Tras la decisión de Contraloría de declarar inconstitucional el decreto 249, que buscaba autorizar a las Fuerzas Armadas a cumplir labores de prevención y control de orden público en la Macrozona Sur, las autoridades del Gobierno salieron a criticar la decisión.

El decreto había sido enviado por el Ejecutivo este jueves 30 de septiembre en el marco del fin del Estado de Excepción, pero la Contraloría informó que «de acuerdo a la Constitución, labores de prevención y control de orden público están a cargo exclusivamente de Carabineros y la Policía de Investigaciones».

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, fue el primero en cuestionar la decisión del organismo, que no permitió la colaboración de las Fuerzas Armadas en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco. «Ahora que se termina el Estado de Excepción constitucional lo lógico era que todas las capacidades del Estado, pero particularmente las de las Fuerzas Armadas pudieran colaborar», argumentó la autoridad.

El objetivo del decreto, según el subsecretario, era que las Fuerzas Armadas apoyaran a la policía y Fuerzas de Orden en logística, transporte, tecnología y vigilancia.

Aseguró no entender la objeción del contralor y adelantó que están «evaluando todas las vías para que todas las capacidades del Estado sean puestas a disposición de los ciudadanos..., particularmente los que están en la Macrozona Sur».


En tanto, el coordinador de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, aseguró que dicho decreto «que es similar al que existe hoy en el norte, es para colaborar contra el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico». «Cuál es la razón de esta diferencia. Por qué en el norte sí y en el sur no, cuando en el sur hay terrorismo, crimen organizado, narcotráfico que está afectando diariamente a familias mapuche y no mapuche», cuestionó.

Llamó a dejar de «dar señales equívocas a las víctimas», ya que «el enemigo común es el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico». Además, afirmó que están «analizando y evaluando todas y cada una de las acciones posibles, incluidos los medios de impugnación en donde también está disponible el Tribunal Constitucional”.

El documento del Ejecutivo señala en su primer artículo «autorízase la colaboración de las Fuerzas Armadas para apoyar a las autoridades civiles competentes y a las policiales en relación a actividades que se vinculen con la prevención del porte, la tenencia y el tráfico ilícito de armas de fuego, la criminalidad organizada, el narcotráfico y el terrorismo».

Añade que las Fuerzas Armadas «no podrán intervenir en procedimientos operativos que implique ejercer funciones que competen privativamente a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública o a otras entidades, tales como el Poder Judicial y el Ministerio Público».

Según Contraloría, a diferencia del decreto 265, que establece la colaboración en la frontera frente amenazas exteriores, en este caso se trata de un decreto que busca que las FF.AA. colaboren en un «conflicto interno de orden público».

Desde el directorio de la la Multigremial Nacional también emitieron un comunicado lamentando la decisión en el que aseguran que «el terrorismo en la Macrozona Sur es un tema de seguridad nacional que no merece pronunciamiento de la Contraloría». «No es posible que un organismo técnico dirima el destino y la vida de miles de familias inocentes de Arauco y La Araucanía», añaden.

En el documento sostienen que solo en el primer semestre de 2021 se han producido 866 hechos de violencia, un 94% más que la primera mitad del año pasado. Aseguran que las policías se encuentran «absolutamente sobrepasadas, por lo que se requiere el accionar de militares en la zona».

«Creemos que los poderes del Estado le han fallado a la ciudadanía y es tiempo de que se tomen otro tipo de medidas para la prevención del narcoterrorismo que azota a las víctimas”, concluyen.