián Llaitul Vergara a la ciudad de Los Ángeles con una misión concreta: reunirse con Zagal para coordinar acciones, estudiar el área y verificar el estado del territorio. De acuerdo con la Fiscalía, ella “fijó diversos lugares donde se encontraban la faenas, tomó fotografías de los caminos interiores y confeccionó croquis o mapa de ubicación de las máquinas forestales y lugares de interés”.
El 9 de octubre de 2023, Pichún Collonao contactó a Roberto Garling Infanta y le pidió reclutar gente. Garling asumió esa tarea y recogió a distintos imputados desde varios puntos del sur de Chile, coordinando un desplazamiento que se inició en la Isla de Chiloé y tuvo como destino final la comuna de Los Ángeles.
En paralelo, el propio Pichún viajó a Los Ángeles y se instaló en las afueras del Tribunal Oral en lo Penal, donde participó en manifestaciones por un juicio que se seguía por delitos de incendio y homicidio frustrado contra otros integrantes de la CAM.
Toda esa coordinación confluyó en la madrugada del 13 de octubre de 2023. Ese día, los imputados Roberto Alejandro Garling Infanta (desde Castro), Axel Campos Vivallos (Lumaco), José Ignacio Lienqueo Márquez (Nueva Imperial), Óscar Hernán Cañupán Calfin (comunidad Quelhue, Temuco) y Bastián Andrés Llaitul Vergara (Puerto Choque, comuna de Tirúa) llegaron hasta la provincia del Biobío, específicamente al sector del camino Antuco. El objetivo era claro: cometer atentados incendiarios en faenas forestales. Para ello, ya contaban con toda la información previa: los mapas y croquis elaborados por Zagal incluían la ubicación exacta de las máquinas, los retenes de Carabineros y los caminos que servirían como vías de escape.
A las 02:20 horas de la madrugada del 13 de octubre, el plan se puso en marcha. En el fundo Humenco, propiedad de Forestal Arauco, ubicado en el sector cantera Q45, a la altura del kilómetro 25 de la comuna de Los Ángeles, la primera víctima, identificada con las iniciales O.R.R.H., se encontraba sola dentro de su camión con grúa marca Freightliner, de propiedad de la empresa Transterra. Estaba a la espera de que llegaran más camiones para iniciar la faena. En ese momento, los cinco autores materiales, vestidos con ropa oscura, pasamontañas, chalecos antibala y guantes –dos de ellos portando escopetas y dos de ellos armas cortas– subieron a la cabina del camión, amenazaron al conductor, lo golpearon y le exigieron que indicara si había más camiones en el lugar.
La víctima señaló que estaba solo, después de eso fue retenido y obligado a conducir bajo amenaza hasta el cruce del camino del predio con la Ruta Q45, conocido como camino a Antuco, en el kilómetro 23,6. Allí le ordenaron que, si aparecía otro camión por la ruta, se atravesara inmediatamente para bloquear el paso.
Pasaron apenas unos minutos cuando vieron venir un camión desde la ciudad de Los Ángeles. Obligaron al conductor a cumplir la orden, lo hicieron bajar y, utilizando un elemento portador de llamas y combustible, incendiaron el camión junto a su grúa de alta tecnología, destruyéndolos por completo. El daño fue avaluado en US$430 mil.
Esperaron la llegada de un segundo camión, un Volvo conducido por la víctima identificada como J.P.G.P. Al ver el primer vehículo bloqueando la ruta, este conductor se detuvo. Fue entonces cuando un sujeto alto, vestido con ropa oscura, chaleco antibala tipo militar y pasamontañas, apareció con una escopeta, lo amenazó y lo obligó a bajar. Al hacerlo, la víctima vio a otros cuatro sujetos y notó el humo que ya salía del primer camión incendiado.
Los atacantes obligaron a J.P.G.P. a subir nuevamente a su vehículo, con ellos dentro de la cabina, y lo forzaron a conducir aproximadamente un kilómetro en dirección a Los Ángeles, hasta el cruce de la ruta Q35, donde hay casas habitadas y el camino de ingreso al sector Diuto. Allí repitieron el procedimiento: atravesaron el camión, bajaron al conductor y lo incendiaron completamente con combustible, destruyéndolo por acción del fuego. Este segundo camión fue avaluado en $150 millones.
