Gobierno de Boric acelera obras en Punta Peuco para convertirla en penal común

Para cumplir con una de las promesas más simbólicas del Presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública de 2025, el gobierno ha acelerado las medidas para convertir el recinto penitenciario especial de Punta Peuco en un penal común. Actualmente lo ocupan exclusivamente reclusos condenados por crímenes de lesa humanidad, todas personas de la tercera edad.

Esta primera etapa contempla cuatro licitaciones. Tres de ellas ya fueron adjudicadas y para una ya se habrían comenzado trabajos dentro del penal, ubicado en Til Til. La más importante, la de módulos para sumar a nuevos reos, está desierta y hasta el momento no se ha presentado una nueva licitación.

Las licitaciones corresponden a obras para la habilitación de un galpón de visitas, la habilitación de un contenedor de oficina técnica; la implementación de equipos de seguridad y la habilitación de módulos y área de ingreso y registro de visitas. El objetivo es tener la primera fase del proyecto terminada para febrero de 2026, antes de que finalice el actual mandato y llegue un nuevo gobierno que pudiese eventualmente cambiar los planes.

Dentro del penal ya se están realizando trabajos, por lo que los internos han gestionado la presentación de tres recursos -de protección y de amparo- para detener las obras.

Las licitaciones

En agosto se abrieron las licitaciones que forman parte de la transformación del recinto. Una de ellas contempla la habilitación de un galpón de visitas que se está construyendo en una de las canchas utilizadas por los reclusos como huerta y como un espacio para realizar actividad física y caminatas. El proyecto cuenta con un presupuesto de $117.817.140 y fue adjudicado a la empresa Inmobiliaria B & V Spa.

La oferta fue publicada el 8 de agosto, y se adjudicó el 1 de octubre. Dos semanas después comenzaron las obras, lo que significó la eliminación del huerto y de la cancha.

La abogada Carla Fernández -que participa en varias causas y recursos en favor de los reclusos del penal-, describió que el lugar donde se instalará el galpón de visitas «es donde hay un huerto que ellos mismos han ido cultivando, cosechando, produciendo hierbas medicinales, algunas frutas y algunas verduras». Agregó que ya hay maquinaria pesada y gente trabajando.

Otra de las licitaciones adjudicadas corresponde a la instalación de un contenedor modular para instalar oficinas administrativas. El proyecto, del cual también está a cargo la Inmobiliaria B & V Spa, tiene fecha de término en diciembre de 2025, y cuenta con un presupuesto de $14.386.620 con la asignación de «Mantenimiento y Reparación de Edificaciones». Según Mercado Público, la oferta fue adjudicada el 24 de septiembre y la orden de compra está registrada desde el 29.

El tercer proyecto está destinado a la modernización del sistema electrónico de seguridad. La oferta se publicó el 12 de agosto y fue asignada a la empresa «Proyectos y Productos Profesionales Limitada» el 20 de octubre, por el monto de $255.374.000.

La cuarta licitación del plan, y la más relevante para concretar la promesa del gobierno, se encuentra desierta. Esta tenía como objetivo la habilitación de módulos de reclusión y un área de ingreso y registro de visitas. Es decir, se trata de nuevas habitaciones para la treintena de reos comunes que el Ejecutivo quiere que lleguen al penal donde hay más de 130 reclusos de las Fuerzas Armadas en retiro y exagentes del Estado de edad avanzada, condenados por crímenes de lesa humanidad. El Líbero no encontró ninguna licitación abierta en esa línea en Mercado Público y consultó a Gendarmería sobre la existencia de una nueva licitación, pero no hubo respuesta.

Los intentos de frenar el avance de las obras en Punta Peuco

Un aspecto que ha causado divisiones y polémica dentro y fuera del penal es la construcción de un muro divisorio en el patio común, donde los internos recibían a sus visitas y armaban «rucos», toldos o «carpas» que utilizaban para recibir visitas y mantener sus espacios y objetos personales, como sillas y radios.

Sin embargo, este proyecto se encuentra en pausa debido a un recurso de protección presentado por Fernández en representación de los internos del penal el 7 de octubre contra Gendarmería, el que fue admitido a trámite por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Según el texto, «la aplicación de esta decisión, en estos momentos, cuando los reos son más viejos y están más enfermos, quitándoles su legítimo derecho a contar con el único espacio común que les va quedando para socializar entre ellos y recibir semanalmente a sus seres queridos; no tiene un fundamento racional, es ilegal y arbitraria, porque lesiona derechos fundamentales básicos de los internos».

El Líbero consultó a Gendarmería a qué proyecto de la ampliación del penal responde la construcción de ese muro y el estado de las obras mayores, pero la institución tampoco estuvo disponible para entregar esa información.

La abogada también tiene la intención de frenar la habilitación del galpón de visitas. Para ello, solicitó que se frenaran todos los trabajos hasta que se resolviera el recurso que puso por el asunto del muro divisorio. Sin embargo, rechazaron su petición, por lo que el 12 de octubre presentó un recurso de reposición insistiendo en su requerimiento de parar el resto de las obras y advirtiendo que Gendarmería les avisó a los monitores de los módulos del penal que el huerto «sería destruido esta semana del 13 al 17 de octubre» con motivo de esas obras.

Desde Gendarmería solicitaron una ampliación del plazo para contestar a las acciones legales.

El 16 de octubre Fernández insistió y presentó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Santiago para detener la obra de construcción en la cancha y el huerto, que según la acción legal, ha privado a los internos del «único espacio al aire libre y con luz solar destinado al ejercicio diario de los internos y su reforzamiento de su sistema inmunológico».

En el recurso se afirma que la medida es percibida al interior del penal como una evidente “persecución y hostigamiento carcelario”, cuya ocurrencia «ya es un hecho notorio y público».

Cuatro días después de presentado, la Corte declaró inadmisible el recurso, ante lo cual la abogada apeló y el 28 de octubre se admitió esa apelación.

Si se acoge la orden de no innovar se frenarían los trabajos, lo que según Fernández, podría ocurrir en los próximos días.

Presos alegan «persecución vengativa» del gobierno

Este año también hubo un intento de retirar los refrigeradores que los internos de Punta Peuco tienen en sus habitaciones, con el fin de hacer más espacio para los nuevos reos.

Sin embargo la abogada lo frenó presentando un recurso de protección en el que alegaba que los presos no sólo guardaban comida ahí, sino que que también medicamentos, como la insulina para los diabéticos.

El tema de la destrucción del huerto también lo consideran un asunto de salud, pues usaban esos productos para complementar su alimentación.

Asimismo, Fernández asegura que esto es una falencia más en ese ámbito, pues dice que no existe un médico de planta en el penal y que la ambulancia que tienen asignada pasa varios periodos sin funcionamiento, sin que exista capacidad de trasladar a los internos -todos adultos mayores- a chequeos.

«Nosotros pedimos que haya un médico que pueda atenderlos, hay muchas personas que salen infartadas de Punta Peuco, con accidentes cerebrovasculares. Hay muchas caídas, hay presos que ya no tienen dientes…», relata Fernández, quien agrega que existe una voluntad de «querer igualar hacia abajo el estado de estas personas que están privadas de libertad».

Según la abogada, algunos gendarmes les han dicho con sorna a los presos que se deben empezar a preparar para el cambio de penal, lo que ella calificó como un «un maltrato indirecto». Desde Gendarmería afirmaron que no han habido denuncias ni reclamos por malos tratos.

Ante todos estos cambios, los internos escribieron una carta en la que denuncian una «persecución vengativa de orígenes políticos en los últimos meses de mandato del actual gobierno» dentro del penal.