Huida y captura
Después de quemar los dos camiones, relató la Fiscalía en su acusación, los cinco sujetos huyeron en un vehículo tipo jeep de color negro, que los esperaba en el cruce de la
ruta Q35 con las luces encendidas. Escaparon por el camino interior hacia Diuto.
Las víctimas lograron comunicarse con Carabineros de Chile, que rápidamente interceptaron el jeep. Los funcionarios intentaron fiscalizarlos a pie, usando linternas y luces del carro policial, pero los imputados no se detuvieron y aceleraron directamente contra ellos, con la intención de causarles la muerte al sargento Nelson Manuel Vidal Molina y al sargento Cristian Ismael Molina Quiroga, quienes lograron esquivar el vehículo.
La persecución continuó por varios kilómetros. Durante la huida, los ocupantes del jeep se cambiaron de vestimenta y arrojaron objetos al exterior. Finalmente, Carabineros logró detenerlos. En su poder se encontró ropa oscura, guantes, teléfonos celulares y un bidón plástico con olor a combustible.
Por otro lado, en el lugar donde fue incendiado el segundo camión, quedó un lienzo sobre el asfalto con la consigna “Libertad Reinao Llaitul Alcamán Enríquez fuera Forestal traslado JC Mardones ORT Marco Pai Vallaco CAM junto a los caídos en el Huichan avanzamos a la liberación nacional weywald merry Chihueo”.
El mensaje coincidía con el juicio oral que, en esos mismos días, se desarrollaba en el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles contra otros imputados por incendios de maquinaria en el sector Paraguay de la comuna, a unos 26 kilómetros en línea recta del lugar del atentado.
La lectura de la sentencia en contra de los siete involucrados en el Caso Quilleco quedó fijada para el próximo 20 de enero, la cual se realizará vía telemática.
Amenaza a brigadistas forestales en Curanilahue
Durante la madrugada del martes 6 de enero, brigadistas forestales de la empresa Arauco fueron amenazados con disparos mientras combatían un incendio en la comuna de Curanilahue, en la región del Biobío. El hecho ocurrió en el sector Plegarias, lugar donde se desarrollaban las labores para controlar un siniestro forestal activo que afectaba a predios de la zona.
Según los primeros antecedentes, el episodio se registró alrededor de las 00:10 de la madrugada, cuando un número indeterminado de sujetos llegó hasta el lugar donde trabajaban las brigadas y efectuó disparos con el objetivo de amedrentar a los trabajadores. Los brigadistas, al escuchar las detonaciones en las cercanías, interpretaron de inmediato la situación como una amenaza directa contra su integridad física y decidieron retirarse del predio para ponerse a resguardo en una zona segura.
De acuerdo con la información recopilada por Carabineros, no se registraron personas lesionadas. Sin embargo, debido a la gravedad de los hechos, los equipos forestales suspendieron momentáneamente las labores de combate del fuego. La denuncia formal fue presentada posteriormente, cerca de las 05:40 horas, lo que permitió el despliegue policial en el sector para recabar los primeros antecedentes en el sitio del suceso.
Desde el Gobierno, la situación fue confirmada y calificada como un hecho de extrema gravedad, en un contexto donde se investigan eventuales incendios intencionales asociados al robo de madera, una práctica que ha sido detectada en distintos puntos de la región del Biobío. Según esa línea investigativa, algunos grupos provocarían incendios forestales para luego aprovechar la madera quemada y comercializarla como leña, enfrentándose a las brigadas cuando estas llegan a extinguir las llamas.
El episodio ocurrido en Plegarias no sería un hecho aislado. El pasado 25 de diciembre, otra brigada forestal de Arauco fue víctima de un ataque en la Reserva Los Ríos, también en la comuna de Curanilahue. En esa ocasión, los trabajadores fueron amenazados con palos y fierros por un grupo de individuos, sin que se registraran heridos.
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